Uso de datos del colono por parte de Presidencia divide a expertos

El hecho de que Presidencia de la República publicara en su página web los datos de un deudor del Instituto Nacional de Colonización causó todo tipo de reacciones, la mayor parte negativas. La primera reacción de abogados fue señalar que se trata de un ilícito. Sin embargo, entre los expertos en el tema no existe una postura homogénea sobre si el uso que Presidencia hizo de esos datos puede generar una demanda civil.

Mientras que algunos creen que esa información es pública y, por tanto, el accionar del gobierno no merece reparos, otros creen que la finalidad con la que fueron utilizados contraviene la ley de protección de datos personales.

"Nosotros deberíamos estar al tanto de todos los deudores del Estado", dijo a El Observador María Luisa Tosi, profesora adjunta de Informática Jurídica y Derecho Informático en la Universidad de la República. Tosi entiende que la publicación de estos datos por parte de Presidencia puede ser "inoportuna" pero no configura ninguna ilegalidad. "La información es pública como lo es la información de cualquier registro público", agregó la docente. Además, según entiende, tampoco existe una "violación de los datos personales".

"Lo que sorprende es que Presidencia no lo hace habitualmente. Ojalá sea el principio y que no tenga que pasar algo para que difundan quién nos está debiendo dinero a todos", agregó.

Este lunes Presidencia publicó en su página web que Gabriel Arrieta, un productor que ese día discutió con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y lo llamó "mentiroso" es deudor del Instituto Nacional de Colonización y ocupa ilegalmente un terreno en San José desde 2008.

La ley de protección de datos personales no establece ningún tipo de delito para el que la viola. Lo único que puede generar es una demanda civil que obligue a una reparación por parte del Estado. Quienes se oponen al accionar de Presidencia cuestionan la finalidad con la que se utilizaron los datos. "El dato debe utilizarse para la finalidad para la cual fue recabado. El procesamiento del dato más allá de esa finalidad es ilegal", dijo a El Observador Ana Brian, doctora en derecho y ciencias sociales. Agregó que "queda claro" que la finalidad de esa base de datos no es darle la información a Presidencia para que la publique luego del incidente con el productor.

Gustavo Salle, abogado del productor, analiza si es posible presentar una demanda contra el Estado por este caso. Si bien todavía no tiene una decisión tomada al respecto, entiende que no tiene mucho margen para demandar al Estado ya que los datos son públicos. Sin embargo, asegura que el que tiene que juzgar el accionar de Presidencia es "el pueblo porque la falta es ética". En tanto, el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo) asegura que el comunicado publicado por Presidencia sobre el productor Arrieta puede generar "efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión", según dice un mensaje difundido este miércoles. "El texto identifica con nombre y apellido al ciudadano, señala que mantiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización así como la existencia de un proceso judicial impulsado por parte del organismo", explica el comunicado. Señala que el Poder Ejecutivo utiliza información privilegiada desde "una situación de poder".