Ministerio del Interior cesó a 810 policías en un año por “vivir del vicio de las certificaciones”

Así lo aseguró en el Parlamento el ministro Luis Alberto Heber al admitir que, en el total, puede parecer un número sin demasiada importancia. Sin embargo, reparó en que la plantilla del Ministerio de Transporte -que supo encabezar- está compuesta por 2.700 funcionarios. Por lo tanto, razonó, en Interior todos los días “falta casi un ministerio entero”. Una situación que tiene su impacto directo en la tarea policial ya que las funciones que deberían desempeñar recaen en aquellos que sí concurren a trabajar y que, entre otras cosas, deriva en “muchos policías patrullando solos” ante la ausencia de un compañero.

Por esta causa, desde setiembre del año pasado unos 810 funcionarios fueron dados de baja (según datos actualizados al 10 de noviembre) por, justamente, estar certificados de manera irregular.  Así lo ratificaron a El Observador fuentes ministeriales. Eso se logró a partir de un “grupo especial de trabajo” conformado por orden del ministro que analizó decenas de expedientes cada semana.  Entre otros, se comprobaron casos en que las licencias médicas se extendían desde el año 2011. 

“Uno puede entender los problemas de estrés, traumas y afectaciones psicológicas de quienes ven escenas que realmente hieren la sensibilidad de cualquier persona”, reflexionó Heber. “Pero no en un policía administrativo”. 

La auditoría y la complicidad de los médicos

Heber compareció el jueves pasado ante la Comisión Especial del Senado que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social.  Al respecto, el ministro destacó que en el sistema actual existe una “protección social muy importante” para el policía que se ve afectado o lesionado en la lucha contra el crimen. Sobre todo al que pueda sufrir incapacidad total o parcial. 

“Lamentablemente, hay que gente que se ampara en él abusando de los beneficios”, señaló. Un sistema que, reconoció, tiene sus fallas y que es aprovechado por gente que “ha generado una especie de vicio permanente” y que lo que utiliza para “no trabajar” para, al mismo tiempo, realizar otras tareas. 

Heber habló allí de “lugares donde nos conocemos todos”, como en el interior del país, donde “perfectamente se identifica” a un policía que está certificado mientras cumple actividades laborales en otro lugar. Así, dijo, “hemos afinado la punta al lápiz” en cuanto a esa gente que abusa del sistema, lo que generó la baja de esos 700 efectivos luego de los sumarios correspondientes con todas las garantías. 

Entre otras irregularidades, señaló, esos policías incurrieron en la que genera una mayor “irritación”: estar certificado por enfermedad cobrando el sueldo y “pasar años” sin revistar en ninguna función en el ministerio. 

El ministro insistió en la necesidad de contar con mayores controles para eliminar esos abusos. A los efectos, el Ministerio del Interior está realizando una auditoría que analizará no solo el diagnóstico sino los procedimientos que se llevan a cabo en las certificaciones.  La auditoría está dirigida específicamente a la Dirección Nacional de Sanidad Policial, y busca remediar un problema que ha sido una constante en casi todas las reparticiones del Estado. 

Según dijo, se le “ha hincado el diente” a lo que pasa en las juntas médicas. La razón: muchas veces se ha comprobado el conocimiento y el favor -“muy común en la vida de los uruguayos”- que “lleva a que se pongan días y certificaciones que no corresponden por parte de médicos que no pertenecen a nuestra institución”. 

En julio del año pasado, a poco de asumir su cargo, Heber indicó en el Parlamento que iría a necesitar unos 1.000 policías más para cubrir vacantes y dedicarlos a tareas de patrullaje. Una de las razones era, justamente, el efecto de las certificaciones en el personal disponible.  En ese marco, habló de que se procuraba esclarecer la situación de 4.800 funcionarios que, en ese momento, estaban bajo junta médica. 

El Ministerio del Interior es el organismo de la administración central que más certificados tiene, según el informe que elabora la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). En 2021 fueron 14.785 los funcionarios de esa cartera (el 42,9% de su planilla) los que pidieron al menos una vez una certificación, el 64,8% del total de pedidos de toda la administración central en el año. 

Desde 2016 en adelante, período que abarca el informe de la ONSC, Interior siempre completó el 50% o más del total de funcionarios certificados. Solo en 2020 se superan los números del año pasado, con 15.201 funcionarios que pidieron al menos un día de licencia por enfermedad.