La Confederación de Cámaras Empresariales (CEE) entregó este miércoles dos documentos a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en los que se plantean comparaciones entre alguna de las iniciativas que plantea la ley de urgente consideración y las que creen convenientes los empresarios.
El trabajo entregado ya había sido puesto a disposición de la Cámara del Senado mientras trataba el proyecto de ley.
Según explicó el presidente de la confederación a El Observador, Gerardo García Pintos, se trataron varios temas estructurales con la titular del MEF, el precio del gasoil, el tipo de cambio con referencia a Brasil y Argentina y particularmente se habló de la importancia que tendrá esta “ronda puente de salarios”.
“Se hablaron muchas generalidades, con muchas coincidencias y de la necesidad de avanzar en estas reformas”, apuntó el dirigente gremial. También participaron de la reunión los presidentes de las cámaras de Turismo, Juan Martínez, y la Construcción, Diego O’Neill.
Desde el gobierno no hubo ningún planteo puntual, señalaron las fuentes consultadas.
Por su parte, en cuanto al combustible el documento presentado por los empresarios realiza una comparación entre los precios del combustible en los últimos cinco años y los de paridad de importación calculados por la Ursea, solicitando la fijación de precios se “desplace” desde el Poder Ejecutivo hacia ese organismo.
De todas formas, en el estudio se muestra la evolución en la diferencia de los valores entre el precio de Ancap y de paridad de importación que va desde un 45% en 2015, hasta un 9% si se considera enero-setiembre 2019, con una reducción de esa brecha en los últimos años.
“La gestión de las empresas públicas y en particular de Ancap, debe responder a objetivos económicos y no políticos”, apunta el documento, que además propone quitar al precio del gasoil tasas y fideicomisos como el del boleto.
Para corregirse la competitividad de la producción nacional, apunta, se propone quitar del precio del gasoil la tasa de inflamables de la IMM, la tasa de control de Ursea, el fideicomiso de ahorro y eficiencia energética y el que se utiliza para subsidiar el transporte de pasajeros de Montevideo y áreas metropolitanas.
“Estas tasas y fideicomisos afectan significativamente vastos sectores de la economía nacional (tamberos, arroceros, agricultores etc.), quienes terminan exportando la tasa de la IMM, Ursea, fideicomisos de eficiencia energética y del boleto y por tanto encareciendo la producción de productos transables del país”, señalaron desde la Confederación en el trabajo presentado.
Negociación salarial
En relación a las negociaciones salariales, mientras el Poder Ejecutivo afina los lineamientos que guiarán los ajustes salariales desde julio de este año hasta mediados de 2021, dentro de los empresarios hay preocupación, debido a que entienden que en esta situación económica es difícil mantener ajustes en la dinámica que se venía haciendo.
Con sectores muy afectados como el del turismo y el gastronómico, por ejemplo, empresarios apoyan un período puente de adaptación a la negociación salarial considerando a cada sector de actividad de forma diferente.
Según explicó García Pintos, hay preocupación además de que se afecte la inflación futura y la competitividad, en un momento en particular muy dificultoso para las empresas y por la cantidad de personas en el seguro de desempleo.
A su vez, el empresario consideró que problemas como el de la inflación y los costos de producir en Uruguay no son un tema nuevo, a pesar de la pandemia, por lo que pasada esta situación habrá que “apagar incendios y atender los problemas estructurales”.
Dos casos presentados en el otro documento refieren a avanzar en la inserción internacional y la gestión de las empresas públicas. Para la CCE en la LUC hay avances en referencia a reformas necesarias, pero “faltan cosas”, expresó García Pintos.