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Radiografía del sistema de seguridad social y sus complejidades, ante su próxima reforma
La reforma de la seguridad social es una de las prioridades del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la comisión de expertos para emprender ese desafío ya está formada. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del sistema?, ¿en qué puntos álgidos se centrará la reforma?, ¿qué cambiará?
El sistema de previsión social uruguayo vive la paradoja de ser considerado el mejor de América Latina y estar perdiendo sostenibilidad y eficiencia a ritmo acelerado.
El gasto estatal en pasividades aumentó 2,5 puntos del PIB entre 2007 y 2019. Actualmente es del orden de 9,3% del PIB y se estima que alcanzará 10,8% en el año 2027.
Esto se debe a que el envejecimiento demográfico en el país es alto y pasó a constituir una verdadera carga para las arcas estatales. En el sistema previsional no hay suficientes recursos o financiamientos para esa demanda en alza y existen complejidades en su estructura (el sistema está muy fragmentado por tener varias cajas, al que suma las AFAP), además de regirse por leyes y reglamentos que necesitan ser revisados, según anunciaron las autoridades del BPS, entre otros frentes.
Lo cierto es que la cantidad de pasividades que el BPS paga viene mostrando una trayectoria creciente. En 1996 había 700.000 pasividades (jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas) y al cierre 2020 serán 795.000. El organismo proyecta unas 818.000 para 2024.
Dos terceras partes del aumento del gasto es explicado por el aumento salarial y un tercio por el aumento en el llamado “stock” de jubilados.
Lo que la reforma del sistema buscará es, básicamente, que los ingresos y egresos estén sincronizados para lograr equilibrio financiero, requiriéndose para ello ajustes por todos lados. Los cambios se harán gradualmente, llevará tiempo, pero comenzarán en 2021, según lo proyectado.
Dónde se está hoy
El panorama general es el siguiente: en los últimos años han ido en aumento los egresos por prestaciones con los mínimos jubilatorios que establece la ley; los estímulos al empleo para que las personas se jubilen más allá de los 60 años de edad no han tenido resultados notorios; el incremento del alta de jubilados fue exponencial a partir de la Ley de flexibilización No. 18.395 de año 2008 (que derivó en un alza importante de las jubilaciones por invalidez o incapacidad física), esa situación aún se mantiene.
El gasto del BPS en IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) también impone importantes presiones en las cuentas públicas. Además, se viene registrando un fuerte incremento del gasto en pasividades militares y policiales.
Cabe mencionar que las facilidades para el cómputo de años de contribución mediante testigos previo al desarrollo de las historias laborales constituye 15% del total de altas. Actualmente muchas personas piensa que la modalidad de testigos ya no existe, pero está vigente.
Otra característica del sistema es que se ha profundizado la brecha entre personas y puestos de trabajo; es decir, la gente tiene más puestos cotizando que en el pasado.
La heterogeneidad de las distintas cajas es notorio a todo nivel. Por ejemplo, el promedio de las pasividades que paga el BPS es de $23.388, mientras que en la caja notarial de $109.548.
Los criterios de las prestaciones también muestran fuertes diferencias en el período base para el cálculo y en los topes aplicables. Solo como referencia, en el BPS mixto se computan los últimos diez o mejores 20 años, en la caja de las FF.AA. los últimos 60 meses, mientras que en la caja notarial se toman los 30 mejores.
Los requisitos para la jubilación han tendido a homogeneizarse, aunque en el caso de las FF.AA. resta un período largo de transición. De todas maneras, la edad mínima prevista en los distintos subsistemas lleva implícita una sobrevida muy larga en relación a los períodos de aportación de las personas.
En cuanto a las AFAP, el BPS considera que la ley de “cincuentones” y el aumento de las pasividades mínimas erosionaron parcialmente las ganancias de la maduración del sistema mixto (BPS-AFAP), que se esperaba comenzaría a visualizarse en los próximos años.
Aportes y exoneraciones
Los datos del BPS muestran que la tasa de aportes versus la tasa de equilibrio ha pasado de 43% en el año 2005 a 34% en 2019.
De todas las cajas, la bancaria patronal es la que más aporta (25%), seguida por la policial y militar patronal (19,5% cada una). La caja civil patronal del BPS también llega en algunos casos a 19,5% y la notarial personal tiene máximos de 18%.
https://www.elobservador.com.uy/nota/reforma-del-bps-buscara-bajar-numero-de-jubilaciones-por-incapacidad--2020108153442
En cuanto a las exoneraciones, las mayores aplican al rubro de industria y comercio con el siguiente desglose: 50% a instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC), 28% a enseñanza privada y cerca de 8% a transporte. Las exoneraciones para los sectores civil y construcción son bajas, de 0,3% a 1,9%.
En total, la pérdida por montos exonerados superó los US$ 189 millones en 2019, a la que se agrega la pérdida por montos no gravados de US$ 34 millones. Por asistencia financiera, el monto es US$ 612 millones.
Debido a la crisis financiera derivada de la pandemia, el BPS proyecta que el deterioro del mercado laboral impacte en la cantidad de altas de 2020-2021.
