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08 de enero de 2021 a las 22:18

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La media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que cambia las reglas de juego del negocio forestal es un pésimo mensaje porque pone en cuestión una política de Estado de más de 30 años, respaldada por los tres grandes partidos que han ejercido el gobierno nacional.

El plan de desarrollo forestal, desde la Ley N° 15.939, de 1987, ha sido una rara avis de la política que ha dejado incalculables beneficios en términos de progreso y de enorme potencial por delante.

Hoy el gobierno proyecta que, en un quinquenio, el 30%, y quizás más, de las exportaciones provendrán de bienes del sector forestal.

Es una nueva matriz productiva que en países desarrollados empieza a ser una alternativa de largo plazo para la sustitución de combustibles fósiles que dañan el medio ambiente por su efecto en el calentamiento global.

El proyecto, que restringe el desenvolvimiento forestal, aprobado el 15 de diciembre por el auspiciante Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, establece un límite a la superficie para plantar árboles y prohíbe las plantaciones fuera de las tierras consideradas de “prioridad forestal”.

Llama la atención como los defensores no perciben que el proyecto perjudica el clima de negocios en un sector que madura a largo plazo y envía señales equívocas al resto de los inversores. Ni el propio FA, que gozó de mayoría parlamentaria en tres períodos, intentó un impulsar un proyecto como este. ¿Por qué se suma ahora?

Una política de Estado con la meta ambiciosa de incorporar a su economía la explotación de un recurso natural, históricamente residual, supone al inicio otorgar ciertas condiciones favorables para captar capitales que contribuyan a su despegue. No hubo una política indiscriminada y, ni por asomo, se puede hablar de subsidios al estilo del modelo de sustitución de importaciones, tan dañinos para la economía.

Hubo una estrategia inspiradora en la promoción forestal, en todas sus etapas productivas, ofreciéndose un marco jurídico estable, incentivos transparentes para atraer inversiones e investigación científica para la generación de conocimiento tendente a lograr más valor agregado a la madera, aprovechando que el país tiene suficiente escala por sus casi 940 mil hectáreas de plantaciones comerciales.

El brutal desarrollo forestal se explica por ese conjunto de políticas, sumando las condiciones naturales del país.

Hacer foco en la celulosa en el conjunto del sector, es como detenerse en una foto instantánea para extraer conclusiones sobre una película mucho más larga y compleja.

Sin desconocer su predominio actual, hay otras imágenes que muestran una industria forestal en ascenso en insumos para la construcción, y no únicamente. Y en algunos años, probablemente tendrá mayor fuerza en la producción de energía.

Si el proyecto desfallece en el Senado, entonces lo recordaremos como un suceso penoso como otros de la vida política; pero si se aprueba, podría significar un punto de inflexión en un aspecto en que Uruguay ha mostrado ventajas comparativas en relación a otros países de América Latina: la perdurabilidad de las reglas de juego.

Es muy probable que, si avanza en el Parlamento, el presidente termine vetando la iniciativa de uno de sus socios, lo cual no es bueno para la coalición de gobierno. Pero es el único camino que queda para defender una política de estado y la seguridad jurídica.

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