En mayo de 2019, el Tribunal de Apelaciones resolvió mantener la condena de primera instancia contra Calloia y revocar el fallo que absolvía al exministro de Economía Fernando Lorenzo, que resolvió no recurrir ante la Corte.
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Morabito, Operación Océano y más: los casos que tendrán que esperar hasta el año que viene
La fuga del capo de la mafia calabresa, la investigación de explotación sexual de menores, y el homicidio de Lola Chomnalez son algunos de los casos que quedarán pendientes hasta que se levante la feria judicial
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28 de diciembre de 2020 a las 07:32
A raíz del aumento de casos de covid-19, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió extremar medidas antes del comienzo de la feria judicial mayor el 25 de diciembre, y estableció que las audiencias hasta esa fecha se realicen de forma virtual o, de lo contrario, deberán suspenderse en la medida de que no afecte al proceso.
Hay casos pendientes que deberán esperar hasta febrero, cuando se levante la feria, para fijar audiencias o conocer sentencias de la Suprema Corte de Justicia.
Uno de ellos es la fuga del capo mafioso italiano Rocco Morabito de la ex Cárcel Central el 23 de junio de 2019 junto a otros tres reclusos.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, indagó el 16 de diciembre a más de 30 policías en el mismo lugar de donde fugó Morabito. En setiembre realizó una indagatoria similar a otra tanda de policías, que incluyó careos, y que se extendió durante más de 12 horas. En ese entonces, se realizó la reconstrucción de la fuga y una perito especializada en semiología de la Policía Científica observó las respuestas y la conducta corporal de los policías.
La indagatoria de Lackner lleva un año y medio sin que todavía haya habido pronunciamiento. De acuerdo a lo que relató el fiscal en el dictamen por el cual imputó por encubrimiento a un ciudadano ruso que ayudó a Morabito a escapar, para pasar a un edificio vecino a la Cárcel Central y fugarse, los presos extrajeron la ventana de una celda y cortaron un tejido de alambre que cubre la parte posterior del tubo de ventilación.
El fiscal señaló que las investigaciones de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, la Policía de Lavalleja y Policía Científica probaron la participación de varias personas en la huida.
En la órbita administrativa, varios policías fueron sumariados por lo ocurrido. En junio, a un año de la fuga, se había informado que la investigación estaba llegando a su fin, y que se preveía entonces que la indagatoria culminaría con “formalizaciones” penales: es decir, con más de una persona imputada.
En una rueda de prensa del 8 de setiembre, Lackner aseguró que la investigación "está culminada una primera etapa", pero que todavía faltaban instancias. "Vamos a continuar después con la siguiente, pero fíjense además que la fiscalía está tratando otros asuntos; no está dedicada lamentablemente a un caso concreto", afirmó.
Operación Océano
La mayor investigación de retribución a menores de edad a cambio de sexo en Uruguay, que comenzó en noviembre de 2019 con una denuncia de abuso sexual, también seguirá en el año próximo.
El caso tiene 32 imputados y 20 víctimas y la investigación es liderada por la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera. Los hombres están imputados –con un condenado por proceso abreviado en setiembre–, y uno de ellos permanece en prisión preventiva.
Algunos abogados defensores presentaron la semana pasada un escrito ante la Justicia en el que solicitan que se suspenda la audiencia fijada para el 23 febrero para discutir el pliego del interrogatorio a la principal víctima de la investigación.
Los penalistas reclaman que aún no accedieron a la totalidad de las pericias de los celulares y dispositivos informáticos en donde se encuentran los chats mantenidos por los adultos y las víctimas, y que la fiscal Viera tampoco les permitió el acceso al legajo de la carpeta de su investigación.
La discusión por este tema lleva varios meses e instancias judiciales. Ya hubo dos audiencias de prueba anticipada postergadas –en la que dos víctimas iban a declarar antes del juicio oral– porque los penalistas no aceptaron realizar los interrogatorios sin todas las pericias sobre la mesa, la razón por la que tampoco se realizó hasta ahora el interrogatorio de la víctima principal.
Lo que ha alegado Viera en todo momento es que hay análisis que todavía están en proceso y que cuando estén prontos podrán ser retirados por los abogados. Los juristas han ido a buscar parte de las pericias en las oficinas de Interpol, pero en muchos casos no pudieron abrir los archivos por errores informáticos, además de que encontraron que la información no está completa.
Lola Chomnalez
A seis años del homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez en Valizas, Rocha, el caso sigue abierto a pesar de que la Justicia procesó con prisión a un hombre por la participación en el crimen.
En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un vendedor de estampitas radicado en Rivera apodado El Cachila que en abril de 2015 declaró haber visto morir a la joven. Su testimonio siempre fue confuso y cambiante, por lo que ninguno de los tres fiscales anteriores a Jorge Vaz habían solicitado el procesamiento.
Pero a pedido del fiscal fue procesado como “coautor” del delito de “homicidio agravado por alevosía”. El caso se investiga bajo el viejo código penal porque ocurrió en 2016.
La investigación apunta a determinar, por un lado, si El Cachila es inimputable como alega su defensa, y se pretende llegar a otras personas que se presume participaron en el crimen.
La hermana del único procesado por el caso declaró en octubre en el juzgado penal de 1° Turno de Rocha. La jueza convocará una nueva audiencia para tomar declaración a otros dos testigos que buscan ser localizados y luego la Fiscalía realizará la acusación. La siguiente etapa será la respuesta de la defensa del imputado y la definición de una sentencia en primera instancia.
Calloia, a la espera de la SCJ
El ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, fue procesado por abuso de funciones en diciembre de 2013 por el otorgamiento del aval bancario a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar del remate de los aviones de Pluna en 2012.
De esta forma ambos exjerarcas del gobierno de José Mujica fueron condenados en segunda instancia por un delito de abuso de funciones. Calloia apeló y está a la espera del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.
