La noticia de que el jefe de la gavilla de narcotraficantes -que fue detenido este miércoles- salió hace unos meses de prisión en libertad condicional, causó sorpresa en la Suprema Corte de Justicia.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, dijo a El Observador que “le llamó la atención” enterarse por la prensa que el narco Ricardo Guerrero salió hace unos meses de prisión en libertad condicional, tras lo cual formó una nueva organización delictiva que fue desbaratada este miércoles en un operativo en el balneario canario de Neptunia.
Si bien no recuerda con exactitud el caso, Larrieux explicó que Ricardo Guerrero: “Podría haber salido por libertad anticipada, por buena conducta o informes favorables, en caso que haya recaído sentencia. Pero no recuerdo que se haya dictado sentencia (en el expediente “Campanita”, por el que fue procesado). Si no recayó sentencia, puede haber obtenido la libertad provisional por el juez de la causa o concedida por ley por la Corte o durante las visitas de cárceles”.
Si bien Larrieux recordó que cualquier procesado puede pedir y obtener su libertad cuando la prisión preventiva cumplida excede la mitad de la pena que se prevé le recaerá, comentó que pedirá información del caso a la oficina de “libertades” de la Corte.
Este martes, en un operativo de la Brigada Nacional Antidrogas, se desarticuló una nueva organización narcotraficante que operaba en Ciudad de la Costa y Montevideo. El líder de la banda fue uno de los apresados hace cinco años durante la operación “Chimed” (Campanita, en español), en la cual fueron procesadas 23 personas.
Guerrero, quien fue detenido junto a otros dos sospechosos en una vivienda del balneario Neptunia, había sido apresado en setiembre de 2006 por tráfico de drogas.
La "Operación Chimed" fue un megaoperativo anti-narcóticos desarrollado por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) en setiembre de 2006, por la cual se incautaron unos 350 kilos de cocaína, con un valor estimado en US$ 10 millones. Asimismo, el operativo permitió desarticular dos laboratorios para la elaboración de la droga y la incautación de armas y vehículos.
Larrieux aclaró, no obstante, que: “Nuestro sistema penal contempla un margen amplio entre mínimos y máximos de la pena y luego el juez resuelve”.
En el ordenamiento jurídico uruguayo, la ley 14.294 (con su modificación por la ley 17.016 de 1998) establece en su artículo 31 que “el que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo” las materias primas o las sustancias, precursores químicos y otros productos químicos capaces de producir dependencia síquica, será castigado con una pena de tres años a 10 años de penitenciaría.
