Relaciones bilaterales: el día que se abra la frontera entre Colombia y Venezuela

El dato más estremecedor es que más de dos millones de venezolanos que dejaron su país durante el gobierno de Nicolás Maduro se establecieron en Colombia. Constituye alrededor de la mitad del total de migrantes.

Gustavo Petro, en su campaña, se comprometió no solo a abrir la frontera sino a enfriar las tensas relaciones entre ambos países que comparten una frontera de dos mil kilómetros, la mayoría de zonas montañosas y boscosas. Es decir, fronteras porosas, traspasadas por personas que buscan un trabajo o se sienten perseguidos políticos: también los grupos narcos, los paramilitares y las guerrillas colombianas pueden vulnerar los límites nacionales.

En agosto de 2015, la crisis estalló, por la expulsión de colombianos por parte del gobierno venezolano y por la crisis económica que expulsaba a los propios venezolanos de su tierra. En la actualidad, el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas estima que, de los aproximadamente 30 millones de habitantes, son alrededor de seis millones los venezolanos que buscaron otros destinos.

La crisis política cobró mayor dimensión cuando en 2019, el presidente Iván Duque desconoció las elecciones en las que Maduro retuvo el gobierno y la respuesta de este fue romper las relaciones diplomáticas. Ambos presidentes retiraron sus respectivos embajadores.

En los últimos dos años, por la pandemia primero y por una progresiva recuperación económica, la migración descendió de modo notable. En los últimos meses, Venezuela ya no ostenta el primer lugar en la inflación de América, el precio del petróleo aumentó y las restricciones a la exportación de crudo le permiten al gobierno de Maduro estar en muchas mejores condiciones.

Durante la presidencia del saliente presidente Iván Duque, con el apoyo de la Casa Blanca, el gobierno colombiano apostó a un cerco diplomático a Maduro y al reconocimiento del “presidente designado” Juan Guidó como legítimo mandatario de Venezuela. Los vientos cambiaron: Guaidó perdió a principios de 2021 el reconocimiento de la Unión Europea y sus seguidores ya no ganaban las calles del país, Trump dejó la Casa Blanca y JoeBiden ya flexibilizó las medidas para que el petróleo venezolano pueda ser exportado y así mejoren las arcas del Estado.

Si algo faltaba para que las relaciones entre ambas naciones busquen un marco de diálogo es que Petro sea quien reemplace a Duque. En ningún momento el presidente electo hizo una apología del chavismo aunque en todas sus declaraciones habla de “respetar los derechos humanos en la frontera”.

También se hizo público el diálogo telefónico de Petro con Maduro. Es bueno subrayar la prudencia de las palabras del hombre que ocupará la Casa de Nariño –sede presidencial colombiana- a partir del 7 de agosto próximo: "Lo óptimo sería normalizar del todo nuestras interacciones bilaterales, lo sensato y tal vez lo viable, dado su deterioro actual, es empezar con lo que es más factible, es decir, lo consular, y trabajar hacia la restauración plena de relaciones".

La palabra “óptimo” cobra un valor significativo. Petro no se lanza a un terreno embarrado. No solo porque Colombia no tiene capacidad de dar trabajo formal a los más de dos millones de migrantes venezolanos, ni tiene lugar en sus escuelas y hospitales para sostener por tiempo ilimitado esa crisis migratoria. En todo caso, los observadores advierten que, en algún momento, el flujo debería revertirse 180 grados.

Venezuela tiene elecciones presidenciales en 2024 y el Frente Histórico que lidera Petro tiene principios democráticos, de modo que estará muy atento a que Maduro respete el juego libre de las fuerzas opositoras que, en los últimos años, dieron pruebas de no contar con las garantías suficientes.

Cabe recordar que en septiembre de 2021, la chilena y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su carácter de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio un informe en Ginebra tras dos años de ocho inspecciones de su equipo en Venezuela. Visitaron cárceles, escucharon a perseguidos, dieron recomendaciones al gobierno y emitieron críticas severas a la falta de garantías para muchos ciudadanos, sobre todo, opositores a Maduro.

Sin desmedro de los derechos civiles y las garantías constitucionales, el informe Bachelet pegaba en la línea de flotación de la crisis económica que todavía vivía –y no terminó- el país gobernado por Maduro.

“A pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la situación –dice el informe de septiembre de 2021- , y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. Aliento a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación, garantizando la transparencia, la participación y los controles públicos.”

En ese momento, en ciudad de México se llevaron a cabo reuniones con representantes de la oposición y del gobierno venezolano que no llegaron a nada. Guaidó fue perdiendo poder y Maduro mantenía el aislamiento internacional de su gobierno agravado por las sanciones de Trump.

Petro, como cualquier presidente, tiene prioridad en la agenda de su país y según datos del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela, “en el ciclo escolar 2021, 52.769 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban matriculados en instituciones educativas de preescolar, básica y media en Norte de Santander, y de ellos 20.778 en la ciudad de Cúcuta. En otras palabras, el 3,21 % de la población total del departamento y el 2,63 % de la ciudad son población venezolana en proceso de formación que depende del sistema educativo y sus servicios conexos, ante la crisis educativa que vive Venezuela”.

Eso significa presupuesto público, significa una tensión que va más allá de que Trump no esté más en la Casa Blanca, que Duque esté por terminar su mandato y que Guaidó haya perdido peso relativo.

Petro tiene un desafío que, además, se cruza con los problemas de pobreza y de violencias que se viven al interior de Colombia.