Al filo del plazo, el presidente Yamandú Orsi enviará este martes al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas acordado por el gabinete y que tendrá como principal novedad un incremento del gasto de US$ 31 millones destinados a la unificación del sistema de transferencias para combatir la pobreza infantil.
Ese monto se sumará a los US$ 50 millones que ya están votados desde el Presupuesto y que permitirá, sumado a reasignaciones, aumentar la cantidad de dinero que se destina a seguridad, educación, atención a personas en situación de calle e INAU.
Los anuncios fueron realizados por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante una conferencia de prensa en la que hizo un trazo grueso de los cambios y señaló que el incremento provendría de lo recaudado por impuestos a algunos autos eléctricos y nuevas estimaciones de la DGI.
Según supo El Observador por fuentes del gobierno, dentro del gabinete el jerarca presentó un hilado fino de los cambios y dio a conocer que las reasignaciones se harán a partir de recursos del Instituto Nacional de Colonización, supresión de vacantes y gastos de funcionamiento que incluyen misiones oficiales y montos destinados a protocolo.
El oficialismo no tiene mayoría en Diputados por lo que deberá negociar con la oposición para sacar adelante el proyecto. La discusión comenzará en esa cámara y extraoficialmente los legisladores manejan que el equipo económico asista el 8 de julio.
Los recortes y las reasignaciones
La propuesta acordada supone, en 2027, reducir $459 millones de gastos de funcionamiento por “única vez”, recortar otros $59 millones de misiones oficiales y protocolo, suprimir vacantes por $889 millones y quitarle $433 millones al Instituto Nacional de Colonización. El monto total son $1.840 millones que equivalen a US$ 46 millones.
Colonización ha sido una de las banderas del Frente Amplio –con polémicas como María Dolores incluida– y las intenciones de quitarle recursos han generado importantes fricciones en el pasado.
A su vez, el proyecto prevé que en 2028 y 2029 se tomen (cada año) $67 millones de gastos de misiones oficiales y protocolo y $889 millones por supresión de vacantes. Son US$ 24 millones cada año para reasignar. El recorte en misiones oficiales y gastos de protocolo ascenderá a US$ 5 millones en todo el período.
En el caso de la educación, recibirá por reasignación $407 millones en 2027 (unos US$ 10 millones). $300 millones irán para la ANEP, $100 millones para becas de la Udelar y $7 millones para la UTEC.
En 2028 y 2029 las reasignaciones serán por $307 millones. $200 millones en ANEP, $ 100 millones en Udelar y $7 millones en UTEC.
El presupuesto ya tiene aprobado un gasto incremental para 2027 para políticas como la extensión del bono escolar para alcanzar a 230.000 niños y la ampliación de las becas de educación secundaria para llegar a 30.000 estudiantes beneficiarios.
El programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social recibirá $150 millones en 2027 y $180 millones –por año– en 2028 y 2029.
A su vez el área de infancia del INAU recibirá $50 millones en 2027, 2028 y 2029.
Respecto a la seguridad, tal como anunció el ministro Carlos Negro, está previsto que en 2027 reciba $1.233 millones que se distribuirán de la siguiente forma: $382 millones para crear 300 cargos de policías ejecutivos, $18 millones para el INR, $30 millones para seguridad en cárceles y $803 millones para un bolsón de “gastos e inversiones”.
En 2028 y 2029 la reasignación será, cada año, de $418 millones. $370 millones para los nuevos policías, $18 millones para el INR y $30 millones para la seguridad en cárceles.
El sistema unificado de transferencias
Si bien Oddone había dicho en mayo que la intención era que la rendición no tuviera gasto adicional al ya votado, Orsi tomó el reclamo de legisladores oficialistas y ministros, y habilitó un incremento de US$ 31 millones para la reforma que unifica el sistema de transferencias monetarias destinado a hogares con niños y adolescentes.
Según el gobierno, el nuevo esquema –que surge de las recomendaciones del Diálogo Social– busca simplificar el acceso a las prestaciones, reducir errores de exclusión y disminuir los costos administrativos mediante un sistema único con criterios homogéneos y una única ventanilla de acceso. Sustituirá a las cuatro transferencias para esta población que existen hoy (asignaciones contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza).
En 2027 ingresarán al nuevo sistema más de 50.000 niños. El incremento en promedio de las transferencias para quienes tienen entre 0 y 3 años será de 82%.
De 2028 en adelante, los tramos de 4 a 17 años ingresarán paulatinamente, con un incremento promedio de 68%.
El primer año los beneficiarios serán 53.842, el segundo 71.789 y el tercero 89.736. Los recursos asignados partirán de $1.240 millones en 2027 pasando a $1.720 millones en 2028 y $1.880 millones en 2029.
A juicio del Ejecutivo, se trata del mayor cambio en el sistema de transferencias en dos décadas, ya que duplica el impacto del sistema de transferencias sobre la pobreza. Las estimaciones sugieren una “reducción de 25% en la pobreza de los grupos que se integran al nuevo esquema”, tal como dijo el director de la OPP, Rodrigo Arim.
