Transiciones

En los regímenes presidenciales, el cambio de gobierno lleva un poco más de tiempo. Pero un par de meses debería ser suficiente. En nuestro país nos tomamos tres y buena parte de ello transcurre entre las fiestas de fin de año y los meses veraniegos.

Tres meses quizá era un tiempo razonable cuando ello se incluyó en la Constitución. Hoy en día, cuando los cambios económicos y sociales son mucho más rápidos, tres meses puede parecer una eternidad. Y máxime cuando el gobierno que llega tiene muy escasa información sobre el estado de la nación. Y más aún si es un partido de la oposición. Esto es ley de la vida política y no hay que quejarse. Le pasó a Obama cuando sucedió a George Bush en medio de la mayor crisis financiera que vivió Estados Unidos desde la Gran Depresión y la necesidad de tomar medidas era algo realmente urgente, de días, de horas. Allí fue fundamental la figura de Timothy Geithner, que fue presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de 2003 a noviembre de 2008 cuando fue designado Secretario del Tesoro por Obama, cargo que asumió el 24 de enero de 2009. Su experiencia previa trabajando en la FED en la época Bush fue vital para facilitar la transición y luego administrar la crisis y sacar la economía adelante.

Pero no todas las transiciones son suaves. Siempre hay un gobierno que se va pero todavía está en funciones, y otro que llega pero que carece de poder. Y en el medio hay decisiones que tomar que afectaran la próxima administración.

No todo es “glamour”. Y efectivamente apenas se abrió la puerta de la Torre Ejecutiva para recibir al presidente electo, surgió el primer cortocircuito en un punto muy sensible: las tarifas de las empresas públicas. El ministro de Industria recordó esa mañana que el gobierno se había comprometido en julio a no aumentarlas hasta fin de año y quizá algo más. Ahora confirmaba lo de fin de año y los dos meses.

Ya en julio pareció una medida carente de fundamento técnico y más bien dotada de un cierto tinte electoral. Ahora se siguen sin saber los motivos por los cuales no se da el tradicional aumento anual de tarifas. Álvaro García, director de OPP, dijo que era una costumbre que no siempre debía seguirse. Es cierto. No hay por qué hacer aumentos anuales más allá de que en enero se suelen ajustar los salarios públicos. Pero después de un año con más de 8% de inflación, déficit fiscal creciente (a cuya contención han contribuido generosamente las empresas públicas)  y variaciones importantes del precio del petróleo y de la cotización del dólar (sobre todo en el segundo semestre después del anuncio de julio) es importante que el gobierno explique los fundamentos técnicos que le llevan a no aumentar al barrer. Porque podía haber aumentado algunas tarifas como los combustibles y otras no como las telecomunicaciones o el agua. Cada empresa pública es un mundo pero el gobierno las metió todas en la misma bolsa de “no hay aumento” lo cual hace sospechar que es una especie de mensaje al gobierno electo: ustedes nos criticaban los aumentos, ahora no hay aumento y háganlos ustedes en marzo si quieren. Y además carguen con el costo político de hacerlo.

El gobierno saliente está en todo su derecho de entrar en ese juego pero a la ciudadanía debería explicar las razones técnicas del “no aumento”. De lo contrario, parecerá un capricho electoral. Porque es preciso tener en cuenta que en el caso de los combustibles se podría haber dado una baja del petróleo que ameritara una reducción del precio de estos. ¿Se habría ahorrado el gobierno esa pequeña victoria?

En el fondo, detrás de esta pequeña batalla política que quizá pudo saldarse mejor con una conversación previa entre ambas partes y un anuncio conjunto, sigue estando la concepción de que las empresas públicas son un elemento importante para la caja del Estado. Y que las decisiones de inversión no sean tan “autónomas” como deberían, lo mismo que áreas de operaciones tomadas en función de objetivos políticos, como el caso de Alur en Ancap.

Quizá esta tormenta de las tarifas de la transición sea una oportunidad para cambiar a fondo la institucionalidad de las empresas públicas y hacerlas más eficientes, y más explícitos los subsidios, si se quieran dar subsidios.