Una propuesta que merece estudio

A la salida de la reunión con el presidente, Manini Ríos señaló que “es una hora complicada para el empresariado nacional. Creemos que es un momento propicio para tomar medidas que permitan sobrevivir en esta situación a las pequeñas y medianas empresas”.

Y apuntó en concreto a diversas medidas de apoyo para la pequeña y mediana empresa en tres áreas: la fiscal, la laboral y la del financiamiento.

Y, aunque no quiso adelantar medidas concretas, habló de flexibilidad laboral y de dar alivio fiscal. Manini agregó que es necesaria una “flexibilización suficiente” para que el pequeño empresario no esté sujeto a las mismas normas que el gran empresario.  “Hoy por hoy el almacén de barrio paga el mismo laudo que las grandes superficies”, y aseguró que es necesario “un gran acuerdo nacional” e implementar medidas “lo antes posible”.

Y a modo de ejemplo señaló: “En el contrato con UPM está todo lo que hay que hacer pero ahora dirigido a las pequeñas y medianas empresas”.

Y eso es una gran verdad. UPM consiguió rebajas impositivas y flexibilizaciones laborales que deberían aplicarse al resto de las empresas del país. Es verdad que no hubo una inversión tan grande como la de UPM, pero que se diría si se sumaran las inversiones de todas las pequeñas y medianas empresas. Y, más aún, si se sumara todo el empleo que generan.

El asunto es que individualmente consideradas, estas empresas no tienen peso para pedir beneficios que no son otra cosa que la reducción del llamado “costo país” y que las coloca en posición poco competitiva.

La pandemia ha puesto en evidencia, más aún si cabe, ese costo país y la necesidad de “aflojar la cincha” al empresariado grande o pequeño.

Y no solo por razones económicas sino también por muy válidas razones sociales. Estas empresas contribuyen de forma decisiva a expandir y fortalecer el tejido social, integrando a muchas personas que de otro modo quedarían fuera del sistema. Eso no se nota a primera vista pero cuando aumenta la delincuencia, cuando se pierde la cultura del trabajo y se fomenta la cultura de asistencialismo, o aumente el número de personas que ni estudian ni trabajan (los famosos “ni ni”), ello se debe a la pérdida de pequeñas y medianas empresas, que son difíciles de recuperar. Por el contrario, cuando prosperan estas empresas la sociedad se fortalece, se genera empleo, y hay una mayor inclusión social.

De ahí la gran importancia de este conjunto de empresas no se pierdan o debiliten. Es preciso, por ejemplo, darles acceso al financiamiento y no aplicar rígidos criterios crediticios. Hay mucha empresa viable que no los tenía al 29 de febrero de 2020.

Lo mismo ocurre en el área laboral. Un gran problema de la negociación por rama es que se favorece a las grandes empresas y se perjudica a la pequeñas y medianas que no tienen la misma capacidad de competir. Sin embargo, los laudos se aplican a todos los igual. Y no hay forma de introducir criterios de flexibilidad. Eso debe cambiar. Es lo que decía Manini de las grandes superficies y el pequeño almacén. Pero la doctrina oficial desde que se restablecieron los consejos de salarios en 2005 fue la de no reconocer flexibilidad alguna. Y eso causó mucho daño.

La pandemia ha puesto todas estas cosas más de manifiesto. Es la hora de mirar el conjunto de las empresas que van a sacar el país adelante. No solo al malla oro, al que sí hay que apoyar, sino también a todo el pelotón que da un aporte invalorable al empleo y a la sociedad. Si no se lo ayuda, esas empresas y esos empleados pasaran a ser parte de lo que el Estado cubra por la vía del asistencialismo o de planes de emergencia. Y eso es malo para las personas, para las empresas y para el país en su conjunto, que necesita gente que emprenda, que empuje, que construya. De lo contrario, vamos camino a un estatismo nefasto donde solo las empresas estatales y las grandes multinacionales tienen cabida.