19 de mayo 2024
26 de diciembre 2023 - 7:24hs

De cara al desafío de optimizar la estructura estatal, el Gobierno de Javier Milei publicó este martes un decreto que marca el inicio de un proceso para reducir el número de empleados públicos. La medida inmediata implica la no renovación de contratos que fueron suscritos por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen el 31 de diciembre de ese mismo año.

Esta decisión, anunciada previamente por Luis Caputo, ministro de Hacienda, apunta a una reducción estimada de 7000 empleados, según diversas fuentes vinculadas al tema.

Aunque desde la Casa Rosada se abstienen de confirmar cifras específicas, ratifican la no renovación de contratos y adelantan que el decreto, que será dado a conocer en las próximas horas, incluirá la apertura de una fase de evaluación de todas las estructuras gubernamentales durante los próximos 90 días. Esta evaluación determinará qué puestos se mantendrán y cuáles podrían estar sujetos a recortes en una eventual nueva etapa.

Más noticias

Los sindicatos ya se encuentran en alerta y han previsto medidas para los próximos días.

Esta resolución surge una semana después de que el presidente Javier Milei presentara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), buscando derogar más de 300 leyes, situación que fue llevada a los tribunales por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través de un recurso de amparo. Este recurso fue declarado admisible por el juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari.

En el contexto de esta acción, tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), junto con la UPCN, llevarán a cabo jornadas de "lucha" y movilización el miércoles 27. Ambas organizaciones vigilan de cerca los movimientos de la administración en relación con la continuidad de los puestos en el Estado.

Según el proyecto de decreto que circula en estos días, algunos grupos quedarán exentos de la medida y continuarán en funciones más allá de la fecha de ingreso. Esto incluye a aquellos con "cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales", como personas trans o con discapacidad, quienes no serán afectados por el recorte, según confirman tanto el proyecto del decreto como fuentes al tanto de la decisión.

También se excluye al personal que "haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación", así como el personal que, según la evaluación del titular de cada jurisdicción, sea considerado indispensable para el funcionamiento de la misma, señalando de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.

La forma en que se establece este criterio ha llevado a reconocer, incluso entre los sectores opuestos al Gobierno, que "a diferencia de lo que sucedió con el macrismo, aquí existen ciertos parámetros de previsibilidad".

La Administración Pública Nacional (APN) cuenta con 393,000 empleados, de los cuales 193,000 son civiles distribuidos en distintas áreas y marcos de empleo, según la Ley de Trabajo y la Ley Marco de Empleo Público Nacional. De estos, aproximadamente 100,000 estarían en el segundo marco, con un tercio formando parte de la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado mediante un concurso oficial con competencias y requisitos establecidos. Estos últimos gozan de seguridad en sus cargos, a diferencia de los contratados, entre los cuales se encuentran aquellos afectados por esta primera medida y, eventualmente, por las siguientes.

Temas:

Javier Milei Luis Caputo

Seguí leyendo

Más noticias

Te puede interesar