Desde la mitad de la década pasada todos los actores sociales y políticos sabíamos que era necesario llevar adelante una reforma de la seguridad social. Es más, en la mitad del tercer gobierno del Frente Amplio, el entonces Ministro de Economía, Danilo Astori, señaló que era imprescindible llevar adelante esa reforma y que seguramente en el próximo período de gobierno debería realizarse.
Llegó el gobierno de la Coalición Republicana y, a pesar de la pandemia y de numerosas dificultades que hubo que enfrentar como los efectos que la Invasión de Rusia a Ucrania generaron en nuestra economía, se resolvió avanzar en este espinoso y difícil tema porque la situación del déficit de la seguridad social era de tal entidad que no podía postergarse.
Además, la situación se había agravado en los años anteriores por una serie de normas que flexibilizaron las causales de acceso a las jubilaciones y pensiones incrementando de manera significativa el gasto.
Es por ello que en octubre de 2020 se instaló la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social que fue creada por la Ley de Urgente Consideración. Esta Comisión estuvo integrada por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria, más representantes del PIT-CNT, de las Cámaras Empresariales, del Movimiento de Jubilados, del BPS, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Comisión trabajó durante un año, elaborando primero un documento de diagnóstico y posteriormente una propuesta concreta que fue elevada al Poder Ejecutivo y entregada a todos los Partidos Políticos para que presentaran sus aportes.
La propuesta se convirtió en un Anteproyecto de Ley que estuvo disponible para la incorporación de nuevas modificaciones y finalmente se envió al Parlamento en donde se abrió una extensa discusión en cada una de las Cámaras Legislativas para culminar con la aprobación de la Ley 20.130 que estableció la reforma de la seguridad social en mayo de 2023.
De modo que el proceso de diálogo y elaboración de la reforma se desarrolló a lo largo de tres años con una amplia participación de los actores políticos y sociales de nuestro país y el consiguiente debate parlamentario.
Esta reforma ha permitido darle a nuestro país una perspectiva de sostenibilidad de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones que evitó seguir estando en una situación de grave riesgo y, al mismo tiempo, enviar una señal positiva a los organismos internacionales de crédito que estaban viendo con preocupación el riesgo que representaba la ausencia de respuesta a este grave problema.
Finalmente, quienes estuvieron en desacuerdo con la reforma aprobada iniciaron una campaña de recolección de firmas para revertir dos de los principales contenidos de la normativa aprobada, eliminar el pilar de ahorro individual, instaurado a partir de la reforma de 1996, expresado en la existencia de las AFAPs, y reducir la edad de retiro para volver a ponerla en 60 años.
La ciudadanía rechazó la reforma impulsada por el PIT-CNT y ciertos sectores del Frente Amplio por una mayoría del 60% en el Plebiscito Constitucional de octubre de 2024.
Sin embargo, el actual gobierno convocó a un nuevo Diálogo Social con el objetivo de modificar lo establecido en la Reforma de 2023, como si el país no hubiera tenido un largo proceso de discusión y participación extendido durante cuatro años.
Pero, además, como si esto fuera poco, el ámbito de Diálogo Social desembocó en un acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT para impulsar algunas modificaciones que están focalizadas en los mismos dos temas que la ciudadanía ya había rechazado en el Plebiscito de 2024.
Los sectores del Frente Amplio que impulsaron el Plebiscito de 2024 empujaron y consiguieron que el resto del partido de gobierno se embarque en promover cambios que ya fueron laudados por la ciudadanía. Los sectores más radicales del partido de gobierno en alianza con el PIT-CNT se están llevando puestos al resto del Frente Amplio para volver a intentar, ahora por la vía legislativa, cambios con respecto al régimen de AFAPs y la edad de retiro.
Se busca ganar en la liga lo que se perdió en la cancha. Incluso algún Senador llegó a afirmar “Los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedra”, afirmación muy grave que pretende relativizar el pronunciamiento de la ciudadanía. Muy peligroso, además, con respecto al debido respeto de las normas democráticas.
Lo cierto es que ahora se busca la reducción de las competencias de las AFAPs con respecto a la gestión y administración de los aportes de cientos de miles de ciudadanos trasladándolas a algún organismo del Estado, dando un paso en la dirección de debilitar el sistema de ahorro individual, estatizando esa función, aunque no les guste reconocerlo y hayamos escuchado en estos días múltiples versiones de lo que ocurrirá.
Por otro lado, también se pretende permitir la jubilación a los 60 años (ciertamente hoy en día la edad de retiro sigue siendo 60 años para todos los que hoy tienen más de 53 años, puesto que la edad de 65 años quedará establecida recién para los que ahora tienen menos de 48 años). Esta modificación supone una afectación muy riesgosa sobre la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones y pensiones.
Aunque parezca mentira, estos cambios no están acompañados de una estimación precisa del costo que tendría para el país esta marcha atrás de la reforma. Se ha dicho que están estudiando los números. Muy poco serio.
En síntesis, este gobierno empujado por los sectores más radicales del partido de gobierno en alianza con el PIT-CNT, busca retroceder en un tema que, si no se maneja con una gran responsabilidad, puede hacerle perder a nuestro país la imagen de solvencia, credibilidad y confianza que tanto nos ha costado construir y comprometer el futuro de las prestaciones previsionales para las futuras generaciones. Todavía estamos a tiempo de evitar este gran paso en falso.
