Oportunidad de oro

Argentina venía con la economía mal. Las medidas de un gobierno de signo K, ya sea con predominio de Alberto o de Cristina, no iban a ayudar a mejorarla. Al contrario: era fácil pronosticar una nueva dosis de estatismo, de populismo y de avance sobre el sector privado, mayor o menor según predominaran Cristina o Alberto. Y, por ende, un mensaje claro para espantar inversores extranjeros y ahuyentar a los nacionales. El clima de negocios no iba a ser bueno.

A esto se le agregó la pandemia mundial del coronavirus que afectó a todas las economías del mundo. A las que estaban peor las afectó más. Y a las que adoptaron cuarentenas forzadas y totales, más aún. Ergo, a Argentina, que estaba mal y que adoptó una cuarentena forzada (y de las más largas del mundo), le afectó muchísimo. Al presidente no le preocupó. Dijo que solo le preocupaba la salud y no la economía. Pero tres meses de cuarentena después (que muchos sospechan que se alargaba por razones políticas), los casos de covid-19 se han acelerado en lugar de aplanarse y el presidente habla de volver a un confinamiento más estricto. Algo realmente impensable, sobre todo para la salud mental de la gente y para su necesidad de sustentarse económicamente.

En este contexto, el presidente tomó el pasado lunes la decisión de intervenir y expropiar el grupo cerealero y exportador Vicentin. Vicentin, una empresa de 90 años de vida, se encontraba en concurso de acreedores, con una deuda de 100.000 millones de pesos argentinos (no quiero traducir a dólares porque no sé que tipo de cambio usar para las diversas deudas) y cuyo principal acreedor es el Banco Nación. El decreto del presidente es inconstitucional por donde se lo mire: invade la separación de poderes ignorando la autoridad del juez del concurso de acreedores y adopta una medida que no es potestad del Ejecutivo, ya que la expropiación de empresas es potestad del Legislativo, con previa y justa indemnización.

Esta medida, que a lo largo de la semana fue mutando en su forma y en su semántica, envió una alarma profunda a todo el sector privado argentino. No faltaron las comparaciones con Venezuela, con el famoso “exprópiese” de Chávez. Pero, aunque se está lejos del delirio venezolano, fue un martillazo en los cimientos del estado de derecho. Y una razón más por la cual muchos empresarios argentinos se plantean cambiar el lugar de residencia fiscal y, sobre todo, invertir en otro país.

Y aquí vale la pena machacar una y otra vez en la oportunidad que tiene Uruguay para atraer inversores de alta calidad. Quizá no sean los 100 o 50 mil que se manejaba desde el gobierno antes de la pandemia. Pero sea cual sea el número, toda esa inversión debe ser bienvenida. La marca “Uruguay” se ha reforzado a nivel mundial durante la pandemia gracias a la forma en que el gobierno gestionó la crisis sanitaria.

El gobierno ha entendido este tema y el pasado jueves 11 emitió un decretó rebajando las exigencias para obtener residencia fiscal. Pero aparte de estas normas, lo importante es el clima de negocios en general, la seguridad jurídica, la baja imposición (tema en el que mucho hay que avanzar), la flexibilidad y el equilibrio laboral, la apertura al exterior, el orden macroeconómico que se deterioró mucho en los últimos años, calidad de recursos humanos, seguridad física. Allí se juega realmente el partido de atracción de inversores extranjeros y de estímulo a los inversores nacionales.

Uruguay tiene una oportunidad de oro. Tiene también un competidor que es Paraguay, que en la faz agropecuaria tiene muchas ventajas competitivas además de una presión fiscal baja. Pero Uruguay tiene otras fortalezas y otra institucionalidad forjada a lo largo del siglo XX.

Es una oportunidad que no se puede desaprovechar y por ello la coalición de gobierno debe funcionar en forma más aceitada en aras de ese objetivo. No puede haber cuatro cambios de cargos ejecutivos en 100 días. No es lógico. Uruguay tiene una tremenda oportunidad pero también la responsabilidad de aprovecharla. Porque este tren no pasa dos veces.