El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros el miércoles 27 de mayo
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El envío al Parlamento del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida constituye una buena noticia para el país. No solamente por el contenido de la iniciativa, que seguramente será objeto de análisis, ajustes y debates durante su tratamiento legislativo, sino porque vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que Uruguay necesita abordar con profundidad: cómo generar mejores condiciones para crecer, invertir, innovar y crear empleo en un contexto internacional cada vez más competitivo.
Uno de los aspectos más valiosos del proceso que antecedió a este proyecto fue la convocatoria al diálogo. El Poder Ejecutivo promovió intercambios con cámaras empresariales, representantes de los trabajadores, la academia y diversos actores de la sociedad. Ese camino merece ser destacado porque los desafíos del desarrollo no se resuelven desde una única mirada ni desde un único sector. Uruguay ha demostrado a lo largo de su historia que es capaz de construir acuerdos duraderos cuando los objetivos son relevantes para el futuro del país.
La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la promoción de inversiones y la apertura al mundo son resultados de procesos que trascendieron gobiernos y partidos políticos. Hoy enfrentamos un desafío similar. Vivimos en una economía global donde los países compiten por atraer inversiones, talento, tecnología y proyectos de alto valor agregado.
En ese escenario, Uruguay cuenta con fortalezas reconocidas internacionalmente: instituciones sólidas, previsibilidad, respeto por las reglas de juego y una buena reputación construida durante décadas. Sin embargo, también existen aspectos que requieren atención. La acumulación de trámites, regulaciones, procedimientos y costos administrativos ha generado, en muchos casos, dificultades para quienes producen, emprenden, exportan o invierten. Son temas que empresarios, trabajadores, académicos y organismos internacionales señalan con frecuencia y que merecen ser abordados con seriedad. Por eso el debate parlamentario que comienza resulta tan importante. Más allá de las legítimas diferencias políticas, sería deseable que el tratamiento de esta ley mantuviera el espíritu de diálogo que acompañó su elaboración.
El Parlamento tiene la oportunidad de enriquecer la propuesta, incorporar aportes y construir una herramienta que contribuya efectivamente a mejorar la competitividad del país. La discusión de fondo no es únicamente económica. Es una discusión sobre el modelo de desarrollo que Uruguay necesita para los próximos años. Un país que aspira a atraer más inversiones, generar empleo de calidad, fortalecer su inserción internacional y ofrecer mayores oportunidades a las nuevas generaciones necesita construir consensos amplios alrededor de esos objetivos. La competitividad no debería ser entendida como una reivindicación sectorial ni como una bandera partidaria.
Debería ser vista como una condición necesaria para sostener el crecimiento, mejorar la productividad y ampliar las oportunidades de desarrollo para toda la sociedad. Quizás el mayor valor de este proyecto sea precisamente ese: la posibilidad de volver a reunir al sistema político, al sector empresarial, a los trabajadores, a la academia y a la sociedad civil alrededor de una conversación estratégica sobre el futuro. Porque las leyes son importantes. Pero mucho más importante es la capacidad de construir una visión compartida de país. Y tal vez allí resida la verdadera oportunidad que hoy tiene Uruguay: transformar este debate en el punto de partida de una nueva etapa de desarrollo, confianza y crecimiento para la próxima década.
