El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados del relevamiento sobre pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2024, la primera medición desde la llegada a la presidencia de Javier Milei. Según el informe, el 52,9% de la población urbana se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que implica que 15.685.603 personas no logran cubrir las necesidades básicas de bienes y servicios. Dentro de este grupo, el 18,1% de la población (5.379.588 personas) vive en condiciones de indigencia, es decir, sin poder acceder siquiera a una canasta alimentaria básica.
Este aumento significativo respecto al semestre anterior muestra una suba de 11,2 puntos porcentuales en la pobreza, que había cerrado 2023 en 41,7%. En cuanto a la indigencia, el incremento fue de 6,2 puntos porcentuales, subiendo desde el 11,9% registrado a fines del año pasado. Estas cifras confirman el deterioro en las condiciones de vida en un contexto marcado por la alta inflación y la crisis económica.
Los datos del INDEC provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se realizó en 31 aglomerados urbanos de todo el país, donde se observa la evolución de las condiciones sociales y económicas en los distintos hogares. En total, 4.319.760 hogares están en situación de pobreza, y dentro de ese grupo, 1.378.142 se encuentran por debajo de la línea de indigencia.
El informe del INDEC muestra una diferencia significativa entre los ingresos de los hogares y el costo de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA). En promedio, el ingreso total de los hogares pobres fue de $407.171 mensuales, mientras que la canasta básica total que deberían cubrir esos hogares fue de $709.318. Esto implica una brecha del 42,6%, lo que refleja que estos hogares no alcanzan a cubrir los costos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta y otros servicios.
Para los hogares indigentes, la brecha es también considerable. Los ingresos promedio de los hogares indigentes fueron de $232.453 mensuales, mientras que la canasta básica alimentaria tuvo un costo de $349.073. La brecha del 33,4% indica que estos hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos esenciales.
El aumento de la pobreza y la indigencia responde a una fuerte discrepancia entre los ingresos y el aumento del costo de vida. Aunque el ingreso total familiar promedio creció un 87,8% durante el semestre, este aumento fue insuficiente para seguir el ritmo de la inflación, ya que la canasta básica alimentaria subió un 115,3% y la canasta básica total lo hizo en un 119,3%.
El impacto de la pobreza no es uniforme en todo el país. Las zonas más afectadas son el Noreste (NEA), donde el 62,9% de la población vive en condiciones de pobreza, y el Noroeste (NOA), con un 57%. Estas regiones históricamente han registrado los mayores niveles de pobreza en Argentina, reflejando desigualdades estructurales que se profundizaron con la crisis actual. Por otro lado, las regiones menos afectadas son la Patagonia, con un 49,1%, y la región Pampeana, con un 49,9%. Estos datos confirman que la crisis económica ha impactado a todo el país, aunque con mayor intensidad en las áreas tradicionalmente más vulnerables.
Los niños y adolescentes son el grupo más afectado por la pobreza. El 66,1% de los menores de 14 años vive en hogares que no pueden cubrir la canasta básica, lo que implica que más de dos tercios de la población infantil en Argentina se encuentran en situación de pobreza. En el grupo de jóvenes de entre 15 y 29 años, el porcentaje de pobreza es del 60,7%, mientras que en la franja de adultos de entre 30 y 64 años, la cifra se sitúa en el 48,6%. Las personas mayores de 65 años también enfrentan una situación complicada, con un 29,7% viviendo en condiciones de pobreza.
Las razones detrás de las estadísticas
El primer semestre de 2024 estuvo atravesado por la inestabilidad económica que afectó tanto los ingresos familiares como el acceso a bienes y servicios básicos. Entre los factores principales que explican el aumento de la pobreza y la indigencia se encuentra la escalada inflacionaria, que cerró en un 144,4% acumulado hasta agosto de 2024. Esta inflación exacerbó los costos de las canastas básicas, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, cuyos ingresos no pudieron seguir el ritmo de los precios.
