Lo que importa sobre el juicio por la expropiación de YPF
- Argentina presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska apoyando el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para investigar supuestos hechos de corrupción en la expropiación de YPF.
- El gobierno de Javier Milei argumentó que una eventual investigación podría arrojar pruebas que respalden la anulación del fallo que obliga al país a pagar USD 16.100 millones.
- La defensa argentina insistió en que los tribunales de EE.UU. no son el ámbito adecuado para resolver la demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park.
- Burford y Eton Park rechazaron la moción de RAFA, argumentando que no tiene relevancia legal ni legitimidad en el proceso.
- El caso sigue en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se espera que un panel de jueces revise la sentencia de Preska en los próximos meses.
Contexto
¿Por qué Argentina pidió investigar la expropiación de YPF?
El gobierno argentino presentó un documento ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el que respalda la moción de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que solicita la revisión del fallo en contra del país por la expropiación de YPF. La petición se basa en la hipótesis de que hubo corrupción en el proceso de estatización de la petrolera y que, de comprobarse, el fallo podría ser revertido.
La ONG liderada por el abogado Fernando Irazu denunció que la adquisición de acciones por parte de la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen, habría sido parte de un esquema fraudulento entre el kirchnerismo y los empresarios involucrados. Según RAFA, esta supuesta maniobra permitió a los Eskenazi beneficiarse de la reestatización de la compañía en perjuicio del Estado argentino.
La organización pidió que el Departamento de Justicia de EE.UU. y otros organismos investiguen el caso y que la sentencia contra Argentina sea anulada hasta que se aclare la legalidad del proceso.
¿Cuál es la postura del gobierno de Milei en este caso?
El escrito enviado por la defensa argentina, a cargo del abogado Robert J. Giuffra, Jr., del estudio Sullivan & Cromwell, sostiene que el país apoya cualquier esfuerzo para esclarecer si hubo irregularidades en la estatización de YPF.
"Argentina ha experimentado de primera mano cómo la corrupción no solo impacta casos específicos, sino que también socava la integridad de los derechos republicanos y las instituciones democráticas", señala el documento. Además, deja abierta la posibilidad de aportar información adicional en caso de que la justicia argentina avance en su propia investigación.
A su vez, el gobierno argentino remarcó que mantiene su postura de que los tribunales de EE.UU. no son el foro adecuado para resolver el conflicto, dado que la expropiación de YPF se trató de una decisión soberana del Estado.
¿Cuál fue la reacción de Burford Capital y Eton Park?
Los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, rechazaron la moción de RAFA y desestimaron el argumento de la defensa argentina. En su respuesta, aseguraron que la ONG no tiene legitimidad para intervenir en el juicio y que su planteo no aporta elementos jurídicos que justifiquen la revisión del fallo.
"RAFA no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso", señalaron los demandantes, representados por el estudio King & Spalding.
También remarcaron que la jueza Preska ya analizó la supuesta vinculación entre el kirchnerismo y los Eskenazi en la compra de acciones de YPF y no encontró pruebas suficientes para anular el caso.
¿Cómo se llegó a este juicio y qué consecuencias tiene para Argentina?
El conflicto judicial tiene su origen en la estatización de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de la compañía que pertenecían a la española Repsol. Sin embargo, no realizó una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, lo que afectó a los accionistas minoritarios, incluidos el Grupo Petersen y Eton Park.
En 2015, Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos litigiosos del Grupo Petersen y demandaron a Argentina en los tribunales de Nueva York, alegando que el Estado incumplió el estatuto de la empresa.
Después de un largo proceso judicial, en septiembre de 2023, la jueza Preska falló en contra de Argentina y determinó que el país debía pagar USD 16.100 millones en indemnizaciones a los demandantes. La sentencia desestimó la responsabilidad de YPF en el caso, pero condenó al Estado como único responsable.
El gobierno argentino apeló el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en febrero de 2024, y se espera que la decisión final se tome en los próximos meses.
¿Qué opinan los especialistas sobre la estrategia argentina?
La estrategia de RAFA y del gobierno argentino generó opiniones divididas entre los expertos en derecho internacional.
Para el abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la presentación de RAFA tiene pocas posibilidades de éxito porque el argumento de corrupción en la estatización de YPF ya fue analizado en el juicio y no se encontraron pruebas suficientes.
En la misma línea, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, sostuvo que el planteo de RAFA es un "remedio heroico" que tiene pocas chances de prosperar. "Es como mandar al arquero a cabecear en el último minuto del partido, y ese arquero es el Chapulín", ironizó en sus redes sociales.
No obstante, algunos analistas consideran que el gobierno busca alargar el proceso judicial para negociar un eventual acuerdo con los demandantes o lograr que el monto de la indemnización se reduzca.
Cómo sigue
La Corte de Apelaciones de Nueva York sigue analizando el caso y se espera que en los próximos meses designe un panel de jueces para resolver la apelación presentada por Argentina.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene su estrategia de explorar todas las vías posibles para revertir o minimizar el impacto del fallo. La investigación sobre presuntas irregularidades en la expropiación de YPF podría convertirse en un argumento adicional en la batalla legal, aunque la efectividad de esta maniobra aún es incierta.
Por ahora, Argentina sigue enfrentando la posibilidad de tener que pagar una de las sentencias más costosas de su historia, en un contexto de fragilidad económica y restricciones de acceso a los mercados financieros internacionales.
