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Nueva York: quienes soliciten portar armas deben permitir que se revisen sus redes sociales
El Estado de Nueva York implementará una nueva estrategia para evaluar a quienes se postulan para tener un permiso de portación oculta de armas de fuego. Como paso previo al otorgamiento del permiso se les exigirá que permitan el acceso a sus redes sociales con el fin de comprobar su “carácter y conducta”.
La medida, que cuenta con la aprobación entusiasta de muchos demócratas y los grupos defensores del control de armas, será muy difícil de cumplir, en la opinión de expertos en el tema quienes alertan también que podría llegar a afectar el derecho a la libre expresión.
Algunos funcionarios que serán los encargados de revisar las redes sociales de los solicitantes se preguntan ya si tendrán los recursos suficientes y si la norma decretada es constitucional.
La policía no ha recibido fondos extras o personal adicional para instrumentar la nueva medida y, según el director ejecutivo de la asociación de comisarios de Nueva York, Peter Kehoe, la ley quebranta los derechos garantizados por la Segunda Enmienda constitucional, configurando una invasión a la privacidad. Además, no cree que los oficiales de policía presten real atención a las redes sociales de los aplicantes.
El nuevo requisito se llevará a cabo a partir de setiembre y está regulado por una ley promulgada la semana pasada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que busca poner algún límite a la posesión y portación de armas de fuego después de que la Suprema Corte reafirmara los derechos de los individuos a portar un arma para defensa personal.
La norma intenta prever las conductas criminales que pueden manifestarse previamente en las redes sociales de jóvenes y adolescentes a través de mensajes que dan indicaciones de una probable conducta violenta, como en el caso de Salvador Ramos, de 18 años, que mató 19 alumnos y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas.
La ley establece que los aspirantes a obtener un permiso de portación oculta deben proveer a los funcionarios una lista de actuales y pasadas cuentas en las redes sociales de los últimos tres años, a fin de que policías, jueces o funcionarios municipales puedan detectar en los perfiles cualquier manifestación que sugiera una conducta peligrosa.
La ley también requiere que los solicitantes se sometan a un entrenamiento en seguridad, comprueben su competencia en el manejo de armas, proporcionen cuatro referencias personales y se sometan a una entrevista personal.
La norma aprobada por el estado de Nueva York aparece en medio de un debate abierto sobre las políticas de vigilancia de las redes sociales y los antecedentes del control injustificado de las comunidades negra y latina.
Según el profesor Desmond Upton Patton, la pregunta que habría que hacer es “si se puede hacer esto de manera anti-racista que no genere otra violencia, la violencia del estado que se ejerce con la vigilancia”.
El profesor James Densley, cofundador de la iniciativa de investigación The Violence Project, también se pregunta cómo hacer para aplicar la ley y estima que “puede ser difícil decodificar lo que la gente joven publica en las redes sociales, ya que simplemente pueden estar expresándose con un video de música”.
“Lo realmente difícil es saber hasta qué punto es solamente una expresión o una evidencia de criminalidad”, afirmó también Densley.
El profesor Patton considera que el estado debería considerar la posibilidad de que un equipo entrenado tome la tarea de investigar cómo comunicarse con la gente para detectar signos traumáticos o de radicalización para poder ayudarla.
“Hay muchos matices y cuestiones consensuales en la comunicación, hablamos diferente y puede haber malentendidos. No tenemos el personal ni las herramientas adecuadas para hacer esto de manera que sea útil para prevenir la violencia”, dijo Patton.
Adam Scott, profesor en el John JayCollege, apoya el control de armas, pero teme que con esta ley el estado de Nueva York siente un precedente para que en el futuro el mandato de permitir la supervisión de las redes sociales de la gente pueda extenderse a las solicitudes para otros trámites, y concluyó que la ley es apresurada e imprecisa.
