Tardía corrección en ASSE
El ministro Jorge Basso finalmente envió al Parlamento un proyecto de ley que establece, entre otras muchas exigencias de gestión, que los directores de centros de salud accedan al cargo por concurso
Luego de muchos años de inacción oficial en un tema grave y pese a la evidencia creciente de desvíos administrativos, amiguismo y casos de
corrupción, recién ahora el Ministerio de Salud Pública encara frenar el torrente de irregularidades en que se debate la Administración de los Servicios de Salud del Estado (
ASSE). El ministro Jorge Basso finalmente envió al Parlamento un proyecto de ley que establece, entre otras muchas exigencias de gestión, que los directores de centros de salud accedan al cargo por concurso.
Pero se actuó recién después de que una comisión parlamentaria investigadora revelara irregularidades en numerosos hospitales y que hasta el presidente Tabaré Vázquez interviniera personalmente en el caso del hospital de Rivera. Es necesario que el tardío proyecto sea aprobado con diligencia y, sobre todo, que los requisitos que se aplicarán a quienes dirigen hospitales públicos o ejercen otras funciones jerárquicas se cumplan a rajatabla.
De ser así, se terminará eventualmente con la práctica de nombrar amigos personales o políticos para esos cargos, sin importar demasiado si son técnicamente competentes o no para la función y rectos en el manejo de dineros públicos. La historia reciente viene desde el recordado caso de Alfredo Silva, que fuera director de ASSE hasta su procesamiento y destitución por sobreprecios en contratos de limpieza, a lo que se había agregado el nombramiento de sus amigos sindicales al frente de centros médicos. La bochornosa desaprensión se mantuvo a la vista de todos en años siguientes. La propia presidenta de ASSE, Susana Muñiz, posiblemente en un intento de ironía pero que reflejó la realidad, dijo en el Parlamento: "Vamos a elegir a los directores de los hospitales como en el gobierno blanco, a dedo".
El resultado ha sido la dilapidación de recursos públicos para beneficios personales y la paralela ineficiencia de la atención al vasto sector de la población que depende de la gratuidad de los servicios médicos del Estado. Mientras se procesa la aprobación y puesta en marcha del proyecto enviado por Basso al Parlamento, la comisión investigadora ya le está hincando el diente a casos de jerarcas de hospitales que contrataban a sus propias empresas para servicios tercerizados o incurrían en otras formas de ilicitudes. En la mira de la comisión están casos en los hospitales de Dolores, Mercedes, Rivera, Cerro Largo, Colonia, Pasteur, el Hospital de Ojos y las colonias psiquiátricas, así como la sonada estafa al Fonasa.
La extensión de la lista refleja la magnitud del descalabro de gestión y asistencial en que ha caído ASSE. Sus claudicaciones confirman el error de su creación, como parte de la innecesaria y costosa reforma de la salud en la década pasada, durante el primer gobierno del Frente Amplio. Si el proyecto de ley de Basso se aprueba e implementa sin desvíos y con los controles estrictos que hasta ahora se han descuidado u omitido, es posible que en el mediano plazo se observe algo más de eficacia y rectitud en el funcionamiento de ASSE, bajo autoridades concentradas exclusivamente en la salud de la población. Entre tanto, la comisión investigadora cumple la doble función de detectar posibles
delitos que terminarán en la Justicia y, por otra parte, actuar como disuasivo de los actos corruptos en que jerarcas actualmente en funciones se sientan tentados a caer.
