Un caso de General Cabrera muestra cómo Córdoba ya certifica y comercializa créditos de carbono, mientras el Congreso debate esta semana un marco nacional.
Mientras el Congreso avanza esta semana en el tratamiento de distintos proyectos para establecer un marco regulatorio para los mercados de carbono, un caso ocurrido en Córdoba permite observar cómo estos mecanismos ya comenzaron a desarrollarse a nivel provincial.
En General Cabrera, la empresa 3C Biogás S.A., integrada por las cooperativas Agropecuaria COTAGRO y COPESP, se convirtió en la primera planta de biogás de Argentina en certificar créditos de carbono bajo un estándar normativo provincial: el Estándar CBA.
La planta procesa residuos orgánicos agroindustriales y pecuarios mediante biodigestión anaeróbica.
El proceso evita que el metano generado por la descomposición de esos residuos sea liberado directamente a la atmósfera.
El biogás capturado se utiliza para generar electricidad, que es inyectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mientras que el digestato restante se aprovecha como fertilizante orgánico en establecimientos agrícolas de la zona.
La auditoría técnica registró más de 200.000 toneladas de residuos orgánicos procesados y la emisión de 29.369 créditos de carbono correspondientes a las reducciones logradas entre el 11 de diciembre de 2022 y el 10 de diciembre de 2024.
Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente cuya emisión fue evitada.
El proceso fue diseñado por la consultora Coralia Environmental y verificado y validado de manera independiente por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
El caso adquiere relevancia porque completó el circuito de punta a punta dentro del mercado voluntario: generación de reducciones de emisiones, certificación bajo estándares técnicos, emisión de créditos, comercialización y retiro definitivo para compensar emisiones.
Los créditos fueron comercializados a través del Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA), una plataforma desarrollada conjuntamente por la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.
Parte de los créditos fueron utilizados para neutralizar la huella del partido de rugby disputado en Córdoba en julio de 2026 entre Los Pumas y Escocia. Por decisión de la empresa, los recursos obtenidos fueron destinados al Centro Ambiental de General Cabrera.
El caso de 3C Biogás forma parte de un proceso más amplio desarrollado por Córdoba. La provincia cuenta con un andamiaje técnico-jurídico propio para incentivar la descarbonización y regular los atributos ambientales.
La Ley Provincial N° 10.942, sancionada en noviembre de 2023, estableció un marco normativo para el desarrollo de mercados de instrumentos que certifiquen atributos ambientales.
Entre otras herramientas, contempla planes de reducción de huella ambiental, líneas de base, indicadores de mitigación y mecanismos para calcular la huella de carbono con participación de verificadores externos.
La norma también establece incentivos económicos para las organizaciones que reduzcan o compensen emisiones, como descuentos en impuestos provinciales, acceso a créditos con tasas preferenciales y prioridad en licitaciones de obras o servicios públicos.
Además, creó un registro público de certificados bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial.
A este esquema se sumó la Ley Provincial N° 10.952, que sustenta el Estándar CBA. Este marco técnico-regulatorio permite registrar, monitorear y certificar proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso y la gestión de la energía.
El Estándar CBA contempla distintos instrumentos: créditos de carbono locales orientados a proyectos que capturan y destruyen metano, certificados de energía renovable y etiquetas de producto de baja huella.
Córdoba también había realizado en diciembre de 2022 una prueba piloto de subasta inversa de carbono, mediante la cual se compensaron 27.000 toneladas de COe con la participación de 196 actores.
El esquema provincial se completa con el Decreto N° 1.444/2022, que establece beneficios impositivos para determinados activos ambientales, y con el Programa de Pago por Servicios Ambientales, destinado a compensar económicamente a titulares de tierras que conserven y gestionen bosques nativos.
El caso de General Cabrera no es el único antecedente cordobés.
En el norte de la provincia, el proyecto Bioanglo, perteneciente a la Compañía Anglo Córdoba de Tierras S.A. e integrante del Grupo Río Seco, genera biogás a partir de efluentes vacunos y porcinos, que luego utiliza para producir energía y fertilizante orgánico.
El proyecto obtuvo la validación de Climate Action Reserve, convirtiéndose en el primer proyecto de Argentina y Sudamérica en recibir este sello para comercializar bonos de carbono en mercados internacionales.
El desarrollo fue resultado de un trabajo conjunto entre Climate Action Reserve, MEXICO2 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba para adaptar técnicamente el protocolo internacional de captura y aprovechamiento de metano.
Los casos cordobeses se producen en un contexto en el que Argentina todavía no cuenta con una ley nacional integral que regule el funcionamiento de los mercados de carbono.
Desde 2023, el país cuenta con la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono (ENUMeC), aprobada mediante la Resolución 385/2023 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, la propia estrategia reconoce que la legislación nacional no establece un marco específico para estos mercados.
Entre los aspectos que permanecen sin una regulación nacional integral aparecen cuestiones como la titularidad de los créditos, su emisión y el reparto de beneficios.
También existe una dificultad para que los créditos generados en el mercado voluntario argentino puedan acceder a mercados internacionales regulados.
Para ello se requiere una Carta de Autorización (LoA) de la autoridad nacional, asociada al denominado “Ajuste Correspondiente”. Actualmente, no existe un procedimiento nacional reglado para la emisión de esas autorizaciones.
Argentina cuenta además con el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), creado mediante la Resolución N° 363/2021. Sin embargo, este registro funciona como inventario de proyectos y no constituye un régimen jurídico ni una plataforma comercial para transar créditos.
El debate parlamentario de esta semana pone estas cuestiones en el centro de la discusión.
El caso de 3C Biogás muestra que en Córdoba ya existe una experiencia concreta de generación, certificación, comercialización y retiro de créditos de carbono bajo un esquema provincial. Ahora, el Congreso discute qué marco deberá regir este tipo de activos a nivel nacional.
