Si de autos y velocidades se trata, el cuidado de la vida en Uruguay parece haber entrado en temporada de liquidación. Mientras los informes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) confirman que el país vive una epidemia de muertes en el tránsito, la reciente iniciativa para flexibilizar el costo de las multas por exceso de velocidad –que ya fue aprobada en comisión de Diputados- desecha la evidencia científica y los datos de mortalidad, y se convierte en un subsidio a la imprudencia.
Tras una propuesta de los diputados opositores Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Alvaro Perrone (Cabildo Abierto), el oficialismo prontamente se adhirió a la actitud benigna con aquellos que aprietan el acelerador en un país en el que los accidentes de tránsito se llevaron la vida de 434 personas en 2025. Ese mismo año las personas asesinadas fueron 369, para que se tenga dimensión de la tragedia.
La propuesta del sistema político es sencilla. Se mantiene el monto de las sanciones (si se sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa es de 5 unidades reajustables ($9.570), si lo hace por entre 21 km y 30 km son 8 UR ($15.120) y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km es de 12 UR ($ 22.968): pero, una vez aprobado la nueva ley, si se apura a pagar la multa, usted gana aunque haya corrido a 159 kilómetros por hora en un tramo en el que se le advierte que no sobrepase los 80 kilómetros. El dinero que deberá abonar se reduce a la mitad si lo paga antes de los 180 días posteriores al incidente, o baja un 30% si lo hace entre los 181 y los 365 días.
“De esta manera se termina premiando a aquel que cumple sobre aquel que no cumple”, dijo el diputado Rodríguez. Es decir, lo que importa es que pague –y que pague con descuento- por más que usted haya intentando levantar vuelo en la carretera.
Bajo la premisa de “ajustar” los valores para que la gente se acostumbre a pagar y baje la morosidad, se termina enviando un mensaje de impunidad. En lugar de ser contemplativo con aquel que en un descuido sobrepasa en 10 o 20 kilómetros la velocidad permitida, se es piadoso con el que la duplica a plena conciencia, algo que garantiza que, ante cualquier imprevisto, las consecuencias sean graves o fatales.
Uno de los argumentos favoritos de quienes defienden la baja de las multas es que los radares son “recaudatorios” y que existe una opinión casi generalizada de que las multas son gravosas. Hay quienes defienden a quienes manejan rápido porque, dicen, el problema no es la velocidad sino la ineficacia del que conduce mal, más allá de cuánto corra.
Sin embargo, los datos de los puntos donde se instalaron dispositivos de control cuentan una historia diferente: en las zonas con radares, las muertes en rutas se redujeron a menos de la mitad. Es decir, el control efectivo salva vidas.
El problema no es el radar, sino el desprecio por la norma. Y la relación entre velocidad y mortalidad es una ley de la física, no una opinión política: a mayor velocidad, menor es el tiempo de reacción y mayor el daño. Si el argumento es que las multas son “caras”, la solución es sencilla: no corra. La multa de tránsito por velocidad no debería ser analizada como si fuera un impuesto al consumo sino como una penalización por poner en riesgo la vida ajena, y si la sanción deja de doler en el bolsillo –el órgano más sensible de muchas personas- entonces deja de cumplir su función disuasoria.
En este sentido, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera dijo lo evidente: "A este proyecto le falta rigurosidad, no diferencia, es al barrer. Hacen politiquería con esto y no es lo correcto, se usan estos temas como botín político”.
“El mundo va en una dirección y el Congreso de intendentes en la otra. Seguramente el mundo esté equivocado”, había dicho Metediera cuando los jefes comunales comenzaron este camino que será avalado por el Parlamento.
En Suiza, por ejemplo, aquel que supere en 40 kilómetros el límite de velocidad se expone a multas gravísimas, a la suspensión del permiso de conducir y a una pena de prisión de uno a cuatro años
También en España uno va a parar a los tribunales si se le va el pie en el acelerador. En Francia, sobrepasar en 50 kilómetros el límite de velocidad supone una multa de 1.500 euros y la confiscación del vehículo. En Australia la tolerancia por encima de la máxima es cercana al cero.
Pero Uruguay es otra cosa y aquí regirá el “pague uno y corra dos”. Festeje, uruguayo, la oferta del sistema político le permite apretar el acelerador a un precio asequible. Eso si llega vivo a la ventanilla más cercana.
