Oficialismo aplicó la no injerencia para Venezuela y la olvidó con Brasil
El gobierno y el FA lo aplicaron con Venezuela y lo olvidaron con Brasil
El principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados ha sido históricamente piedra angular y principio rector de la política exterior uruguaya por dos simples razones.
Desde el punto de vista normativo, Uruguay entiende desde que tiene relaciones internacionales que el respeto a ese principio ponderado a nivel internacional es un mecanismo que asegura el saludable vínculo entre los estados. Pero también hay una razón instrumental: a un pequeño país no le queda otra opción que el apego al derecho internacional para sobrevivir en el sistema internacional.
Por eso ha sido difícil ver a un gobierno uruguayo de cualquier color político intrometiéndose en los asuntos internos de otros estados. "Uruguay siempre ha sido muy cuidadoso en la relación con otros países", dijo a El Observador la profesora e investigadora Isabel Clemente, integrante del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Incluso durante los dos principales eventos del siglo XX –las guerras mundiales– Uruguay procuró mantener la neutralidad, aunque el tema no estuvo exento de importantes debates y tensiones (y acciones que desafiaban el apego a esa neutralidad). Entre quienes argumentaban que el país no debía mostrar favoritismos por ninguno de los bandos aparecía el argumento del respeto de principio de no injerencia.
"Uruguay siempre ha sido muy cuidadoso en la relación con otros países".
Ese principio iluminó la diplomacia uruguaya hasta estos días y le dio reputación a la política exterior uruguaya. El candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, Wilson Fernández Luzuriaga, realizó una investigación con el objetivo de determinar los principios que las autoridades uruguayas evocaron en la "campaña electoral" para acceder a un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí encontró la mención al principio de no injerencia, antecedido por otros conceptos como la cooperación internacional y la promoción de los Derechos Humanos, como el "buque insignia" de la plataforma uruguaya.
Pero ese respeto del principio no estuvo ni está libre de contradicciones. Tanto el gobierno como el Frente Amplio, cada uno en su rol –y distinguido por sus competencias y obligaciones– no han dudado en invocar ese principio para no opinar sobre algunos asuntos y parecen haberlo olvidado en otros.
El gobierno
La administración de Tabaré Vázquez hizo todo lo posible en el último año para no emitir juicios sobre la situación en Venezuela invocando, entre otras cuestiones, el principio de no injerencia. Sin embargo, el gobierno finalmente se expresó en este caso, tal como nota el académico Fernández Luzuriaga, con declaraciones y comunicados que se hicieron "subidos" a la plataforma regional.
Al expresarse a través del Mercosur, la acción del gobierno uruguayo no sólo tuvo legitimidad frente a la coalición de izquierda sino frente a la comunidad global. Uruguay habló sobre la situación de la democracia venezolana amparado por un mecanismo regional previsto en los tratados que constituyen el bloque.
La única vez que el gobierno se expresó sobre Venezuela en forma individual no fue para hacer un juicio sobre la crisis interna de ese país, sino para defender al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, de los agravios del presidente Nicolás Maduro.
Pero ese cuidado extremo que se logró para el caso de Venezuela no se vio en otras oportunidades, como cuando el gobierno calificó de "profunda injusticia" la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.
El primero de setiembre la cancillería uruguaya emitió un comunicado que advertía que "más allá de la legalidad invocada", el gobierno consideraba "una profunda injusticia dicha destitución". Ese último enunciado del comunicado fue muy discutido y generó algún disgusto en el gobierno ya que algunos creían que podía ser interpretado como un juicio sobre un proceso político interno de otro estado. Más aún hubo quienes creyeron que la frase alejaba a Uruguay de su proceder histórico.
En la administración de José Mujica también se observó esta contradicción de criterios en el respeto de no injerencia para no opinar sobre Venezuela y para que prime lo político sobre lo jurídico para el caso de Paraguay.
El Frente Amplio
Las contradicciones se amplían aún más en el caso de los legisladores del
Frente Amplio que en algunas oportunidades se basaron en el principio de no injerencia para no opinar de determinados temas y luego opinaron libremente sobre otros, sin exhibir el mismo criterio.
La bancada del Frente Amplio se ha escudado en ese principio para evitar discutir o hacer una declaración sobre Venezuela en el Parlamento. Manifestaciones como la del diputado y vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, subrayan esa postura.
"Los temas sobre Venezuela nos ocupan y nos preocupan, pero creo que no es bueno que el propio bloque se exprese sobre situaciones que se están viviendo a la interna", afirmó Caggiani en diálogo con Radio Uruguay el pasado 24 de julio.
Pero el apego al principio internacional se flexibiliza cuando toca hacer comentarios sobre la política interna de otros gobiernos cuyo signo ideológico no se corresponde con el Frente Amplio:
Brasil, Argentina y Estados Unidos son algunos ejemplos.
"Brasil ha pasado de ser 'la locomotora' de los países emergentes y del desarrollo regional de
América Latina en la ultima década a convertirse en un verdadero 'laboratorio de operaciones' del neoliberalismo de nuestro continente, un papel similar al que jugó el Chile de Pinochet en las décadas del 70 y el 80", escribió Caggiani en una columna de opinión en La Diaria cinco días después de opinar que el Mercosur no debía meterse en los asuntos internos de Venezuela.
Reforma laboral será tratada en el Mercosur
La reforma laboral anunciada en Brasil generó críticas de parte del gobierno, que entiende que las transformaciones que propone el país vecino podrán traer implicancias para Uruguay y la región en materia de competitividad, radicación de inversiones y subsidios.
Fuentes de cancillería y los académicos consultados para este artículo coincidieron que en este caso particular no hubo injerencia. Cuando un país adopta medida contrarias a lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otros organismos internacionales que tendrá efectos negativos sobre otro, ese país afectado puede alertar o mantener contactos con el primero para plantearle el tema, explicaron todas las fuentes consultadas.
"Una reforma laboral como la que emprende Brasil afecta la coordinación macroeconómica adentro del bloque, por lo tanto cualquiera de los estados parte del bloque tienen todo el derecho a hacer reclamos y eso no puede considerarse injerencia porque los países aceptaron voluntariamente mediante tratados ser partes de un bloque que tiene esos objetivos", dijo Fernández Luzuriaga.
De hecho, el tema de la reforma laboral de Brasil será conversado en el Mercosur por parte de los ministros de Trabajo.
