Leer las 617 páginas de la Rendición de Cuentas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es un ejercicio de resistencia. Cuadros, cifras y formulismos se suceden con una monotonía que parece repetirse, casi sin cambios, gobierno tras gobierno. Hasta que, perdida en una pequeña tabla, aparece eso que los periodistas llaman una noticia: si el país mantiene el ritmo actual, en 2030 tres de cada cuatro jóvenes de entre 21 y 23 años habrán completado la enseñanza obligatoria.
No lo dice exactamente así. Las autoridades educativas de turno optaron por la cautela. Apenas muestra el crecimiento de 3,2 puntos porcentuales de este indicador entre 2024 y 2025. Pero en complemento con una proyección que hizo la propia ANEP, de continuar la tendencia así sería la evolución:
Es la meta más comentada desde hace más de una década. La fijó la ANEP en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, sabiendo que la propuesta, con suerte (y un conjunto de baterías que no llegaron a su esplendor) se alcanzaría en un plazo de diez años. La continuó el gobierno de Luis Lacalle Pou, incluso cuando las autoridades tenían claro que no se concretaría, pero, al decir del propio Robert Silva, “era un objetivo de política educativa que sirve como norte y del que Uruguay no se puede bajar”. Y un argumento casi idéntico usó la actual administración cuando insistió en llegar a ese tan comentado 75% de jóvenes egresados. De ahí el mote de meta imposible.
“Este es el indicador que peor posiciona a Uruguay en la comparación internacional, siendo uno de los países con menor tasa de egreso de la región”, dice uno de los documentos internos de ANEP que había elaborado para la presentación de la Rendición de Cuentas. Es ese que deja al país a la par de Estados que figuran al fondo de casi todo ranking de desarrollo en América Latina.
Uruguay no necesita alcanzar (y en un futuro sobrepasar) la meta por una cuestión comparativa, sino por una razón más sencilla: la educación es obligatoria hasta el término del bachillerato. Lo dice la ley. Fue el acuerdo al que llegó la sociedad.
Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP, es cauto a la hora de hablar de los números. Dice que se propusieron no hacer demasiada gala de estos primeros resultados hasta que la tendencia se afiance e incluso crezca. Pero reconoce que “sería histórico para Uruguay y los indicadores dan esperanza a que, de no pasar nada extraño, se continúe en carrera”.
La foto de hoy, y no la proyección, es todavía más prudente. Lo reza la Rendición de Cuentas: “A pesar de la mejora registrada en la finalización del todo el ciclo, las tasas son aún bajas y aunque las generaciones más jóvenes de sectores en situación de mayor vulnerabilidad muestran avances en sus tasas de culminación, persisten las desigualdades estructurales, dado que por cada 100 egresados del quintil de menores ingresos, hay 265 del quintil superior”.
Durante los años de pandemia no hubo medición porque fue una de las preguntas que quitó la Encuesta Continua de Hogares. Tras ella empezó a notarse un impulso que había iniciado antes de la emergencia sanitaria y que “la crisis convirtió en oportunidad”. Jóvenes que aprovecharon a terminar aquello que debían, becas, pruebas de acreditación, flexibilización de la repetición.
Por eso en el documento que elaboró la ANEP mientras pensaba la Rendición, y que contó con la intervención del director de Planificación Educativa Andrés Peri, se mencionan dos párrafos sobre parte del camino a afianzar para reavivar la esperanza de la que habla Romano:
“Tal vez, el instrumento más idóneo para lograr este objetivo son las becas Butiá dirigidas a población vulnerable tanto de EMB como de EMS. En particular, sería muy importante priorizar las becas entre los que están cursando la EMS para asegurar este último tramo de la escolarización donde muchos estudiantes no culminan. De hecho, para evitar la competencia con el mercado de trabajo posterior a los 15 años, la beca va en aumento a medida que los estudiantes progresan de grado”, dice.
La investigación del sociólogo Pablo Menese ya había concluido que “terminar el liceo no hace la diferencia” en el incentivo económico de cómo te “premia” el mercado. Por eso hablaba de incentivos para no salir a trabajar sin acabar la enseñanza obligatoria.
