El Consejo de Mayo formaliza otro giro del Gobierno: explotar "plenamente" los recursos naturales
El informe técnico que guiará la agenda legislativa de Milei propone romper con décadas de restricciones y el sesgo contra el "extractivismo". Advierte que la tecnología puede volver obsoletos recursos valiosos y pide eliminar trabas provinciales.
El Consejo de Mayo presentó este martes su informe con recomendaciones legislativas al gobierno de Javier Milei. Más allá de las cuestiones formales, este documento resulta en verdad una suerte de soporte técnico para la agenda del Ejecutivo y la base para los proyectos de ley que el presidente llevará al Congreso, lo que le otorga un carácter altamente representativo de la visión gubernamental.
Además de otras reformas importantes que el Gobierno pretende llevar adelante en la segunda mitad de su mandato (laboral, impositiva, educativa), en su capítulo sobre recursos naturales el informe del Consejo de Mayo propone un cambio de paradigma en la política extractiva argentina. El documento plantea una "crítica frontal al modelo restrictivo" que rigió durante décadas en la Argentina y defiende una explotación "plena" de los recursos, con un argumento central y liberal: lo que no se aproveche ahora, puede no valer nada mañana.
El diagnóstico del Consejo identifica lo que llama la "paradoja argentina": mientras el petróleo de Vaca Muerta y la producción agropecuaria pampeana son celebrados como "salvadores de la patria", otros sectores como la minería o la salmonicultura permanecen "demonizados" en el debate público. Esta inconsistencia combina preocupaciones ambientales legítimas con sesgos ideológicos, diferencias en los regímenes de regalías entre provincias y Nación, y sospechas de corrupción que terminaron bloqueando inversiones. El resultado de décadas de esta lógica es contundente: Argentina desaprovecha sistemáticamente recursos que países vecinos transformaron en industrias multimillonarias.
"¿Qué clase de contorsión intelectual puede llevarnos a rechazar la explotación de nuestros propios recursos naturales?", se pregunta el informe, que luego advierte sobre un factor que considera decisivo: el tiempo. Los cambios tecnológicos acelerados y las transformaciones demográficas globales pueden convertir en obsoletos recursos que hoy parecen valiosos. La Agencia Internacional de Energía prevé que el consumo de combustibles fósiles alcanzará su máximo antes de 2030, mientras que la caída demográfica en China —que construyó viviendas para 40 millones de personas por año durante décadas— reducirá drásticamente la demanda de minerales como cobre y hierro. Incluso el litio, un recurso estratégico argentino, podría ser reemplazado tecnológicamente por el vanadio.
El informe presentó datos que evidencian la magnitud del rezago argentino. En 2024, Chile exportó minerales por 57.420 millones de dólares, mientras Argentina apenas alcanzó 4.669 millones, una diferencia de más de 12 veces. En el caso del salmón, la brecha resulta aún más pronunciada: Chile exportó 6.371 millones de dólares en 2024 contra apenas 58 millones de Argentina, una proporción de 110 a 1. Uruguay, por su parte, exportó 2.648 millones de dólares en celulosa, papel y cartón en 2024, frente a 253 millones de Argentina.
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El Consejo identificó lo que considera una "paradoja" en el tratamiento de los recursos: mientras el petróleo y el complejo pampeano son celebrados como "salvadores de la patria", la minería y la salmonicultura aparecen "demonizadas" en el debate público. Esta inconsistencia, según el documento, responde a una combinación de factores: preocupaciones ambientales legítimas, sesgos ideológicos, diferencias en los regímenes de regalías entre sectores y sospechas de corrupción en algunos casos.
Las reformas legislativas propuestas
El Consejo propuso modificaciones a cinco leyes nacionales que considera obstáculos para la explotación de recursos. La más controversial es la reforma a la Ley de Glaciares, que introduce una "definición más precisa y operativa del área periglaciar", uno de los puntos que mayor incertidumbre jurídica había generado en proyectos mineros.
La Ley de Bosques también sería modificada: se eliminarían las autorizaciones previas en zonas de categoría III (verde), aquellas de menor valor de conservación. Los productores solo deberían informar su actividad a la autoridad provincial. En las categorías I (roja) y II (amarilla) se mantendría la autorización previa.
Respecto a la Ley de Tierras, que desde 2011 prohíbe que extranjeros posean más de mil hectáreas productivas, el Consejo propone liberarla para privados extranjeros, aunque mantendría restricciones para Estados extranjeros "preservando así los intereses estratégicos y la seguridad nacional".
La Ley de Manejo del Fuego también sería reformada. Actualmente, si hay un incendio en un campo —incluso accidental— el dueño no puede cambiar su uso productivo entre 30 y 60 años. El Consejo considera esta prohibición "desproporcionada e innecesaria" y propone derogarla.
El conflicto con las provincias
La sección más confrontativa del informe aborda las leyes provinciales de compre local y de cupos de mano de obra. El Consejo compiló estas normativas en dos tablas: 16 provincias tienen leyes de compre provincial que obligan al Estado a dar preferencia a proveedores locales, mientras que Santa Cruz, Río Negro, Salta y Neuquén establecen cupos obligatorios de trabajadores residentes, que van del 60% al 90% según la provincia.
El documento es categórico: "Estas restricciones reducen la competencia, encarecen las compras públicas, distorsionan las decisiones de inversión y abren espacio a la discrecionalidad". En el caso de los cupos laborales, sostiene que "encarecen y rigidizan los proyectos, restringen la posibilidad de contratar perfiles especializados" y en algunos casos "pueden directamente impedir que iniciativas productivas viables lleguen a concretarse".
El Consejo reconoce que estas leyes buscan garantizar empleo local y defender la producción provincial, pero argumenta que transfieren recursos "de aquello en lo que somos buenos a nivel mundial, a aquello en lo que somos malos", empobreciendo al conjunto. Por eso "exhorta a los gobernadores a la eliminación" de ambos tipos de normativas.
El informe también identificó inconsistencias en el régimen de regalías que afectan los incentivos provinciales. Las regalías petroleras son provinciales, mientras que las agrícolas (retenciones) son nacionales. En el caso de la minería, la ley limitó el cobro de regalías, lo que según el Consejo "ha reducido el incentivo de las provincias a desarrollar la industria".
Esta tensión federal atraviesa todo el capítulo. Mientras el documento defiende que "la provincia, al estar cerca de los problemas de cada comunidad, puede balancear costos y beneficios" ambientales, simultáneamente pide a esas mismas provincias que renuncien a herramientas de protección económica local. La discusión quedará ahora en manos del Congreso, donde deberán procesarse estas contradicciones entre autonomía provincial y estrategia nacional de explotación de recursos.
