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Reclamo de mayores controles sobre el transporte escolar a las intendencias

El presidente de la Unasev, Gerardo Barrios, dijo que es “intolerable” que no se fiscalice

2 de noviembre de 2012 19:27 hs

Por  Pedro Dutour

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El fallecimiento de una niña de cinco años en Salto que cayó de una camioneta escolar al no llevar puesto el cinturón de seguridad, reabrió el debate sobre la seguridad y la falta de control de este tipo de vehículos.

“Estas cosas te dan una bronca bárbara”, dijo a El Observador, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios tras conocer el desenlace de lo ocurrido en la ciudad litoraleña. Los accidentes con niños generan “un elemento muy conmovedor”, prosiguió. La muerte de una niña de 11 años en un accidente de una camioneta escolar en 2010 había generado un endurecimiento en los controles.

“La vida vale igual para todos, pero estos casos tienen más repercusión. En Montevideo se mejoró mucho el transporte escolar en los últimos dos años. Pero que no se controlen, que no se fiscalice es intolerable. No se te puede caer un gurí de una camioneta”, añadió.

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A juicio de Barrios para evitar este tipo de accidentes “es clave” que exista un mayor control del tránsito y de los coches escolares.

“El control es lo que te hace bajar los accidentes de tránsito, no hay otra receta”, recalcó. Para el presidente de la Unasev cada cual tiene que cumplir su parte en el respeto a las normas, la población, las empresas y las autoridades.

Además, señaló que existen diferencias entre las intendencias, que son las que habilitan las camionetas escolares, a la hora de fiscalizar y que “existe una apatía en hacer cumplir las normas de tránsito”. Barrios declaró a Subrayado que los controles “son menores” en Salto y Rivera.

Puso también el ejemplo del uso del casco en los motociclistas. “En Fray Bentos se bajó la siniestralidad porque se obliga el casco; en cambio, en Mercedes no ves a nadie con el casco puesto”.

La niña viajaba el miércoles junto a otros escolares y ninguno de ellos llevaba el cinturón. A la camioneta, que poco antes había dejado a un escolar en su casa, se le abrió la puerta lateral y la niña cayó al pavimento en la esquina de Ituzaingó y Valentín de Salto. Fue atropellada por el mismo vehículo y murió al instante. La jueza Francisca Suárez dispuso el procesamiento con prisión del chofer, de 50 años, por un delito de homicidio culposo. El hombre se encuentra ahora internado por prescripción médica.
Barrios también hizo hincapie en que el control que deben tener los padres. “Tienen que exigir que se cumpla con las reglamentaciones”, indicó.

En la misma línea, María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez, dijo que es muy difícil que se terminen los accidentes “si los padres y conductores no controlan, si las autoridades no se ponen más firmes en hacer cumplir las normas”. “Pido por favor que (las autoridades) se involucren más. Quedó claro que no se iba a caer si iba con cinturón de seguridad”, añadió.

Una muerte para reflexionar

El debate sobre la seguridad del transporte escolar se generó con fuerza en abril de 2010 cuando una niña de 11 años falleció en un choque. La escolar viajaba con otros 17 compañeros del colegio Palotti de vuelta a clase luego de acudir a las sesiones de natación. En la esquina de Jaime Cibils y Emilio Raña, en La Blanqueada, el coche chocó con un auto perteneciente al Comando del Ejército. Julieta Cabrera salió despedida de la camioneta y falleció en el acto. Como la niña salteña, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Tras esa fatalidad, se reglamentó una ley –aprobada en 2007– por la cual se obligó a los coches a un estricto acondicionamiento. El cumplimiento quedó en la órbita de las intendencias donde ha habido diferencias en su fiscalización.

El transporte escolar debió modificar el tamaño de los asientos, incorporar cinturón de tres o más puntas, incluir puertas de emergencia y de vidrio inastillable. El vehículo debe lucir en sus cuatro lados la palabra “Escolar” y el interior debe estar acolchado. Cada empresa debió invertir unos US$ 75.000, lo que provocó el cierre de 40 empresas y la pérdida de 150 puestos de trabajo.

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