Senado brasileño sancionó una ley que limita el derecho de indígenas a sus tierras

El pleno de la Cámara Alta, dominada por los bloques conservadores y en la que el lobby de las entidades agropecuarias tiene gran influencia, dio luz verde a la iniciativa con 43 votos a favor y 21 en contra, iniciativa resistida por las comunidades indígenas y el partido de gobierno del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la regla, defendida por la industria agroalimentaria, que sólo reconoce a las comunidades originarias derechos sobre los territorios que ocupaban o disputaban al 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente, sancionada en 1988, tres años después de la dictadura (1964-1985).

La sanción de la ley, que quedó así para para una improbable promulgación por el Poder Ejecutivo, anticipa un conflicto de poderes, en la medida en que el STF, señalado por sus críticos por entrometerse en asuntos legislativos, falló la semana pasada en contra del “marco temporal” por nueve votos contra dos, en un juicio denominado “del siglo” por las comunidades indígenas y que se prolongó desde agosto de 2021.

El fallo del máximo tribunal, además, dispuso que aquellos productores que hayan adquirido “de buena fe” tierras que tradicionalmente pertenecen a los indígenas tienen derecho a una indemnización por parte del Estado.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, defendió la potestad del legislativo para decidir sobre el tema. “No hay ningún tipo de enfrentamiento con el STF; es apenas una posición del Congreso, considerando que juzgamos que temas de esa naturaleza deben ser deliberados por el Congreso”, dijo el legislador del Partido de la Social Democracia (PSD).

Según destacaron los analistas locales, si la norma fuera efectivamente promulgada por Lula da Silva podría ser judicializada y, en caso contrario, la aplicación de la restricción temporal daría pie para revertir parte de las más de 700 demarcaciones de tierras ya existentes y de una cantidad de otras demarcaciones todavía pendientes.

Las comunidades indígenas rechazan la norma, argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados de sus territorios ancestrales, especialmente durante la última dictadura militar, situación que les hace imposible probar que ocupaban los territorios ahora en disputa y que, según la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, constituyen el 13,75% de la superficie del país y son una barrera contra el avance de la deforestación que procura el avance de la frontera agropecuaria.

El núcleo de la ley es defendido por el poderoso sector de los agronegocios y no es la primera vez que el Senado, mayoritariamente contrario a las políticas de Lula da Silva, intenta reaccionar a otros debates en curso en el ámbito del STF, como la despenalización del aborto, juicio que comenzó a ser votado en el seno del tribunal el viernes pasado.

En lo inmediato, y de no mediar un veto del Ejecutivo o un amparo judicial presentado por las comunidades originarias, la norma podría afectar a 1,7 millones de indígenas que viven dentro y fuera de las reservas ya delimitadas, sobre una población total de 203 millones de habitantes, según el último censo.

(Con información de AFP)