El impacto de la devaluación realizada en diciembre de 2023 fue otro factor clave. La depreciación del peso, junto con el ajuste fiscal implementado por el Gobierno de Javier Milei, generó una licuación de los salarios reales y un aumento del costo de vida, afectando principalmente a los trabajadores formales e informales. Durante los primeros meses de 2024, el poder adquisitivo de los salarios cayó considerablemente, afectando a todos los sectores, desde los empleados registrados hasta aquellos que dependen de trabajos informales.
El ajuste fiscal, orientado a estabilizar la macroeconomía, también tuvo efectos negativos en la demanda de empleos informales, lo que impactó especialmente en sectores como la construcción, el comercio y los servicios de cuidado. En el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo subió al 7,7%, representando un incremento de dos puntos porcentuales respecto a finales de 2023. En el segundo trimestre, la tasa se estabilizó en 7,6%, pero los datos muestran que se produjo un aumento del empleo informal, lo que indica una mayor precarización laboral.
En términos absolutos, la Argentina registró 1.625.000 personas desocupadas durante el primer semestre de 2024, lo que significa un incremento de 336.000 desocupados en comparación con el año anterior. El empleo registrado perdió 60.400 puestos, mientras que el empleo en negro creció en 328.300 personas. Estos datos señalan una tendencia hacia la informalidad y un mercado laboral más inestable.
Si bien las paritarias lograron cierta recuperación de los salarios formales hacia mediados de año, no fue suficiente para compensar las pérdidas del poder adquisitivo acumuladas durante los primeros meses del año. A partir del segundo trimestre, la inflación comenzó a desacelerarse, ubicándose en un 4% mensual a partir de mayo, lo que permitió una leve recuperación en los ingresos de los hogares, pero no alcanzó para revertir el impacto general de la crisis.
Las proyecciones para el segundo semestre de 2024 sugieren que, aunque la inflación podría continuar desacelerándose, los niveles de pobreza e indigencia seguirán siendo elevados en el corto plazo. Algunos sectores han mostrado señales de recuperación, como la industria y ciertos servicios, pero el proceso de estabilización será lento y dependiente de la evolución de las políticas económicas y sociales del Gobierno. Analistas prevén que, a pesar de los "brotes verdes" en algunos sectores, la estructura del mercado laboral seguirá mostrando signos de precarización y alta informalidad, lo que podría limitar la mejora de las condiciones sociales.
La explicación del Gobierno
Antes de la publicación del informe del INDEC, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se adelantó a las cifras y responsabilizó al gobierno anterior por la situación económica y social que atraviesa el país. "Es la peor herencia de la historia", afirmó en conferencia de prensa. Adorni destacó que el Gobierno del presidente Javier Milei recibió un país en "una situación desastrosa", con una inflación que en diciembre de 2023 alcanzaba el 25,5% mensual y una inflación mayorista del 54%, lo que colocaba a la Argentina al borde de la hiperinflación.
Adorni también señaló que el Gobierno actual evitó una crisis mayor gracias a las políticas de ajuste fiscal y la desintermediación de los planes sociales. Según explicó, desde diciembre de 2023, el 82% de los recursos destinados a políticas sociales se distribuyen de manera directa a las familias, frente al 50% que se ejecutaba al inicio de la gestión.
En cuanto a las transferencias sociales, el vocero presidencial destacó los aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que subieron un 308% y 137,5%, respectivamente, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. A pesar de estos aumentos, los ingresos de las familias beneficiarias de estas prestaciones apenas lograron cubrir el 97,7% de la canasta básica alimentaria.
El Gobierno también reforzó el Plan 1000 días, que se enfoca en el cuidado de las madres y los niños en los primeros años de vida, con incrementos del 1126% en su financiamiento desde diciembre de 2023. Adorni señaló que, aunque las políticas sociales han ayudado a mitigar el impacto de la crisis, "reconstruir lo que se destruyó llevará tiempo.
