Pepín Rodríguez Simón: por qué el tribunal de apelaciones lo rechazó como refugiado

El tribunal rechazó la solicitud de Rodríguez Simón por dos votos –los de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo– contra uno –el de Graciela Gatti–. Los argumentos de la mayoría residen en que el temor del operador de que sus derechos fundamentales serían violados si se pusiera a disposición de la Justicia argentina no están lo suficientemente fundados. Más allá de que el informe de la Comisión de Refugiados no debe ser acatado per se por el tribunal, afirmaron compartir la conclusión a la que habían llegado –la de rechazar la solicitud de refugio–.

En Argnetina, Rodríguez Simón debería enfrentar la citación que hizo la jueza María Servini de Cubría hace más de un año por presuntamente formar parte de una asociación ilícita que extorsionaba a los accionistas del Grupo Indalo, operadores de juego en la ciudad de Buenos Aires y propietarios de una red de medios, entre los que se encuentran C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero.

Rodríguez Simón había fundamentado parte de su argumento en diferentes declaraciones de referentes opositores en los medios, pero para la mayoría del tribunal no dio lugar a esta explicación. "Necesariamente ello no significa que toda posición contraria a las autoridades de un gobierno, por sí solas puedan conllevar a dicha persecución y que provoquen temor fundado de regresar a su país para brindar su declaración en calidad de indagado ante las autoridades judiciales", expresaron. 

De hecho, recordaron que el indagado es un abogado con gran experiencia en la función pública y conoce los instrumentos legales con los que cuenta para denunciar lo que él entiende que son atropellos a su honor y no lo hizo. Aparte, en la Comisión de Refugiados enmarcó esas declaraciones en lo que son "reglas de la política". 

Por otra parte, señalaron que Rodríguez Simón no tilda de espuria la relación entre Interpol (quien eventualmente deberá conducirlo a Argentina) y Uruguay, sino que entiende que la irregularidad es derivada de la orden judicial que dispuso Servini de Cubría. Eso, sostiene el tribunal, genera dos problemas. El primero es que la decisión de la jueza es jurisdiccional, por lo que no corresponde atacarla por un recurso de habeas corpus (como hizo el operador), debido a que debe usarse exclusivamente para decisiones administrativas. El segundo es que creen que no es posible analizar la legitimidad de la resolución de la jueza argentina, país que es soberano y democrático, en "el estrecho margen de tiempo y (a través de) la estructura que tiene un proceso de habeas corpus". 

"La resolución de la magistrada argentina no transparenta una clara y grosera ilegitimidad o arbitrariedad, ya que tal viciosa causal, según el promotor, se esconde detrás del proceso, de los fines que persigue, de los medios que utilizan los denunciantes, etc., pero en la medida que ello no comparece diáfana ante la intuición de este magistrado, no es posible considerarla para declarar ilegitimidad manifiesta…", sostuvieron. 

De esa forma, creen que cuando la jueza Servini de Cubría dispuso llamar a declaración indagatoria el 29 de marzo de 2021, Rodríguez Simón, que estaba en Uruguay desde diciembre de 2020, debería haber vuelto. 

El argumento para el voto discorde de Graciela Gatti: "Se vulneraron las garantías"

Lo que dijo Pepín

Rodríguez Simón escribió en primera persona las razones por las que entendía que los jueces debían hacer lugar al recurso de apelación. En un extenso texto –de más de 20 páginas– enumeró las presiones que recibió por parte de operadores jurídicos y políticos argentinos, entre los que están el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

En esa línea, criticó el proceder de la jueza Servini y del fiscal Guillermo Marijuán, sobre quienes expresó: "Están practicando lo que en tribunales se conoce como 'excursión de pesca': se piden informaciones en masa, a la espera de que aparezca algún dato político o procesal interesante". "Revisaron todas mis comunicaciones y llegaron a unos 70 contactos, entre ellos, periodistas de La Nación y Clarín y dos ministros de la Corte (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti)", afirmó. 

A su vez, resaltó que Carlos Beraldi, abogado de uno de los querellantes, fue abogado de Fernández de Kirchner y fue recibido por el presidente Alberto Fernández en pandemia junto con el empresario que representa, Fabián de Souza. Sostuvo que este abogado cuenta con "vínculos muy estrechos" con el fiscal Marijuán. “Beraldi fue mi profesor de facultad, me hizo entrar a los tribunales, es mi amigo, cualquier aporte que pueda hacer es jurídicamente interesante y serio”, declaró en Perfil. 

"Carlos Beraldi es el abogado de De Sousa en la causa en mi contra por cobrar el impuesto de Ingresos Brutos a los operadores del juego de la CABA, que tramita ante la doctora María Servini, fue quien solicitó que se investigaran mis llamadas y las hizo públicas sin merecer reproche, pese a que el Tribunal no había autorizado su difusión. Fue también quien solicitó, y obtuvo, la citación a indagatoria y quien solicitó, y obtuvo, mi prohibición de salida de la Argentina para cuando regresara", agregó. 

"Emerge con claridad mi condición de refugiado a reconocer: no estoy incluido en ninguna causal de exclusión o inaplicabilidad del estatuto, me encuentro fuera del país de mi nacionalidad y estoy siendo perseguido por motivos políticos: se me imputan hechos que ni siquiera pueden ser calificados como delitos, por lo que no quiero acogerme a la protección de mi país", manifestó.