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La conveniencia de utilizar los APR –Acuerdo Privado de Reorganización– en un contexto muy desafiante en el agro, con muchas empresas soportando tensiones en sus flujos de ingresos y egresos, fue destacada en la Expo Rural de Melilla por el Dr. Juan Andrés Urgoiti, profesional del Estudio Jurídico Bragard.

El Dr. Urgoiti, responsable del área de reestructuras y situaciones especiales de Bragard, en la exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) brindó una conferencia titulada “Herramientas legales para afrontar periodos de estrés financiero”.

Al comienzo, en la Sala de Conferencias del predio de Melilla, señaló al auditorio la existencia de un contexto económico muy desafiante, en tres niveles que explicó.

Desaceleración de la economía, la guerra y la sequía

Por un lado, a nivel de la economía local, “se evidencia una desaceleración en el crecimiento del PBI, cerrando 2025 en guarismos cercanos a la recesión técnica” y, en línea con eso, “las proyecciones de crecimiento de PBI para este año y el próximo están siendo revisadas a la baja por el equipo económico”, expresó a El Observador.

Por otro lado, a nivel mundial, “se advierte inestabilidad económica y política derivada de la guerra en Medio Oriente, provocando el incremento de costos de importantes variables para la producción (y para la economía en general), como lo es el petróleo y, en particular para el sector productivo, los fertilizantes (...), si la guerra en Medio Oriente se mantiene, probablemente conviviremos con este contexto económico internacional durante un tiempo más prolongado que el deseable, impactando lo anterior en una menor actividad económica e inversión y posiblemente en rebrotes inflacionarios”, advirtió.

Por si lo anterior no fuera lo suficientemente nocivo para la producción, señaló el profesional del Estudio Bragard, “eventos climáticos adversos como la sequía han impactado en los rendimientos de soja –tercer producto de mayor exportación del país por US$ 1.420 millones en 2025–, esperándose volúmenes 40 a 50 % menores respecto a la cosecha del pasado año, generando una pérdida preliminarmente estimada para el país del entorno de los US$ 1.500 millones, una suma muy importante que no ingresará al flujo de la economía, afectando a productores y demás agentes económicos vinculados al agro, como transportistas, trabajadores del sector, contratistas, proveedores de insumos, comercios de las zonas más afectadas, etcétera (...), además ese menor volumen de exportación de commodities, sin que haya mediado un aumento significativo en precios internacionales, seguramente se traduzca en una menor recaudación tributaria”.

Acuerdo Privado de Reorganización

Con ese escenario como marco, el Dr. Urgoiti expresó que muchas empresas y otros agentes económicos, poniendo el foco en el sector agropecuario (y en particular en el agrícola), ven tensionados sus flujos de ingresos y egresos, por lo cual identificó al APR como una herramienta óptima a considerar.

El APR es un acuerdo celebrado entre un deudor y sus acreedores, cuyo contenido puede consistir en quitas y/o esperas, nuevos plazos de vencimiento de los créditos, constitución de garantías y cualquier otra alternativa lícita, existiendo un importante margen de flexibilidad para acordar los términos de las nuevas condiciones financieras”, explicó.

Añadió que se trata de “un instrumento esencialmente privado y preventivo de la declaración judicial del concurso de acreedores y de la liquidación judicial de activos”.

Permite –sortear dificultades financieras empresariales de una forma ordenada, ágil y efectiva, posibilitando el mantenimiento de la unidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones asumidas Permite –sortear dificultades financieras empresariales de una forma ordenada, ágil y efectiva, posibilitando el mantenimiento de la unidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones asumidas

“El APR permite al productor o agente económico que se encuentra en dificultades financieras acordar una fórmula de repago de sus obligaciones en condiciones diferentes a las originalmente pactadas”, indicó.

Puntualizó que “una vez aprobado judicialmente el APR, los acreedores no podrán promover acciones contra el patrimonio del deudor, permitiendo de este modo que el agente económico pueda llevar adelante su actividad normalmente, centrándose en tomar las decisiones productivas más adecuadas, con las dificultades financieras resueltas”.

En este sentido, agregó, “es importante destacar que durante la negociación del APR y durante la vigencia del mismo, y a diferencia de lo que sucede en el marco de un proceso judicial de concurso, el productor no es desplazado de la administración del negocio por un síndico o interventor”.

Clave: detección temprana de la insolvencia

Durante su oratoria puso especial énfasis en el el valor de detectar a tiempo la insolvencia y en la importancia de liderar la iniciativa ante los acreedores: “Efectivamente, un aspecto importante para éxito del proceso de negociación con los acreedores es detectar la dificultad financiera a tiempo, la detección temprana de la insolvencia redunda, a su vez, en una protección más robusta de los derechos del acreedor y, en consecuencia, en un resultado más satisfactorio para las dos partes”.

“En muchas ocasiones, la no detección a tiempo significa que se tenga que acudir el proceso de concurso de acreedores o liquidación de los activos, derivando en una mayor destrucción de valor del negocio y de los activos, y por tanto en una menor expectativa de cobro del acreedor”, comentó.

Destacó, relacionado con eso, que “nuestro marco legal refiere a ‘estado de insolvencia’, entendido éste como la imposibilidad actual o inminente que tiene un agente económico para pagar –con los fondos generados por el negocio– sus obligaciones en los plazos y condiciones originalmente convenidos”.

El valor de considerar la herramienta en este momento

“En particular, y para el momento actual del sector agropecuario (en especial el agrícola), es de especial trascendencia en este contexto proyectar nuevamente el flujo de ingresos y egresos. Probablemente, los ingresos se verán reducidos por los menores volúmenes cosechados y los egresos se verán incrementados, por las razones ya señaladas. De modo que, si en la proyección del flujo de fondos se advierte la imposibilidad inminente de abonar las obligaciones en los plazos convenidos, el estado de insolvencia podrá verse materializado en pocos meses, resultando de especial conveniencia evaluar la posibilidad de iniciar un proceso de negociación con los acreedores, que conduzca a la celebración de un APR”, aconsejó el Dr. Urgoiti.

“La detección temprana del estado de insolvencia y el inicio tempestivo del contacto con los acreedores evidencia un accionar profesional y cauteloso del agente económico, generando mayor confianza en la negociación con sus acreedores”, remarcó.

El contexto

El profesional, tras una consulta, afirmó que ya “utilizaron la herramienta (APR) empresas del sector ganadero, agrícola, producción de malta y cebada, así como empresas del sector lácteo, permitiendo, en la enorme mayoría de las experiencias, una salida ordenada del estado de dificultad financiera”.

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Finalmente, el Dr. Urgoiti, abogado (Universidad de la República) con posgrado en finanzas (Universidad Católica Argentina), sobre la experiencia de brindar una de las charlas en el ciclo de conferencias de que la ARU organizó durante la Expo Rural de Melilla 2026, dijo que “fue un verdadero orgullo para la firma y en lo personal haber participado de la exposición, recorrerla, y advertir la innovación y el empuje del sector agropecuario también resultó de enorme satisfacción, por lo que traslado nuestro especial agradecimiento a la Asociación Rural del Uruguay por la oportunidad”.

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