No podemos seguir haciendo lo que hicimos durante dos décadas: darle vueltas al asunto, avanzar y retroceder, mientras el problema de fondo crece a nuestras espaldas.
Abogado egresado de la Universidad de Montevideo y MBA por IE University de Madrid. Es docente de Teoría y Análisis Político.
Allanamientos en Marconi
Foto: Ministerio del Interior
Dos décadas. Ese es el tiempo que Uruguay lleva discutiendo la misma pregunta: si permitir o no los allanamientos nocturnos como herramienta contra el delito y el narcotráfico. Desde el primer proyecto de ley de 2006 hasta la propuesta de esta semana pasaron veinte años. En ese tiempo que le lleva a una persona llegar a la adultez probamos, o al menos se propusieron, casi todos los caminos normativos disponibles: leyes interpretativas de la Constitución, plebiscitos, grandes acuerdos políticos. Con orden del juez, o solo en caso de extrema necesidad. Interpretar que no se trata de un hogar si se vende droga. Cambiemos el contenido o las vías del debate, el resultado siempre fue el mismo.
Sin embargo, cada tanto el tema resucita, ocupa titulares y enciende una polémica en los programas políticos. Y el final, invariablemente, siempre ha sido un portazo, hasta la próxima vez que se lo llame, porque nunca muestra un cierre definitivo. Ahora, otra vez, vuelve a la agenda política, en momentos donde la inseguridad está rodeada de cifras preocupantes de homicidios, crímenes de alto impacto mediático e incluso pedidos de renuncias ministeriales. Será, si no me equivoco, la quinta vez que como país nos sentamos a debatir exactamente lo mismo.
Quiero dejar en claro que apoyo la medida de fondo y que ojalá, esta vez sí, por fin, se apruebe. Mi frustración viene por otro lado. El problema es que, mientras nosotros debatimos durante veinte años sobre la propuesta a la velocidad de la burocracia y de los tiempos políticos -comisiones, informes en minoría, juntadas de firmas, la llegada de cada elección-, el delito y el narcotráfico se movieron a la velocidad que quisieron. No esperaron a que la ciudadanía y el sistema político nos pusiéramos de acuerdo. Avanzaron. Y las cifras, aunque hoy nos duelan, lo demuestran mejor que cualquier adjetivo.
A mediados de la década de 2000, cuando recién empezaba este debate, Uruguay tenía una tasa de homicidios de alrededor de 5,7 cada 100.000 habitantes: menos de 200 muertes violentas por año en todo el país. En 2025 se registraron 369 homicidios, una tasa de 10,3 cada 100.000. Prácticamente se duplicó. La población carcelaria siguió la misma tendencia: pasamos de poco más de 7.000 personas privadas de libertad a mediados de los 2000 a más de 16.000 en 2025, una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y del mundo. Y el narcotráfico, ese que hace veinte años algunos dirigentes describían como un problema potencial y lejano, algo que "acá nunca iba a pasar", dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad innegable, presente en los barrios, en los puertos y en las páginas policiales de todos los días.
Mientras tanto, debatimos cuatro veces sobre los allanamientos nocturnos. Y en cada una de esas veces los tiempos de la política parecieron transcurrir en otra dimensión temporal, una que no tiene ninguna correlación con la urgencia del problema ni con la impaciencia de una población que está harta de la inseguridad en la que vive. Siempre defenderé el debate político sobre las políticas públicas y sus efectos, pero habilitar los allanamientos nocturnos debe ser la política de seguridad más debatida de nuestro país en el siglo XXI. Ya existieron varias instancias sobre el mismo tema, mesas redondas, declaraciones de fiscales, jueces, guardia republicana, expertos universitarios, jerarcas políticos, acerca de su contenido, viabilidad y conveniencia. Existen numerosos estudios de política comparada que establecen las distintas modalidades de la iniciativa, garantías necesarias y mecanismos de implementación. Ya se debatió lo necesario, ahora toca decidir. Tenemos que entender que enfrente hay un mercado ilegal que mueve millones de dólares al año, y que hay gente dispuesta a matar con tal de ganarlo.
Lo que necesitamos, entonces, no es necesariamente aprobar los allanamientos nocturnos. Respeto que haya posiciones en contra de la medida, si es que creen que no es el camino. Sería sano resolver, eso sí, de una vez y por todas, en un sentido o en otro. Si el sistema político concluye, tras un debate serio, que la herramienta sirve y puede diseñarse con garantías suficientes, que se apruebe y se ponga en funcionamiento. Si concluye que no, que se cierre el capítulo y se dejen de agitar expectativas cada tres o cuatro años. Lo que no podemos seguir haciendo es lo que hicimos durante dos décadas: darle vueltas al asunto, avanzar y retroceder, mientras el problema de fondo crece a nuestras espaldas. La ciudadanía ya dio muestras de sobra de que perdió la paciencia con esa forma de hacer política y con los resultados que conlleva en la seguridad pública.
Para el tango, veinte años no son nada. Para debatir una sola política de seguridad es demasiado.
