Obreros subsidiando jubilaciones de profesores universitarios: promueven revisar bonificaciones especiales

El presidente del Banco de Seguros, José Amorín Batlle, sostiene que es hora que el segmento de las rentas previsionales en Uruguay tenga competencia, como lo habilita la ley. Entre otras cosas, eso permitiría que al momento del retiro laboral las personas afiliadas al sistema puedan elegir contratar a la aseguradora que le ofrezca la jubilación más atractiva.

Desde su punto de vista hay algunos temas vinculados al diseño del sistema que restan atractivo para el ingreso de nuevos jugadores al mercado, según dijo a El Observador.  Uno de los puntos a los que apunta Amorín es a las jubilaciones bonificadas. Se trata de trabajadores que en su vida activa se desempeñaron en determinados sectores de actividad que suponen un desgaste físico o mental mayor que otros, y por lo tanto tienen una bonificación en el cálculo de los años de retiro. Es decir, se pueden jubilar más jóvenes que el resto de los trabajadores, pero su renta se computa como si tuvieran mayor edad.

Un ejemplo es el caso de los maestros, que tienen una bonificación de 4 por 3. Esto significa que cada 3 años reales trabajados se computan 4 años.

También tienen bonificación los docentes de enseñanza secundaria y universitaria, personas afectadas a radiaciones ionizantes, industrias que procesan asbesto, pilotos de avión y controladores de tráfico aéreo, entre otras actividades públicas y privadas.

El cálculo del monto de la renta vitalicia tiene en cuenta básicamente tres cosas: la cantidad de dinero que se tiene ahorrado al momento del traspaso de los fondos desde la AFAP, la expectativa de vida de la persona según tablas de mortalidad y la tasa de interés que ofrece la aseguradora para seguir rentabilizando los ahorros.

“Viene una persona y se jubila a los 60 años, pero con la bonificación que tiene, el banco tiene que hacer de cuenta que tiene 70 años. Si la expectativa de vida es 80 años yo hago el cálculo por 10 años, pero en realidad tiene 60 años y le voy a pagar por 20 años. Por lo tanto tengo un déficit enorme”, apuntó Amorín a modo de ejemplo.

También explicó que el banco debe constituir reservas para asegurar que podrá pagar esa jubilación durante todo ese tiempo. Si la persona llega con US$ 50 mil ahorrados  se tienen que constituir reservas por el doble.

El jerarca señaló que “se necesita legislar sobre las bonificaciones”, y que será un tema que factiblemente se trate luego que se termine de procesar la reforma del sistema de seguridad social.

El asunto requiere iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas,  sumado a otros cambios regulatorios desde el Banco Central, según dijo.

“Queremos hacerlo más justo. Básicamente el principio tiene que ser que yo me jubilo con la plata que traigo, y no que unos subsidien a otros.  Cada cual va a defender su bonificación.  Ahora, no es razonable que un obrero de la construcción le subsidie la jubilación a un profesor universitario. No es tan estresante ser profesor universitario”, dijo Amorín.

Un trabajo realizado este año por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), señala que si el Estado quiere beneficiar a determinados sectores por el riesgo que han incurrido en su trabajo, debería hacerse en el sistema del BPS.

“No es lógico que las aseguradoras den ese premio”, dice el texto.  Otra alternativa que plantea Ceres es que si las actividades bonificadas se deben al mayor desgaste físico que las personas incurren en su trabajo, estas diferencias deberían estar comprendidas en las tablas de mortalidad, en lugar de afectar el monto de los aportes o la edad de retiro.

El presidente del BSE también mencionó otro caso típico que hoy es un problema y que considera hay que revisar. Por ejemplo, una persona de 80 años se casa con otra persona de 30 años.

Cuando el titular de la renta muere el cónyugue cobra la pensión durante toda su vida. Esa situación implica un sobrecosto para la aseguradora imposible de prever con anterioridad.

Sobre este punto, el trabajo de Ceres señala que la normativa actual da los incentivos para que los usuarios solteros o viudos concreten matrimonio durante el cobro de la renta vitalicia, para dejarle su renta a un beneficiario sin ninguna consecuencia para el titular. 

El estudio sugiere que la renta vitalicia debería ser, como otros seguros, un contrato: si se desea afectar el número de beneficiarios se tendría que modificar el contrato y ajustar los pagos.

“Bien calzados”