Reformas judiciales de Argentina protegerán a Cristina Fernández, según los críticos

Cuando Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta de Argentina, intentó reformar el sistema judicial del país en 2013, su exjefe de gabinete, Alberto Fernández, criticó la medida como un flagrante intento por fortalecer el control político sobre los tribunales.

“Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino”, dijo el Sr. Fernández durante un demoledor desmantelamiento de la propuesta que, a la larga, fracasó. La principal beneficiaria, él argumentó, sería la propia presidenta, ya que enfrentaba una serie de acusaciones de corrupción.

Actualmente, el Sr. Fernández es presidente, y está renovando los intentos de reformar el disfuncional y politizado sistema judicial de Argentina. Pero aunque está ampliamente aceptado que se necesita un cambio urgentemente, él está encarando críticas similares.

El plan se produce en un momento en que el Sr. Fernández enfrenta crecientes críticas por su manejo de la economía y de la pandemia, conforme más empresas optan por salirse del país en medio de una incertidumbre en aumento.

El gobierno ha indicado que las reformas están destinadas a hacer que el sistema judicial sea más eficiente y más transparente. Pero los opositores han afirmado que el exabogado está tratando de proteger a la Sra. Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta del país. Muchos han dicho que ella es el verdadero poder detrás del gobierno después de que eligió al Sr. Fernández para que se postulara en su lugar en las elecciones presidenciales del año pasado.

La primera etapa de las reformas propuestas ya ha sido aprobada por el Senado, aunque el proyecto de ley enfrenta un duro e incierto proceso a través de la Cámara Baja del Congreso, donde el gobierno no cuenta con una mayoría.

Los miembros de la oposición dicen que la legislación tiene como objetivo diluir el poder de los jueces encargados de investigar casos de corrupción que involucran a miembros de la coalición gobernante.

Según Synopsis, una encuestadora local, el 60 por ciento de los argentinos creen que las reformas judiciales tienen como objetivo controlar el sistema judicial para los propios fines del gobierno, mientras que menos del 5 por ciento de la población las ve como reformas urgentes y necesarias.

Pero Marcela Losardo, la ministra de Justicia, rechazó las afirmaciones calificándolas de equivocadas.

“Se ha creado un fantasma”, le dijo al Financial Times. “No hay un solo artículo de las reformas que le garantice impunidad a nadie”.

Todos los jueces mantendrían sus casos, ella señaló, y agregó: “Éste no es un proyecto diseñado para beneficiar al gobierno. Y si dicen que las reformas no funcionan, vamos a debatirlas. Modifiquémoslas”.

Según el gobierno, las reformas buscan establecer un sistema de justicia penal más moderno — en el cual sean los fiscales en vez de los jueces los que investiguen los casos — y fusionar algunas jurisdicciones obsoletas con otras. Las reformas también aumentarán el número de tribunales penales federales para abordar el problema de retrasos notoriamente prolongados y la concentración de poder en manos de un puñado de jueces.

Además, se ha nombrado un panel asesor — el cual, según los críticos, está dominado por partidarios del gobierno, incluido el abogado de la Sra. Fernández de Kirchner — para estudiar temas como la ampliación de la Corte Suprema. El Sr. Fernández se ha opuesto a tal medida en el pasado, y los opositores a las reformas han argumentado que pudieran beneficiar a la expresidenta si se nombraran a partidarios del régimen.

Otro asunto es la campaña liderada por la Sra. Fernández de Kirchner para destituir a tres jueces que están presidiendo casos que la involucran, a pesar de que la Corte Suprema dictaminó en 2018 que sus nombramientos eran legítimos. Esta semana, el máximo tribunal acordó considerar nuevamente el asunto.

“El único objetivo de las reformas judiciales es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos y de sus exfuncionarios del gobierno. Difícilmente pudiera ser más claro”, señaló Daniel Sabsay, un destacado abogado constitucionalista.

Si el gobierno realmente estuviera buscando el fortalecimiento del Estado de derecho, intentaría despolitizar el sistema de nombramiento de jueces, una medida no incluida en el proyecto de ley, comentó el Sr. Sabsay, y agregó: “Por supuesto que las reformas no tienen como objetivo hacer que el Poder Judicial sea independiente”.

Independientemente de los méritos de las propuestas, a muchos les preocupa que el debate se ha vuelto divisivo en el clima político ya profundamente polarizado de Argentina. Eso amenaza con descarrilar el tan necesario cambio.

Andrés Malamud, un politólogo argentino de la Universidad de Lisboa, dijo que era “improbable pero no imposible” que la ley fuera aprobada por el Congreso, ya que su aprobación depende de un puñado de legisladores centristas “que son susceptibles a la situación económica y a la opinión pública”, ninguna de los cuales favorece al gobierno.

Pero la falta de consenso nacional en relación con las propuestas del gobierno significa que incluso si el Congreso las aprueba, “se puede esperar resistencia en el corto plazo y una reversión en el mediano plazo”.

Las reformas judiciales “son parte de una iniciativa que no tiene nada que ver con las prioridades de la opinión pública, que además representa un costo político y un derroche de energía para el gobierno”, comentó Ignacio Labaqui, un analista de Medley Global Advisors.

El Sr. Labaqui anticipaba que el proyecto de ley permanecería estancado en la Cámara Baja durante algún tiempo a menos que ganara más apoyo. “Ningún gobierno es tan suicida como para llevar una ley clave a una votación que sabe que perderá”.

Si el gobierno sigue adelante con las reformas y fracasa, o si erosiona aún más el apoyo público, la competitividad de la coalición gobernante pudiera verse comprometida en las elecciones intermedias del próximo año.

“Mucho dependerá del estado de la economía. Si eso va bien, muchos dirán que hicieron esto pero al menos mejoraron la economía. Pero si la economía va mal, entonces esta iniciativa de reforma probablemente enojará aún más a la gente”, dijo Lucas Romero, de Synopsis.