Países europeos practican controles fronterizos violando la libre circulación de personas

El acuerdo forma parte constitutiva de la Unión Europea (UE) con la reforma del derecho primario en la Conferencia intergubernamental de 1996 y que culminó con el Tratado de Ámsterdam. Desde entonces es parte sustantiva de la UE.

El tratado integra a los países firmantes en un espacio donde las personas y las mercancías pueden cruzar libremente las fronteras sin controles ni requisitos. Los controles fronterizos internos dentro del espacio Schengen solo pueden restablecerse como último recurso en respuesta a amenazas graves para la seguridad nacional.

Citando preocupaciones sobre la migración ilegal y/o el terrorismo, Alemania, Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca y Francia han mantenido los controles fronterizos de manera continua desde que las personas desplazadas comenzaron a llegar a Europa en cantidades cada vez mayores a partir de 2015 y estos países acaban de prorrogar los controles para otros seis meses, según informa la agencia estatal alemana DW.

Esa es la segunda extensión desde que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en abril que la reintroducción temporal de controles fronterizos no puede durar más de seis meses, justificados en alguna amenaza anunciada.

Por lo general, el papel de la Comisión Europea sería amonestar a los estados miembros por violar las leyes de la Unión Europea y dichos procedimientos de infracción pueden dar lugar a fuertes sanciones financieras. En 2018, por ejemplo, España no había implementado completamente las reglas que exigen que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a cuentas bancarias a precios razonables. La Comisión ordenó a España que pagara € 50.000 diarios hasta que pudiera implementar una ley nacional conforme a las normas comunitarias.

La Comisión hasta ahora no ha iniciado procedimientos de infracción contra ninguno de los Estados miembros pertinentes por continuar con los controles fronterizos. "El tema es políticamente demasiado delicado", dijo Leon Züllig, asistente de investigación en la Cátedra de Derecho Público, Derecho Internacional y Derecho Europeo de la Universidad Justus Liebig de Giessen.

En una audiencia con miembros del Parlamento Europeo en enero de 2021, la Comisión argumentó que adaptar las reglas podría ser una mejor solución que iniciar procedimientos de infracción. Citó el hecho de que los estados miembros habían dejado de cumplir con las reglas como evidencia de que las reglas mismas podrían ser inadecuadas.

El reciente informe sobre el estado de Schengen de la Comisión enumera "el levantamiento de todos los controles fronterizos internos de larga duración" entre sus prioridades para 2023.

La Comisión estaría intentando convencer a los estados miembros para que levanten voluntariamente los controles a cambio de introducir reformas en el Código de fronteras Schengen. Un primer borrador de dicha reforma fracasó en 2017 porque el Consejo de la Unión Europea, una mesa redonda de ministros relevantes de los gobiernos miembros, no lo apoyó.

La última propuesta de la Comisión tiene como objetivo ampliar la gama de "medidas alternativas" que los estados miembros pueden introducir en lugar de los controles fronterizos. En las consultas sobre la reforma, los estados miembros solicitaron específicamente que las tecnologías que actualmente solo se usan en las fronteras exteriores de la UE también se apliquen dentro del Área Schengen.

Dichas tecnologías incluirían la vigilancia automática y la recopilación de datos por parte de las autoridades a través, por ejemplo, del análisis de los datos del registro de nombres de pasajeros y del Sistema de Información avanzada de pasajeros (un sistema de intercambio electrónico de datos establecido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos).

Leon Züllig llama a esto una "invisibilización" de los controles fronterizos. "Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, estas medidas son quizás incluso más peligrosas que una barrera física", dijo, "porque en última instancia se basan en una especie de vigilancia masiva, incluso de los ciudadanos de la Unión Europea".

Estas alternativas también podrían aumentar el riesgo de discriminación en la frontera, La ONG Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUN), dedicada a salvaguardar los derechos humanos de los inmigrantes, expresó su preocupación de que la propuesta abra la puerta a la discriminación racial. La organización hace referencia a informes que muestran que las tecnologías de vigilancia replican y consagran prejuicios contra las personas marginadas.

La propuesta de reformas a las normas Schengen recae ahora en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que acaba de presentar su borrador de informe en el que se sugiere eliminar algunas secciones relevantes de la propuesta, advirtiendo que "permitir más controles que se verán y se sentirán como un control fronterizo no coincide con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de la UE un área de libertad, seguridad y justicia sin fronteras internas".

Juan Fernando López Aguilar, presidente del comité, también le dijo a DW: "Cualquier desarrollo tecnológico debe ser coherente con la Carta de los Derechos Fundamentales y los estándares de privacidad y datos de la UE, que son los más altos del mundo". El Parlamento Europeo ha criticado los controles fronterizos en curso en el pasado y, en general, ha apoyado la libre circulación por encima de una mayor seguridad nacional.

Queda por ver si esas sugerencias serán aceptadas por la Comisión y los estados miembros de la UE, mientras tanto, los controles fronterizos en el área de libre circulación entrarán en su octavo año consecutivo, sin consecuencias a la vista.