El Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de brindar servicios de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. La operación se enmarca dentro de la Ley Bases, que autoriza la venta de diversas compañías públicas, y deberá concretarse en un plazo de ocho meses.
Según el decreto 198/2025, la privatización de Intercargo se hará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública, sin mecanismos de propiedad participada ni retención de acciones por parte del Estado. La empresa pasará así completamente a manos privadas.
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La privatización de Intercargo se hará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública,
Desde el Ministerio de Transporte argumentaron que la medida busca “reducir la participación estatal en actividades empresariales”, en línea con la visión liberal del presidente Milei. En paralelo, el Gobierno ya habilitó a seis firmas privadas para operar en el mercado de rampas, lo que marcó el fin del monopolio de Intercargo.
Los números detrás de la privatización
Uno de los principales argumentos oficiales para justificar la venta fue que Intercargo representaba un “obstáculo para el equilibrio fiscal”, por haber requerido asistencia financiera entre 2020 y 2023. Sin embargo, en lo que va del 2025 la empresa viene demostrando un cambio en sus ingresos que podría resultar atractivo para los posibles compradores.
De acuerdo con el último informe de la Oficina Nacional del Presupuesto, Intercargo cerró el primer trimestre de 2025 con un superávit financiero de $5.736 millones. Sus ingresos totales alcanzaron los $28.258 millones, mientras que los gastos sumaron $22.521 millones. El 93% de sus ingresos provienen de la operación del servicio, sin subsidios estatales.
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Intercargo cerró el primer trimestre de 2025 con un superávit financiero de $5.736 millones
Además, en 2024 la empresa ya había cerrado el ejercicio con un resultado positivo de más de $18.000 millones, también sin asistencia del Tesoro.
Actualmente, Intercargo emplea a 1.542 personas, tras una reducción de casi 100 puestos respecto al año anterior. La masa salarial representa más de la mitad de sus gastos operativos.
La resistencia gremial
El proceso privatizador generó una inmediata respuesta de los gremios aeronáuticos. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció “graves irregularidades” en la licitación y presentó un amparo judicial para frenar la venta. En un comunicado, el sindicato sostuvo que el objetivo del Gobierno es “precarizar a los trabajadores y transferir negocios rentables del Estado al sector privado”.
Según APA, el procedimiento carece de razonabilidad y viola principios constitucionales. También cuestionaron la narrativa oficial sobre el supuesto déficit de la empresa, calificándola como “falsa y malintencionada”.
Lo que viene
El proceso de venta será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, mientras que la Secretaría de Transporte elaborará la documentación técnica y contractual. La tasación será realizada por una entidad bancaria pública, y todo el procedimiento se hará a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
Intercargo es solo una de las tantas empresas incluidas en el plan de privatizaciones impulsado por la Ley Bases. A ella se suman algunas que ya comenzaron con el proceso, como AySA y Belgrano Cargas. También está el caso de Corredores Viales, para la cual el Gobierno prepara una licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas.
Finalmente, hay otras compañías en proceso de privatización que irán siguiendo este camino. Así lo afirmaron representantes del Gobierno, como es el caso de Luis Caputo, al asegurar recientemente que varias empresas públicas serán vendidas y el dinero obtenido se destinará a aumentar las reservas.
