Mucho cuidado

El gobierno de Bolsonaro trabaja en un plan de mediano plazo para privatizar o liquidar un centenar de empresas estatales que permitirían captar millonarias inversiones privadas y lograr un cambio estructural del gasto público.  

Estamos de acuerdo con la orientación de política económica que anima al nuevo gobierno brasileño, pero creemos que el éxito de la misma depende de la implementación de una agenda anticorrupción que ataque uno de los males endémicos que empobrece a los países y afecta el bienestar de la sociedad. Además, los expertos coinciden en que la corrupción erosiona la estabilidad política –la corrupción ha tenido efectos muy malos en la confianza ciudadana en las instituciones públicas, según demuestra el Latinobarómetro–, así como el Estado de derecho. 

Los fundamentos del Consenso de Washington no han perdido validez. Se trata de un conjunto de razonadas medidas de estabilización y ajustes macroeconómicos –argumentados en 1989 por el economista británico John Williamson– como respuesta al desastre económico y financiero de años anteriores de hiperinflación y graves problemas de endeudamiento.  Políticas públicas para abatir el déficit público por la vía de reducción del gasto, menos carga impositiva, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio y de los mercados de capitales y otras medidas de desregulación de los mercados. Pero los impulsores de esas buenas medidas, subestimaron la importancia del papel de control del Estado en los planes de privatización y de desregulación, que desembocaron en irregularidades y hechos de corrupción que se arrastran hasta el día de hoy.  

Recientes escándalos de corrupción en América Latina y el Caribe han demostrado que se trata de un problema sistémico –de infinitos disfraces– y que el Estado enfrenta serios problemas en la tarea de control que se deben solucionar.

Un artículo del BID advierte que no alcanza con la aprobación de leyes y propone un conjunto de acciones que lucen adecuadas a la hora de implementar políticas de liberalismo económico: garantizar la independencia y recursos del poder judicial; promover enfoques innovadores para la cooperación e investigación judicial; expandir la transparencia gubernamental y financiera; monitorear la adjudicación de contratos públicos; transformar y transparentar el financiamiento de campañas políticas; habilitar y ampliar el uso de tecnologías para combatir la corrupción.

Los vientos a favor del liberalismo económico representan una oportunidad histórica para corregir los errores del pasado y demostrar que el libre mercado y un Estado eficiente en el papel de control, es la única vía para asentar las bases de un crecimiento estructural de la economía y que el sector público obtenga recursos genuinos para atender sus funciones básicas.