Camilo dos Santos

Préstamo BID: los contenedores en la explanada y el ultimátum al que la IM no accede

El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, dijo que no están dispuestos a acceder a una prórroga si ello implica abrir el proyecto

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10 de febrero de 2022 a las 05:04

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El mismo día en que la oposición iba a emitir un ultimátum en una enredada negociación por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carolina Cosse mostró los contenedores en uno de los nodos vertebrales de la capital. La explanada de la Intendencia de Montevideo (IM) sobre 18 de Julio y Ejido amaneció repleta de punta a punta de uno de los estandartes que tiene el proyecto millonario en jaque. 

Entre decenas de contenedores intradomiciliarios –que pretende extender hacia barrios como Carrasco, Malvín y Lezica– y otros dispositivos que podría masificar de contar con los fondos, la IM hizo gala de la punta del iceberg de su plan. Si bien anunció con bombos y platillos un nuevo programa para intensificar el reciclaje en Montevideo, su alcance es marginal si no se hace de los US$ 47,6 millones que le garantizaría el BID para ese rubro, para los que necesita una mayoría especial en la Junta Departamental con la que no cuenta.

Camilo dos Santos

"Esto nos va a permitir extender a nuevos lugares nuevas formas de recuperar residuos. Queremos que genere un entusiasmo que nos permita seguir avanzando hacia toda la ciudad. En el programa conjunto con el BID, planteamos que estas medidas se extiendan a toda la ciudad, porque es lo que las montevideanas y montevideanos se merecen", dijo el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, con el ejército de contenedores a su espalda.

La administración de Carolina Cosse trasladaba así el costo político a blancos y colorados que, pocas horas después, se ratificaban en su negativa de conceder los votos si la comuna no accedía a una mesa de diálogo que el Partido Colorado había solicitado a comienzos de semana. La departamental nacionalista comandada por Laura Raffo, alineándose con la otra bancada opositora, dio el ultimátum: ceden al pedido o el proyecto naufraga.

La oposición reclama una prórroga para instaurar un ámbito de negociación con la propia intendenta Cosse, así como la participación de las bancadas blancas y coloradas, y de los ministerios de Ambiente y de Transporte. El Frente Amplio se manifestó proclive al pedido, aunque exigía que le aseguraran que el texto aprobado por el BID en noviembre no se abra. La oposición fue inflexible, en tanto quiere "un análisis técnico de todo el proyecto en profundidad durante tres meses".

La administración de Cosse tiene dos opciones: accede a esta condición o deja caer el proyecto, cuyos términos deberá renegociar de cero con el BID. Consultado por El Observador sobre si estaban dispuestos a abrir el texto tras conseguir una prórroga, Guillermo Moncecchi sentenció: "Si tengo que abrir el préstamo, es lo mismo a que me digan que no. ¿Para qué querríamos una prórroga?"

Este jueves las bancadas opositoras se reunirán con los ediles del Frente Amplio, que por su parte mantuvieron estos días reuniones con los vecinos de los barrios implicados en los proyectos de saneamiento que prevé el préstamo –a través de un componente menor de US$ 22,4 millones–. 

Camilo dos Santos
Contenedores en la explanada de la IM

Idas y vueltas

La comuna precisa al menos tres votos para lograr la mayoría especial de 21 votos necesaria, dado que el proyecto excede el período de gobierno. La oposición cuestiona el uso del endeudamiento millonario en bienes rápidamente fungibles como camiones y contenedores, en lugar de destinarlos –como históricamente se ha hecho– a infraestructura y saneamiento.

“Es de orden revisar en profundidad también el proyecto de limpieza, uno de los problemas que arrastra nuestra ciudad en los últimos 30 años y el cual queremos contribuir a solucionar", escribieron en ese sentido, y agregaron: "No creemos que se justifique ni financiera ni técnicamente pagar con un préstamo a 25 años algunos rubros incluidos en el plan tales como contenedores o camiones”.

“Lamentablemente, nuestra constante apertura al diálogo no ha sido correspondida por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse (...) No es la actitud de Cosse la de un político responsable que ante todo debe escuchar, dialogar y acordar pues está en juego la calidad de vida de los montevideanos y su posible endeudamiento”, arremetieron los blancos en la declaración de este miércoles.

Según relataron fuentes políticas a El Observador, entre la dirigencia había malestar por las declaraciones de la intendenta el fin de semana, quien opinó: "No quisiera que Uruguay empiece a parecerse a otros países con democracias más débiles".

El edil colorado Matías Barreto criticó en diálogo con El Observador las exigencias de la comuna para abrir una mesa de diálogo: "El Frente Amplio está dispuesto a prorrogar siempre y cuando se comprometa a votarlo tal cual vino. Pero parten de una base en la que te bloquean US$ 82 millones, lo que para nosotros no es de recibo". El dirigente sostuvo que "está bueno que se entienda que (un eventual aplazamiento de la aprobación) es en busca de un mejor proyecto".

Camilo dos Santos
Contenedores en la explanada de la IM

La última contrapropuesta de Cosse había consistido en el compromiso de incorporar un rubro de US$ 12 millones para obras de saneamiento. Dichos fondos se sumarían a otro componente de US$ 12 millones que ya de por sí estaban previstos como contrapartida de la IM a los aportes mayoritarios del BID.

La comuna estaba de acuerdo en prorrogar la discusión –que tiene como fecha límite el próximo 17 de febrero– para debatir en torno a esta última oferta de US$ 12 millones. De acuerdo a la exposición del oficialismo, dicho monto se sustraería de los rubros presupuestales que hoy corresponden al arrendamiento de contenedores y a zona limpia, a raíz de que la "eficiencia y mejora en el sistema de recolección les permite bajar costos". 

La entidad internacional había informado a los ediles opositores este martes que una reapertura del texto –ya sellada por directorio el 17 de noviembre– conllevaría de cinco a 12 meses

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