La semana pasada, el Congreso convirtió en ley un proyecto que otorga un aumento de jubilaciones del 7,2% y un bono que amplía aún más el incremento. Si bien en el momento pasó desapercibido, la aprobación del artículo 10 del proyecto de ley generó una fuerte reacción en el sistema financiero y productivo. Esto se debe a que la norma incluye una reforma al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un instrumento clave que facilita el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Según denuncian la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la modificación pone en jaque el funcionamiento de uno de los mecanismos más eficientes, inclusivos y federales para financiar a las PyMEs. "Se trata de un grave error de política económica y un retroceso institucional", advirtieron en un comunicado conjunto.
Las cifras detrás de los SGR para las PyMEs
Los datos respaldan la alarma. En la actualidad, 1 de cada 3 préstamos PyME que se canalizan a través del sistema financiero cuenta con el respaldo de una SGR. Este esquema permite que empresas sin historial bancario puedan acceder a financiamiento gracias a garantías privadas consideradas autoliquidables por el Banco Central.
El sistema moviliza más de US$ 3.800 millones en créditos productivos. Además, según el informe “Sistema de SGR Perspectivas 2025” de Moodys Local, se asistió a más de 30 mil MiPyMEs en 2024 y 41 mil contaban con garantías vigentes al cierre del año (+27% vs. diciembre 2023). Este aumento fue impulsado en parte por normativas de SEPYME y generó una mayor penetración del sistema que se ubicó en torno a 5%.
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De acuerdo con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), la modificación pone en riesgo directo el fondeo de estas entidades y, por lo tanto, el funcionamiento de un modelo público-privado que ha sido esencial para sostener más de 500.000 empleos formales.
“Esta medida se tomó sin análisis técnico ni consultas previas y desconoce los impactos positivos del sistema, tanto en términos económicos como fiscales”, agregaron desde CASFOG. A nivel internacional, donde las SGR están presentes en más de 60 países, los instrumentos de garantía explican en promedio el 1,7% del PBI. En Argentina, el volumen garantizado equivale apenas al 0,3% del producto bruto interno, muy por debajo de países como Brasil (1,1%), Chile (3,4%) o España (8,7%).
El rechazo también fue firmado por instituciones clave del mercado de capitales, como BYMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las bolsas de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, entre otras. En una declaración pública, alertaron que el supuesto “costo fiscal” que se busca eliminar representa solo el 0,02% del PBI y que el daño potencial a la economía real supera ampliamente ese valor.
“El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo que se observa en los países con los que competimos. Esta reforma atenta contra uno de los pocos puentes efectivos que tienen las PyMEs para acceder al financiamiento y crecer”, afirmaron.
A este reclamo también se sumó el economista Claudio Zuchovisky. “La excusa que pusieron para financiar el aumento, entre otras, fue lastimar el financiamiento PyME. Entonces, por otro lado, el que paga el precio es una PyME que sin financiamiento no puede competir”, señaló el economista en el programa de Horacio Cabak en El Observador 107.9.
Un sistema estratégico, en riesgo
Más allá de su bajo peso fiscal (apenas el 0,02% del PBI), el sistema de garantías recíprocas sostiene una arquitectura compleja y federal que potencia al entramado productivo. Actualmente, existen 46 SGR en funcionamiento, aunque 20 concentran el 90% de la actividad. De esas, solo 5 operan con intensidad en la cadena de valor, un dato que refleja cuán especializado y delicado es el equilibrio operativo del modelo.
El sistema no solo reduce el riesgo financiero, sino que también actúa como puente de formalización para miles de empresas con balances subvaluados, les permite acceder a financiamiento sin historial crediticio y alivia el costo total de los créditos en un entorno históricamente condicionado por tasas altas y volatilidad.
Para un país donde el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI, lejos de sus pares regionales, desfinanciar las SGR no solo es un error técnico, sino un golpe a uno de los pocos mecanismos que funcionan para incluir, invertir y crecer.
