El “pico alarmante” de violencia causó gran preocupación en el gobierno

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, señaló este martes en conferencia de prensa tras la imputación de tres personas por el triple asesinato que el gobierno seguirá plantándose "muy firme" contra el delito. "Vamos a seguir muy firme contra el crimen y los criminales en esa tarea que no va a terminar nunca; que tiene este hito, y que por supuesto yo creo que es para destacar una vez más el trabajo en conjunto entre Fiscalía y el Ministerio del Interior que permite arrojar resultados", dijo el ministro luego de que en 24 horas se encontrara al homicida que aparentemente cometió el crimen para robarle las armas.

Larrañaga afirmó que la Policía emitió una instrucción a los uniformados para que tengan extremo cuidado en el porte de sus armas de reglamento. "Hay una orden de servicio con las cautelas del caso para llevar adelante el cuidado de las armas en función de su estado policial, pero también por razones de no avivar a nadie no voy a decir cuáles son los contenidos de esa indicación", señaló.

Pero lejos de ser el único, el hecho significó el inicio de 48 horas negras, en las que se registraron otros cuatro asesinatos, dos de ellos femicidios, aunque uno está catalogado como sospechoso. 

El tema fue el primero de los analizados este martes en la reunión de coordinación entre el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón en la Torre Ejecutiva. 

La vicepresidenta dijo tras el encuentro que los hechos representan un “pico alarmante” y que hay “gran preocupación” en el gobierno. “Estas últimas horas han sido dramáticas para la sociedad uruguaya”, subrayó.

Entre el domingo y el lunes, una mujer fue asesinada por su hijo de 45 años; un padre mató a sus dos hijos de 8 y 10 años “para hacerle daño a la madre, porque estaban recién separados y no lo aceptaba”, en palabras de la directora de Inmujeres, Mónica Bottero. Además, una mujer murió al caer desde un séptimo piso en Malvín Norte y se cree que su pareja la tiró y se suicidó, ya que él cayó luego.

“La violencia doméstica es una emergencia nacional y por eso desde el principio de la pandemia se trató de que todo el sistema estuviera atento”, señaló Argimón.

El gobierno estudia la posibilidad de que la línea de apoyo psicológico que brinda ASSE y fue instalada de forma puntual por la emergencia de coronavirus pase a ser permanente, luego de que en los primeros días el número 0800-1920 registrara alrededor de 6.000 llamadas, un “número importantísimo”, a juicio de las autoridades.

Argimón confirmó que habrá un refuerzo presupuestal y señaló que en las próximas semanas llegarán las pulseras y los equipos para hacer monitoreo que fueron adquiridos por el Ministerio del Interior a principios de marzo. 

Antes de que Argimón se reuniera con Lacalle Pou, a la Torre Ejecutiva llegó Bottero para reunirse con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. La jerarca expresó su confianza en que el gobierno aumente el presupuesto destinado al organismo, encargado de la atención a las víctimas de violencia de género. “Creo que lo vamos a lograr porque desde el arranque de la pandemia el gobierno dio una señal clara en su compromiso por este tema y ese compromiso sin duda tendrá una expresión presupuestal”, dijo.

Bottero dijo que en los últimos días hubo una “explosión puntual” y que esta semana es de “mucha tristeza, consternación y sorpresa”. 

La jerarca aspira a que Inmujeres pase de tener un presupuesto de $ 6 millones anuales a $ 13 millones, lo que le permitiría extender los servicios de apoyo a hombres con tobilleras que tienen en 12 departamentos a los 7 restantes. “Son hombres que tienen tobillera y precisan una contención, una dupla psicosocial que haga el seguimiento", señaló.

Además de los casos de las últimas 48 horas, Bottero mencionó otros tres casos: una mujer que se suicidó hace unos días en Rocha y “había estado denunciando que fue sometida a abusos y obligada a prostituirse sin tener una respuesta”, y dos mujeres que están en CTI, una en Sarandí del Yi y otra en Canelones, porque recibieron “golpizas de sus parejas”.

“Son una expresión de lo que está pasando de manera crónica en nuestra sociedad. No nos podemos olvidar que la violencia de género es el segundo delito más frecuente que se registra en el país después del hurto” señaló Bottero.

Otro punto de preocupación para el gobierno radica en las denuncias por violencia de género que se realizan al 911. Bottero confirmó que durante la pandemia bajaron 8% mientras que el teléfono de Inmujeres de orientación y consulta tuvo un aumento del 80%. 

Por último expresó que las autoridades trabajan en que el tema pase a formar parte del plan de estudios en la enseñanza. “También tenemos que formar a los agentes de la justicia, operadores de salud y educadores para que entiendan la naturaleza de dónde viene la violencia, que no tiene la misma naturaleza que los delitos que se cometen por delincuencia sino que tiene que ver con vínculos establecidos en que todos fuimos criados”, sentenció.