El segundo párrafo refiere al “shock de comedores en educación media (que se duplican al inicio de esta gestión), además de la política de extensión de tiempo pedagógico va a permitir que los estudiantes tengan mejores condiciones para aprender y culminar”.
Solo para los comedores, la Rendición de Cuentas de ANEP pide un incremento anual de $ 154.660.000 (en dólares son 3,8 millones).
Terminar, ¿a qué costo?
En Uruguay no existen mediciones estandarizadas de los niveles de aprendizaje de los estudiantes al término del bachillerato. Las pruebas diagnóstico de algunas facultades muestran cierta alerta. En Ingeniería, por ejemplo, solo el 25% de quienes se inscribieron a la prueba de matemáticas en el primer semestre de este año la aprobó. El 61% no llegó al mínimo suficiente y el resto no se presentó.
La otra luz amarilla (casi roja) es la asistencia regular que era magra y nunca pudo recuperarse del todo tras la pandemia. En el primer año del bachillerato de Secundaria, por ejemplo, solo cuatro de cada diez alumnos dice “presente” más del 80% de los días lectivos.
Las discusiones de aprendizajes y asistencia podrían abonar a aquella teoría de “qué pasen todos”. Pero eso sería defenestrar el rol de los docentes o el no poder asimilar que la sociedad uruguaya estableció la obligatoriedad hasta el término del bachillerato. Eso vale para todos y no solo para una elite que antes iba a seguir la universidad.
Romano lo había explicado a El Observador: "Uruguay consigue en las pruebas PISA resultados similares a Chile. La diferencia es que en Chille terminan el bachillerato en tiempo casi el doble que en Uruguay. Entonces, ¿qué es la calidad? ¿Es solo el resultado de una prueba? Pareciera que en Uruguay la calidad y cantidad no puede ir juntos. Hay que desterrar la idea de que el cursar en tiempo y forma significa bajar el nivel. ¿Por qué pasa eso? En parte porque el liceo en Uruguay tuvo y tiene una matriz universitaria. No está pensada como parte de la educación obligatoria, sino en función de los estudios universitarios a los que llegan unos pocos".
En ese sentido, Uruguay mejora año a año en la cobertura y en el ciclo básico de liceos y UTU está rozando la universalización. Eso supone más gente con chances de graduarse y hacer crecer la cifra de egresos en la juventud.
De la rispidez a una política de Estado
Era 2015 y el Ejecutivo dio la orden: en el Presupuesto Nacional hay que presentar metas que permitan un monitoreo de las políticas. El mensaje, bastante habitual en el mundo empresarial o en los trabajos por objetivos, cayó como un baldazo de agua fría en la educación.
El presidente Vázquez prometía cambiar el ADN de la educación, sus asesores iban en esa línea, parte de los sindicatos reclamaban la promesa del 6% del PIB para la enseñanza, y en medio empezaba a tejerse una ambición que no encontraba consensos: cómo cambiar la matriz, unificar el seguimiento de trayectorias, hacer que los estudiantes transiten y se gradúen como en cualquier sistema obligatorio.
En las reuniones previas, el Ministerio de Educación y Cultura propuso algunas metas. Según sus cálculos, entre becas, pruebas de acreditación, universalización de la cobertura en el ciclo básico, en diez años debía llegarse a la meta imposible del 75%.
La batería de medidas no convencía a todos. Y según recuerda una consejera del oficialismo que integraba aquel Codicen, esa meta se terminó tomando para el quinquenio casi como un mensaje. Se invirtió el razonamiento: no es a lo que Uruguay va a llegar, sino a lo que debería llegar.
En los números no se tradujo. Hubo un aumento, con subibajas, pero nada muy distinto a años anteriores. Entró un nuevo gobierno, de otro color, y la meta se mantuvo. Ya era una política de la cual el país no podía bajarse. La pandemia dejó un agujero de información y luego algunos pros y contras de la crisis.
El tercer gobierno con metas, el actual, ni lo dudó: pasó a ser una especie de política de Estado. Y aunque existan resistencias respecto a algunas pruebas de acreditación del bachillerato y se está en medio de un cambio del reglamento de evaluación y pasaje de grado, hay consenso incluso entre los sindicados de que todo estudiante debería estar en el centro educativo, que se cuide su trayectoria y que cumpla con el perfil de egreso que se fije.
