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24 de mayo de 2020 a las 05:00

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La decisión fulminante del presidente Lacalle de ordenar al directorio de Antel dar marcha atrás en la presupuestación de más de 800 funcionarios del ente y de solicitar la renuncia del presidente Guillermo Iglesias, recientemente designado por el propio gobierno, es un hecho muy poco habitual. Hubo presidentes de entes que cometieron mayores errores en el manejo de los recursos públicos a los que no les llamó siquiera la atención. Baste recordar las enormes pérdidas de más de US$ 800 millones de Ancap bajo la presidencia de Raúl Sendic que no causaron alarma alguna en el gobierno de José Mujica. La caída de Sendic se genera después, siendo vicepresidente de la República, al revelarse el manejo de tarjetas corporativas poco ortodoxo en cosas de poca monta, y máxime si se comparan esas cifras con la enorme pérdida que el estado tuvo que capitalizar a costo del contribuyente.

Muchos analizarán la decisión de Lacalle desde un punto de vista del juego político, de sus relaciones intrapartidarias y con sus socios de la coalición multicolor, con la que ha tenido importantes dificultades para el nombramiento de los directorios de los entes. Como decíamos la semana pasada, siguen siendo un premio consuelo para repartir a dirigentes partidarios y no un mecanismo de búsqueda de la mejor conducción para esas empresas. Empresas que, si bien tienen monopolios en algunas áreas, están cada vez más sujetas a la competencia y a la transformación que llevan consigo los cambios tecnológicos de finales del siglo pasado y principios del actual.

Antel es un ejemplo muy claro de ello y debe competir en un mercado hipercompetitivo y con gigantes de las telecomunicaciones. Hoy día además, las grandes “telcos” se concentran más en generación y distribución de contenidos que las viejas “llamadas telefónicas”. Ancap y UTE, con los cambios que se han generado en la última década en la matriz energética, tienen tantos puntos en común que hace válida la pregunta de si es razonable que sean dos empresas separadas. El Banco de Seguros del Estado compite desde principios de los 90, cuando se desmonopolizaron casi todos sus rubros excepto el de accidentes de trabajo.

Todo esto plantea un panorama desafiante que pone a prueba la propia supervivencia de las empresas o la calidad del servicio que prestan. Por supuesto que se podría bajar mucho la calidad de internet o subir su precio, pero la población toda saltaría enojada. Y ni pensar en el teletrabajo, que fue posible en estos tiempos de quedarse en casa, si no se hubiera invertido en los años 2010/15 en el cableado de fibra óptica, red LTE, Datacenter y cable submarino. Hoy se discute el costo del Antel Arena, su necesidad y su rentabilidad y está bien que así sea. Pero lo importante es la proyección de Antel en el futuro, porque la supervivencia de muchas empresas de telecomunicaciones pende de un hilo. Y ese hilo es tomar las decisiones estratégicas correctas sobre el camino a seguir (en qué áreas me concentro para ser sustentable) y las inversiones a realizar y el personal necesario para llevar a cabo la tarea. Ya no basta poner “Piloto automático” y esperar que vuelvan los buenos tiempos.

Cuánto de este panorama cambiante y desafiante ha sido asumido y entendido por el sistema político es algo difícil de calibrar. Lo cierto es que, en su conjunto, por lo que se ve prima más el reparto de cargos a partidos y a sectores de partidos que a la búsqueda de los más capaces. Y además se sigue haciendo trampas al solitario abonando sueldos a los directores de las empresas que están por muy debajo del mercado. Por esos sueldos, es muy difícil que alguien deje un cargo en la actividad privada. Como me decía un amigo estos días, “si querés un Estado austero y eficiente tenés que pagar muy bien a los que lo gestionan”.

Diego Battiste

Pero volviendo a la decisión del presidente Lacalle, creo que es una buena señal para todo el sistema político en el sentido que con los recursos del estado no se juega. No es una afirmación nueva del presidente. La viene repitiendo desde hace mucho tiempo. A nadie debería llamarle la atención. Y lo importante es que se aplique por igual en todos los casos donde se observan conductas que no recogen ese concepto de austeridad, que no quiere decir inhibir el gasto o la inversión, cuando ellos es necesaria. Podrá haber pérdidas o ganancias, porque de ello ninguna empresa está exenta, pero no puede haber dilapidación, descuido, desorden.

Ojalá está decisión marque un antes y un después en la forma de manejar los dineros públicos, que son los dineros de todos. Y que la política del presidente permee a todos los estratos del sector público, desde las empresas públicas hasta la administración central, pasando por las intendencias, donde hay mucha tela para cortar. 

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