Un gran éxito inicial y el invierno al acecho

El gobierno uruguayo ahora se propone “superar el invierno con la pandemia controlada”, según resumió Rafael Radi, uno de sus asesores científicos. Tiene más razones que Alsogaray para el optimismo. El coronavirus se infiltra lentamente en el territorio, un éxito provisional pero ya notable de las políticas públicas.

Este éxito inicial es un espaldarazo para el nuevo gobierno, que, bien asesorado y resuelto, desoyó propuestas de lockdown más radicales: desde la oposición política, simbolizada por el expresidente Tabaré Vázquez; desde una parte de la corporación médica, como el Sindicato Médico, y de fanáticos de la reclusión que aparecieron por doquier.

En este plano, como ya ocurrió en la campaña electoral, el presidente Luis Lacalle Pou parece seguir favoreciéndose de la subestimación que le reservan sus rivales.

Algunos voceros de la oposición parecen demasiados desesperados porque al país le vaya mal con tal de que al nuevo gobierno le vaya mal. Lacalle Pou recién empezará a perder políticamente el día que se la crea, y cuando la oposición adopte un tono y una perspectiva menos sectaria y condescendiente.

En este camino repleto de dilemas y acechanzas, Uruguay registra cada vez menos contagios de coronavirus y una baja letalidad. Se debería a razones de distinta entidad: respeto relativo de las normas; baja densidad de población y escaso hacinamiento; elevado número de tests per cápita que permiten identificar focos y atacarlos; sistema de salud relativamente bueno; liderazgo y acciones oficiales tempranas y certeras, con fluida interacción entre el sector privado y el público, incluido el compromiso de la Universidad de la República.

Entre las respuestas populistas de Alberto Fernández por un lado, y la improvisación negacionista de Jair Bolsonaro por el otro –y los resultados sanitarios y económicos de ambos países–, Lacalle Pou y su gobierno semejan el colmo de la moderación y de la inteligencia estratégica.

Brasil y Argentina parecen estar dando palos a ciegas.

Hasta el jueves Brasil tenía 95 muertos por millón de habitantes debido al coronavirus, Argentina 10 y Uruguay 5,7. Uruguay había realizado más de 10.500 test por millón de habitantes, Brasil unos 3.500 y Argentina solo 2.600.

Los peores enemigos ahora para Uruguay parecen ser el exceso de confianza y el descuido, y la frontera terrestre con Brasil, país que padece una catástrofe sanitaria (también política y económica). Las ciudades de Rivera-Santana do Livramento forman un solo núcleo urbano de 180 mil personas.

La batalla recién se inicia. Algunos expertos internacionales señalan que el coronavirus representa una crisis de hasta cinco años, antes de que puede considerarse controlada por contagios masivos, vacunas y tratamientos eficaces.

Mientras el coronavirus corroe el mundo, los gobiernos tratan de hallar la combinación más perfecta entre salud pública y apertura socioeconómica.

El gobierno uruguayo resolvió reiniciar en junio la enseñanza primaria y secundaria presencial, paulatina y voluntaria, por zonas del país. Pese a las precauciones, tal vez excesivas, es una medida de vanguardia en América Latina. De paso, libera a los padres, ahora prisioneros de sus hijos. “Para adelante todo lo posible; para atrás todo lo necesario”, resumió Lacalle Pou.

Hay muchas experiencias para cotejar, empezando por Dinamarca, donde los alumnos de primaria y secundaria volvieron a clases a partir del 15 de abril, o Alemania, desde el 4 de mayo.

El presidente destituyó el martes al presidente de la telefónica pública Antel, Guillermo Iglesias, a quien había designado pocas semanas antes, después que este diera la calidad de funcionarias efectivas a 857 personas contratadas. Pasó así un supermensaje, como un rayo (como su padre hiciera en 1991 con Javier de Haedo, recién designado vicepresidente del Banco Central, para acompañar a Ramón Díaz). Por un lado, fue un recordatorio de su liderazgo de una coalición nada sencilla; y por otro, un meta-mensaje sobre el gasto público y el funcionariado, que aumentó alrededor de 30% durante los gobiernos del Frente Amplio.  Al día siguiente, Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), remachó el clavo: “Todas las empresas públicas están sobredimensionadas”.

El gobierno no cuestiona específicamente a esas 857 personas contratadas, cuyas situaciones y calidades son diferentes y eventualmente necesarias, sino a la plantilla en general, que considera teñida de rigidez, privilegios y clientelismo: en el Estado central, en las empresas públicas y en las intendencias.

La economía se reabre poco a poco, algo ajada y marchita. Los comercios del Centro de Montevideo son una parábola de estos tiempos. Reabrieron, pero venden mucho menos que antes, cuando ya vendían poco.

La producción cae (aunque de manera despareja), el desempleo es muy alto, sobre todo entre jóvenes y mujeres, y crecen la pobreza, el déficit en las cuentas públicas y las deudas. Es otra cara triste de la pandemia.

Mientras tanto, el miércoles 20 se celebró una atípica aunque no menos fervorosa Marcha del Silencio virtual por 197 personas detenidas-desaparecidas en dictadura, sobre todo entre 1976 y 1977, en general militantes de diversos sectores de izquierda, y también hijos pequeños. La fecha evoca el asesinato en Buenos Aires de cuatro uruguayos, entre ellos los exlegisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

La gran mayoría fueron victimados en Argentina, eventualmente con la colaboración de policías y militares uruguayos. Unos 40 fueron desaparecidos en Uruguay, tras ser ejecutados o morir por torturas, de manera ultraintencional o deliberada. Cinco cuerpos fueron hallados e identificados en Uruguay a partir de 2005, en predios militares, después que el primer gobierno del Frente Amplio corrió parte del velo tendido durante décadas.