Uruguay es la nota destacada de la región en transparencia

En esta materia Uruguay tiene un valor agregado muy importante que es motivo de orgullo, pero que no debe ser motivo de autocomplacencia. Por ello es interesante aprovechar esta instancia para hacer zoom en el análisis de algunas dimensiones que cimientan el buen resultado que ha logrado nuestro país. Hay tres dimensiones sobre las cuales es importante trabajar y donde Uruguay lo viene haciendo de buena forma, aunque como verán sobran los ejemplos de mala praxis que se nos puede venir a la mente. Eso queda a criterio del lector.

Transparencia presupuestaria

En este plano nuestro país viene trabajando desde hace algunos años ya, desde OPP-Presidencia -Portal de transparencia presupuestaria-, en un mayor desarrollo de herramientas que permiten conocer cómo se distribuye el presupuesto público en distintos organismos y áreas programáticas del Estado. A ello se agrega un aspecto que a simple vista quizás no es percibido como un instrumento anticorrupción, pero que sí abona el debate público, y, por ende, permite mejorar la calidad de la asignación de los recursos. Referimos al presupuesto quinquenal -Uruguay es de los pocos países, sino el único, que cuenta una ley de presupuesto quinquenal- y las leyes de rendiciones de cuentas. Ambos aspectos fomentan la discusión pública entre actores del gobierno, oposición, actores sociales, periodistas, analistas, todo lo cual contribuye a mejorar la transparencia en la asignación y reordenamiento de los recursos públicos. A menudo está tan naturalizado que esto ocurra que nos olvidamos que hay países donde justamente tienen problemas de corrupción, entre otras cosas, pero básicamente, por carecer de instancias de debate público. Un ejemplo ilustrativo tomado del informe, refiere a una denuncia de un grupo de enfermeras del Congo que denunciaron que fueron obligadas a trabajar sin remuneración por tres meses, a pesar la afirmación del gobierno que había asignado recursos adicionales para combatir el virus. Este ejemplo, solamente ilustra un fenómeno más complejo como el costo humano de la corrupción durante el covid-19. Se documenta, por ejemplo, varios casos de gobiernos que compran insumos médicos a empresas que no tienen experiencia previa en el rubro, pero sí tienen un vínculo estrecho con el partido de gobierno, ya sea por contribución en campañas electorales o vínculos familiares. En esta misma línea la revista médica The Lancet había publicado un artículo en el que calificaba a la corrupción como “la mayor amenaza para el futuro de la salud a nivel mundial”. El ejercicio de reparar en estos ejemplos puede servir para no naturalizar las herramientas institucionales con las que cuenta nuestro país.

La supervisión

Son varios los niveles de supervisión que tiene el estado uruguayo. A ellos he hecho referencia en algunas de mis notas. Pero en breves líneas podemos mencionar en primer lugar un sistema normativo que a menudo es vilipendiado por burocrático, como lo son los mecanismos del derecho administrativo. Es decir, ese set de normas contenidas en el Tocaf y en el Tofup no son otra cosa que un conjunto normativo construido durante años que nos ofrece las garantías del debido proceso en la gestión pública. No son trabas burocráticas, sino que son las reglas de juego para los procesos de contratación pública. Con el argumento de la emergencia, a menudo se cuestiona justamente estos procedimientos y con ello a otros organismos que ofrecen garantías en el control como la Auditoría Interna o el Tribunal de cuentas. 

En otro nivel tenemos a la supervisión legislativa. Para un importante teórico de la democracia como lo fue Guillermo O’Donnell el control horizontal de organismos estatales sobre el Poder Ejecutivo es vital para la democracia representativa en los regímenes presidencialistas. De hecho, el informe destaca como un aspecto a mejorar en la región la debilidad del sistema de pesos y contrapesos. En nuestro país, por un lado, la independencia del Poder Judicial es un pilar básico. Por otro, la supervisión de la actividad del gobierno es real y está en manos del Parlamento, que cuenta con mecanismos muy aceitados como los resonantes llamado a los ministros. Pero también la convocatoria de estos y otros jerarcas del Ejecutivo a las comisiones legislativas. Allí hay un vaso comunicante sumamente robusto. La creación de comisiones investigadoras que también suelen ser mediáticas, son otro de los instrumentos.  Y los no tan mediáticos, pero frecuentemente utilizados, pedidos de informes. 

A lo anterior se agrega la implementación de la Ley Sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (2008) que habilita a toda la ciudadanía a solicitar información a los organismos públicos. Y podríamos seguir con la legislación en materia de prevención de corrupción o la jerarquización de la JUTEP.

Finalmente, otro nivel que se ha consolidado en la supervisión, más por el uso y la costumbre, es la coparticipación en entes autónomos, servicios descentralizados y comisiones administradoras. En la práctica estos cargos suelen distribuirse en base a parámetros muy ajustados de representación política, entre los partidos, o más precisamente entre las distintas fracciones de los partidos. Por lo que se genera un ámbito de supervisión también desde el directorio de los entes.   

En este fugaz punteo de algunas de las fortalezas institucionales, seguramente nos viene a la mente distintos casos que demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático. Eso no hace otra cosa que demostrarnos que aún falta mucho trabajo. En definitiva, esa es la modesta intención de esta nota. Una de las hipótesis fuertes de Transparencia Internacional -que compartimos- la esbozan haciendo referencia a Uruguay: “instituciones democráticas fuertes y estables, un poder judicial independiente, y la protección de los derechos básicos son vitales para evitar que la corrupción penetre en el Estado”.