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Sobreseyeron a funcionarios judiciales por el viaje a Lago Escondido
El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a los funcionarios judiciales y empresarios investigados por el viaje a la estancia del británico Joe Lewis en Lago Escondido en octubre del 2022 en la Patagonia.
Lo resolvió al considerar que todo lo actuado fue nulo en función de irregularidades en el inicio de la investigación a partir de la cual el kirchnerismo había pedido el proceso penal a los involucrados.
La decisión de Ramos fue en favor de sobreseer al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al magistrado en lo penal económico Pablo Yaradola, entre otros.
También alcanzó el sobreseimiento a Leonardo Bergroth, ex agente de inteligencia; Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Al analizar el caso, el juez consideró que el viaje a Lago Escondido para hospedarse en la finca de Lewis fue una "una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado”, lo que hace una irregular inicio del caso por lo que fue declarado ahora nulo.
"Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia", añadió el magistrado.
"Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", según consideró en un fallo de más de 70 carillas.
En función de ello, concluyó que “el resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales”.
Además, consideró que el viaje encarado por los funcionarios son del “ámbito de la privacidad de los individuos” y que el vuelo en avión privado que tomaron aquel 13 de octubre de 2022 no constituye delito alguno. (NA)
