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Fue una de las grandes banderas de la izquierda durante décadas. La autonomía era defendida a capa y espada por los frenteamplistas cuando eran oposición, pero ahora, en su tercer período al frente del Poder Ejecutivo, están intentando correr la barrera todo lo que se pueda, al punto de tener que utilizar recursos jurídicos al borde de la legalidad para controlar a entes y empresas públicas.

¿Por qué en el pasado, cuando eran oposición, defendían tanto la autonomía? Motivos ideológicos sin dudas, pero también políticos.

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En las corporaciones –sobre todo de la educación y la salud– eran mayoría. Y, si se respetaba la autonomía prevista por el marco legal vigente, podrían tener cuotas de poder mucho más fuertes. Eso se veía sobre todo en la enseñanza. Pero no solamente por la fuerza de los gremios, sino sobre todo porque los gobiernos blancos y colorados tenían muy pocas opciones a la hora de elegir a sus representantes para los organismos de conducción (Codicen, Primaria, Secundaria, UTU), que pudieran responder a sus intenciones o planes políticos.

Desde que está en el Poder Ejecutivo, hace ya 10 años, el Frente Amplio empezó a tener problemas con las autonomías. Eligió a representantes para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que no siempre respondían a las intenciones de la Presidencia.

La mayoría estaban alineados con esa corporación, que no necesariamente responde directamente a los gremios pero que habitualmente es muy permeable a ellos.

En la salud ahora sucede algo similar. Antes los hospitales públicos eran un servicio dependiente del Ministerio de Salud Pública pero, con la creación de la ley de descentralización de la Administración Nacional de Servicios del Salud del Estado (ASSE), todo cambió. Una de las causas fue el poder que se otorgó a los sindicatos al darles un lugar en el organismo directivo.

El fin

El tercer gobierno de la izquierda empezó con el objetivo claro y explícito de correr lo más que se pueda la frontera de esas autonomías. En primer lugar para la educación y la salud, a tal punto que pretenden controlarlas en lo económico pero también en asuntos prácticos.

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undefined El 14 de mayo el presidente se reunió con las autoridades de UTE, ANTEL, OSE, ANCAP y ANP para informarlos que serán controlados en sus inversiones
El 14 de mayo el presidente se reunió con las autoridades de UTE, ANTEL, OSE, ANCAP y ANP para informarlos que serán controlados en sus inversiones
Pero no solo. También en las empresas públicas. Y ahí el promotor de avanzar sobre las autonomías es el ministro de Economía, Danilo Astori. Si fuera por él, lo hubiera hecho antes. En el anterior período de gobierno, desde su rol de vicepresidente y líder político del equipo económico, presionó para que se ejerciera un control más fuerte sobre empresas como ANTEL y ANCAP para alinearlas al criterio del Poder Ejecutivo a la hora de definir sus inversiones.

No tuvo éxito. El presidente José Mujica laudó a favor del Ministerio de Industria, que peleó por defender esas autonomías. Había diferencias ideológicas. Roberto Kreimerman y Edgardo Ortuño consideraban desde el MIEM que las empresas estatales deben tener un rol más desarrollista y promovieron las inversiones.

Ayer Astori hizo explícitas esas intenciones, que ya se van materializando en acciones concretas.

"No estoy proponiendo eliminar la autonomía de esas empresas, sí estoy diciendo que esa autonomía no puede ser incompatible con el interés nacional". Danilo Astori

"Por eso es que por primera vez en mucho tiempo estamos realizando un trabajo especial para programar inversiones de todo el período de ANTEL, UTE, ANCAP, OSE y la Administración Nacional de Puertos (ANP)", dijo el ministro.
Astori y García
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Pero quiere ir más allá. "No nos hemos limitado a eso, porque también hemos fijado criterios, podría llamarse así, restrictivos, limitativos, de los gastos de operación de estas empresas, dada su importancia en la estructura fiscal del país", agregó Astori ayer en un evento de la Cámara Española. Aseguró que el objetivo es mejorar en un punto del PIB el aporte que esas empresas hacen a rentas generales.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) también juega un rol importante en eso, con la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a través del que se van a controlar en tiempo real las inversiones. Prevé hacerlo también con las intendencias, con las dudas jurídicas que eso genera (ver recuadro).

Las otras barreras que corre

Pero en ANEP y ASSE el gobierno de Tabaré Vázquez ya empezó a correr la frontera de la autonomía para limitarla.

La ministra María Julia Muñoz fue pionera en eso, a tal punto que tuvo de entrada choques con los sindicatos y con los representantes de los gremios en el Codicen.


El problema de los científicos treintañeros
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María Julia Muñoz d. battiste

En abril, la consejera Teresita Capurro dijo que "la autonomía del ente fue obviada por el Ministerio de Educación y Cultura al anunciar los nombres de los integrantes de los consejos de educación, en diciembre pasado, atribuyéndose potestades que no le corresponden".

"No hubo en cuatro meses un gesto de consulta y/o gentileza hacia quienes tienen que votar estas designaciones (...) Se nos presenta una lista de nombres sobre tabla rasa y a carpeta cerrada", dijo la jerarca cuando en el Codicen votaban la designación de los jerarcas para Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente.

Los gremios fueron más allá. "El Frente Amplio siempre mantuvo la defensa de la autonomía de la educación; si el gobierno hoy cambió, que lo explicite", dijo el dirigente de Fenapes, José Olivera en el programa En perspectiva el mes pasado.

En la salud también se pretende frenar el avance sindical. Por ejemplo, el sistituto del exdirector de ASSE en representación de los trabajadores Alfredo Silva (investigado por un delito de corrupción) será elegido por el Poder Ejecutivo de una lista que le envíe el PIT-CNT. Silva había sido electo directamente por la central sindical.



El plan para controlar inversiones

El gobierno de José Mujica creó, en una ley de rendición de cuentas, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). A través de ese mecanismo pretende que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cumpla con uno de sus cometidos constitucionales que es monitorear todos los presupuestos del Estado. Pero el control se pretende llevar a tal nivel que el sistema obliga a empresas estatales, entes y hasta intendencias, a incorporar al sistema todas las inversiones, y que no se pueda ejecutar el dinero hasta no tener el aval de la OPP.
Incorporar esa obligatoriedad en un decreto podría ser una violación de la Constitución, porque atacaría directamente la autonomía. Por eso, la obligatoriedad quedó incluida en un manual presentado a los organismos.




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