Retroactiva y acumulable: la nueva propuesta del gobierno para las licencias médicas

Uno de los temas más discutidos es el de las licencias por enfermedad para los funcionarios públicos. La propuesta que vino en el proyecto del Poder Ejecutivo de igualar el régimen público con el privado ya quedó descartada. Este lunes el equipo económico presentó una alternativa que los legisladores de la coalición están estudiando para fijar una posición. 

Esa propuesta plantea dos días de licencia por enfermedad por año sin descuento salarial. Se trata de un régimen acumulable y comenzaría a regir de forma retroactiva: desde el 1 de enero de 2018, según informaron a El Observador legisladores de la coalición. 

Esto quiere decir que si un funcionario público no se certificó ni una sola vez desde 2018, a partir de enero de 2021 tendrá acumulados seis días de licencia por enfermedad sin descuento salarial: dos de 2018, dos de 2019 y dos de 2020. 

Esa acumulación, según la nueva propuesta presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tendría un límite máximo de 15 días. Una vez cumplidos los días de licencia médica paga, el trabajador comenzará a cobrar el 70% del salario, según el texto presentado.  

Sin embargo, la discusión en la interna de la bancada oficialista está lejos de cerrarse. Ya existe una propuesta alternativa para que sean tres días y no dos por año pero que la retroactividad vaya hasta 2019. En ese caso, para 2021 –cuando empieza a regir- la cantidad máxima de días acumulados sería la misma (6). 

También hay legisladores que pretenden que una vez cumplidos los días de licencia médica paga, el trabajador reciba el 75% del sueldo y no el 70% como plantea la propuesta del gobierno. 

Este nuevo texto es un camino intermedio entre lo planteado inicialmente en el proyecto de ley (los primeros tres días no se paga nada y 70% a partir del cuarto, como el régimen privado) y la propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez (siete días por año de licencia médica paga y 70% a partir del octavo).

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) mantiene su rechazo a estas modificaciones ya que, tal como informó El Observador a mediados de setiembre, entiende que es inconstitucional. 

El secretario general del COFE, Joselo López, dijo a El Observador que esta nueva propuesta mantiene la lógica de la anterior redacción de castigar a todos por igual y no focalizar en los abusos. Si bien desde el sindicato ven “buena disposición” de los legisladores para dialogar, entienden que el gobierno les deja poco margen para hacer cambios. “No pueden hacer mucho porque baja el guadañazo de la OPP”, dijo. 

En las negociaciones con el gobierno han logrado algún avance pero en “temas menores”, según López, mientras que en certificaciones médicas y en el artículo cuatro, referido a los salarios, no han podido modificar lo sustancial. 

La comisión comenzó a votar este martes los artículos del proyecto en los que había acuerdo en la coalición de gobierno y dejó para este miércoles los más controversiales. Se votaron más de 430 artículos y más de la mitad con el apoyo del Frente Amplio

Entre los que quedaron para votar este miércoles se encuentran la derogación de las Instrucciones Generales de Fiscalía, el pasaje del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda a Presidencia, la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y las mencionadas certificaciones médicas. 

La plata para la educación 

La coalición también definió los detalles del dinero que reasignará para la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC). 

De la Udelar, los programas que reciben dinero son el de “Calidad académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e internacional” y “Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional”. En el primer caso, el dinero va específicamente destinado a las remuneraciones de los docentes bajo el régimen de dedicación total, según dice el texto del aditivo. 

Los cargos de dedicación total recibirán $ 75 millones al 2021, $ 155 millones al 2022, 240 millones al  2023 y 330 millones en 2024. En el caso de la descentralización son $ 39 millones en 2022, $ 80 millones en 2023 y 100 millones en 2024. 

En el caso de la UTEC son $ 21 millones en 2021, $ 35 millones en 2022, $ 49 millones en 2023 y $ 82 millones en 2024. En todos los casos se trata de partidas incrementales que contienen lo agregado el año anterior. 

“Hay una señal tanto para la UTEC como para la Udelar. Venían unas cifras que la coalición decidió incrementar dentro de los recursos que tenemos”, dijo el diputado blanco Álvaro Rodríguez. Con estos números, los legisladores de la coalición entienden que ninguna de las carreras del interior ni los cargos de alta dedicación se van a ver afectados. 

Si bien el lugar de dónde provendrán los fondos todavía no está detallado en los artículos que se agregarán, Rodríguez aseguró que todo el dinero sale del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.