Sebastián Piñera declarará como imputado por la represión del estallido social chileno de 2019
El Ministerio Público Fiscal de Chile informó que investiga la responsabilidad del expresidente y otros funcionarios por las violaciones derivadas del accionar de las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía chilena citó al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) a declarar como eventual responsable de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la represión del estallido social de 2019, accionar que dejó un saldo de 34 muertos, unos 4.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, y 158 denuncias por violencia sexual.
"El expresidente Sebastián Piñera tiene fijada su comparecencia ante la Fiscalía en los próximos días en calidad de imputado", consignó el Ministerio Público en declaraciones recogidas por los medios locales.
La información oficial señala que, además de Piñera, deberán comparecer las autoridades de gobierno que acompañaron al exmandatario de derecha en sus decisiones; entre ellos, los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los exsubsecretarios de la misma cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.
Frente a la convocatoria, el abogado de Piñera, Samuel Donoso, dijo que tanto él como su cliente tienen "la tranquilidad y la convicción de que en el actuar de Piñera siempre se buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los Derechos Humanos de todos".
Donoso argumentó que "en consecuencia, no se configura delito alguno, pues su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones", dijo en referencia a Piñera, quien ordenó la represión a cargo de Carabineros –la Policía militarizada del país–, la Policía de Investigaciones y las tres ramas de las Fuerzas Armadas, lo que derivó en una serie de violaciones a los Derechos Humanos.
Estas vulneraciones fueron comprobadas por distintos entes internacionales que enviaron observadores al país, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); además de varias ONG’s, como Rights Human Watch y Amnistía Internacional.
La noticia sobre la imputación de Piñera coincide con el anuncio de la reapertura de la entrada principal de Baquedano, la estación central de la red de subterráneos de la capital chilena, que permanece cerrada desde que se iniciaron las protestas.
El lugar se convirtió en el epicentro del estallido. Allí, durante la represión, tres personas perdieron la vida y centenares fueron lesionadas y mutiladas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Durante meses, los manifestantes ocuparon la entrada, también denominada "Plaza Hundida", convertida en un memorial improvisado, con murales y objetos que recuerdan a las víctimas.
La plaza Baquedano, que homenajea al general Manuel Baquedano, fue rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad, y la idea del gobierno del presidente Gabriel Boric es reabrir la entrada, además de construir un memorial oficial del estallido social, cuyas características aún no fueron definidas.
(Con información de AFP y medios locales)
