Por el buen camino

En el período comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de octubre, se registró una disminución de homicidios (14,4%); rapiñas (9,2%); hurtos (19 %); y también en las denuncias de violencia doméstica (cerca de 2,4%). En cambio, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, hubo más casos de abigeato (casi 6,5%).

Se trata de las primeras cifras que reflejan la gestión del nuevo gobierno que ganó en las urnas con un compromiso en el combate a los delitos, una de las principales preocupaciones de los uruguayos, según las encuestas.

Representa también la primera radiografía de la seguridad pública en el contexto de la pandemia del covid-19, que es necesario conocer, no para minimizar el desempeño del Ministerio del Interior, a cargo de Jorge Larrañaga, sino para examinar su posible efecto en la manifestación de las acciones delictivas. 

El ministro del Interior ha recuperado el sentido de la autoridad y ha hecho del poder de mando un buque insignia de su gestión. Y parecería que ello ha tenido un efecto positivo en el cuerpo policial.

La buena convivencia ciudadana depende en parte de las garantías del Estado en la seguridad pública, sin la cual se perjudica el derecho a la libertad y hasta la propia vida.

Una baja de delitos, cualesquiera sean, significa una recuperación del deber irrenunciable del Estado como garante de la seguridad de las personas.

Larrañaga y su equipo deberían seguir por el camino trazado y no polemizar con el Frente Amplio (FA), que prepara una interpelación insólita al secretario de Estado sobre la seguridad pública.

A ochos meses de una nueva gestión, en medio de una pandemia, y con cifras objetivas que muestran una baja de casi todos los delitos, la coalición de izquierda exige explicaciones sobre el estado de la seguridad pública y la convivencia.

Además, por si fuera poco, junto al PIT-CNT, se embarca en una comisión pro-referéndum con la intención de juntar firmas para intentar derogar un conjunto de reformas de la ley de urgente consideración, aprobada por una democrática mayoría, que incluyen diversos artículos relacionados con la seguridad pública.

Los cuestionamientos a supuestos desbordes policiales, por ejemplo, son más una consecuencia de un relato distorsionado de la realidad al poner el acento en la agenda de derechos como condición casi exclusiva de la vida armónica en sociedad.

Ha habido decenas de quejas infundadas o denuncias a través de los medios que han sido probadamente falsas, referidas a agentes policiales violando supuestamente el debido proceso, cuando solo cumplían con su función. 

Al ministro del Interior se le nota molesto por las críticas del FA y la actitud de sus dirigentes en relación a aspectos que involucran a su cartera.

Pero la mejor defensa de su gestión es la baja de los delitos en el marco de un estado de Derecho. Es más efectivo dejar que hablen los números en lugar de recordar el fracaso de la izquierda e involucrarse en escaramuzas que son tan desgastantes como inconducentes.