Nacional > Funcionarios públicos
Servicio Civil respalda camino gradual para pago de licencias médicas; COFE señala inconstitucionalidad
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) ve con buenos ojos los cambios propuestos en el Parlamento a los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto sobre las certificaciones médicas de funcionarios públicos, según dijo a El Observador su titular Conrado Ramos. La inicativa del Poder Ejecutivo planteó igualar el régimen público con el privado pero el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un camino intermedio, que es considerado por el Poder Ejecutivo.
“Creemos que es una buena alternativa. Pero ahora la discusión está en el Parlamento”, dijo a El Observador el titular de Servicio Civil, que fue uno de los impulsores de los cambios propuestos en el Presupuesto.
La idea del diputado colorado establece la posibilidad de siete días de licencia médica con salario completo y que recién a partir del octavo día se comience a descontar. Hasta los 20 días el funcionario cobraría el 70% de su salario y a partir de ahí el 50% hasta su reintegro.
El proyecto de Presupuesto, en tanto, planteó que los trabajadores estatales que se enferman no reciban pago en los primeros tres días de certificación médica y a partir del cuarto cobren un 70%, tal como funciona el régimen privado. En la actualidad, no ven afectado su salario cuando faltan por enfermedad.
Para el caso de una internación, la propuesta del referente de Batillistas establece un pago del 100% en los primeros 30 días y luego un 70%. El proyecto del gobierno plantea un 70% desde el primer día. Ambas propuestas tienen algunas excepciones para enfermedades puntuales.
La idea de estos cambios es evitar los abusos que existen por parte de algunos funcionarios en el uso de las licencias médicas. En su presentación ante la comisión, el titular de la ONSC aseguró que solo en la administración central entre junio de 2018 y junio de 2020 hubo 5.259 personas que se certificaron más de 60 días en un año y 4.201 estuvieron más de 90 días certificados en dos años.
“El objetivo de la norma que proponemos es limitar el uso abusivo de certificaciones médicas; se busca adecuarlo al régimen previsto para el sector privado”, dijo Ramos ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda según consta en la versión taquigráfica.
Estos cambios, si se aprueba el proyecto tal como vino redactado del gobierno, aplicarían para todos los funcionarios presupuestados o contratados con excepción de los Magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales. Sin embargo, tanto en el Partido Nacional como en Ciudadanos –sector mayoritario del Partido Colorado- entienden que estos cambios deberían aplicar para todos, incluso los cargos de confianza.
Inconstitucional
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) viene negociando con Servicio Civil para realizar algunos cambios en los artículos referidos a los funcionarios públicos. Sin embargo, respecto a las certificaciones no han logrado avances ya que los trabajadores entienden que se debería quitar del proyecto por considerarlo inconstitucional.
“El principio de proporcionalidad establece que cuando el Estado recorta o mutila derechos tiene el deber de escoger la vía menos lesiva. Y si no, explicar por qué no lo hace. Acá hay abusos porque existe un Estado omiso que no investiga ni castiga a los responsables”, dijo a El Observador el constitucionalista que está asesorando al sindicato en este tema, Daniel Ochs.
El experto explicó que las leyes son “actos de voluntad” que tienen motivos. En este caso, el fundamento es evitar el “abuso generalizado” pero, según la visión de Ochs, el propio Estado tiene responsabilidad por no controlar de la forma correcta.
“El Estado no tiene autoridad moral para decir voy a cortar todo porque ellos mismos están cometiendo una omisión”, agregó. El constitucionalista entiende que aplica el principio de proporcionalidad que obliga al Estado a ir por el mecanismo menos lesivo. Esa vía es que el propio Estado investigue y sancione a los responsables y vele por que el sistema de certificaciones lo usen solo los que realmente están enfermos.
El abogado cuestionó que cuando “más plata precisas” por estar enfermo, el “Estado te maltrata” y, según su visión, nadie sabe por qué no se investiga y se castiga a los responsables. “El acto es inconstitucional porque no supera el test de menor lesividad”, argumentó.
Ochs también cuestionó que se planteen excepciones en base a enfermedades puntuales, como las oncológicas, y no en base a cuadros de gravedad. “Debiera establecerse un parámetro objetivo sobre cuadros de gravedad pero no nombrarlas una por una. Por qué la oncológica sí y una enfermedad gravísima al hígado no”, cuestionó.
El proyecto dice exactamente que los criterios sobre certificaciones médicas no serán de aplicación “si las inasistencias por enfermedad son consecuencia de accidentes en el desempeño de las tareas propias de su cargo y licencias médicas por enfermedades consecuencia del embarazo o que pongan en riesgo el embarazo o a la madre, tratamientos oncológicos u otras enfermedades invalidantes que estén tratadas por cuidados paliativos o tratamiento del dolor exclusivamente”.
Avances
El sindicato de estatales y el gobierno sí han logrado algunos avances en otros puntos del proyecto y desde ambos lados destacan la buena disposición para negociar. “El 80% de los planteos de COFE son de recibo”, aseguró Ramos. La gran mayoría de los puntos apuntan a generar mayores garantías para los funcionarios.
Uno de los aspectos en los que hay acuerdo está vinculado al artículo 15 referido al personal a redistribuir dentro del Estado denominado como excedente. COFE solicitó que existan veedores del sindicato en todo el proceso y que para la toma de decisiones esté presente la negociación colectiva.
En la Oficina Nacional de Servicio Civil están de acuerdo con estos pedidos. Es que el personal a redistribuir puede terminar cesado por omisión en caso de que, por ejemplo, el funcionario no acuda a los cursos de recapacitación.
Para ese pasaje en particular, COFE solicitó que quede claro que si la falta a la capacitación es por enfermedad o algún otro motivo justificado, no pueda ser causal de omisión y por lo tanto despedido.
Al mismo tiempo en el Parlamento buscan alternativas para redactar de forma más detallada el artículo 4, que se refiere a la recuperación del salario real para los funcionarios públicos a partir de 2022. El proyecto deja constancia del compromiso político de que eso suceda pero no establece cómo lo van a realizar.
