Contexto
¿Qué fue la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y por qué se creó?
La UTI fue creada el 19 de febrero, cinco días después de que Javier Milei difundiera en su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA. Su misión era recabar información sobre este criptoactivo, colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y analizar posibles vínculos entre el Poder Ejecutivo y la promoción del token digital. Estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia, específicamente en la Unidad Gabinete de Asesores, y recopiló datos de varios organismos públicos como la UIF, CNV, Banco Central, y la Secretaría General de Presidencia, entre otros.
¿Cuál fue el resultado de la investigación de la UTI?
Según el decreto 332/2025, firmado por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, la UTI cumplió con su tarea y presentó un informe al Ministerio Público Fiscal. El Gobierno decidió disolver la unidad porque “ya dio cumplimiento a la labor encomendada”. Sin embargo, fuentes oficiales no revelaron el contenido del informe aduciendo que la información es “secreta”.
¿Qué funciones tenía la UTI?
Entre otras, debía requerir información a organismos públicos nacionales y provinciales, gestionar pedidos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, convocar a funcionarios o expertos para facilitar la investigación, integrar datos para remitirlos a la justicia, y denunciar cualquier intento de ocultamiento o destrucción de pruebas relacionadas con $LIBRA.
¿Qué provocó el escándalo de $LIBRA?
El 14 de febrero, luego del tuit de Milei promocionando la criptomoneda, el precio de $LIBRA subió abruptamente y se desplomó minutos después. Esto generó pérdidas millonarias a los inversores, quienes denunciaron presuntas estafas, ya que pocas billeteras virtuales controlaban la mayoría de los activos y retiraron fondos, causando la caída del token.
¿Qué vínculos existen entre el presidente y la empresa detrás de $LIBRA?
El Gobierno reconoció que días antes del lanzamiento, Milei mantuvo reuniones con representantes de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto, para conocer la iniciativa “Viva la Libertad Project”, destinada a financiar emprendimientos con tecnología blockchain. También recibió a Hayden Mark Davis, quien proveería la infraestructura tecnológica para $LIBRA.
¿Qué sucede con la investigación judicial?
La jueza federal María Servini de Cubría ordenó el congelamiento de bienes y activos de los principales implicados, y abrió una investigación reservada sobre el patrimonio de Javier y Karina Milei. El fiscal solicitó apoyo para analizar la evolución patrimonial desde 2023. Además, se judicializó una denuncia contra Karina Milei por supuesta recaudación de coimas para garantizar entrevistas con su hermano, bajo la figura de “la valijera” del gobierno.
¿Cómo está el frente legislativo?
El Congreso creó una comisión investigadora integrada por 28 diputados para esclarecer el caso, pero su activación quedó estancada por una maniobra política que igualó las fuerzas en la presidencia del cuerpo. La oposición buscará este miércoles habilitar la comisión y designar autoridades, en el marco de una sesión convocada para tratar temas previsionales. Los ministros de Economía y Justicia fueron citados al Congreso pero no asistieron, y ahora se evalúa convocarlos a la comisión.
¿Qué críticas recibió el Gobierno?
Desde la oposición, varios diputados denunciaron falta de transparencia y acusaron al Ejecutivo de buscar encubrir su posible complicidad. Julia Strada (Unión por la Patria) dijo que la UTI fue “una pantalla” y nunca entregaron resultados al Congreso. Esteban Paulón (Socialista) ironizó sobre el silencio oficial, y Nicolás del Caño (izquierda) aseguró que nunca quisieron investigar “porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó como “urgente” reactivar la comisión investigadora.
Cómo sigue
Este miércoles la oposición intentará avanzar con la designación de autoridades en la comisión investigadora del Congreso para destrabar el bloqueo político que impide su funcionamiento. La fiscalía sigue adelante con la investigación judicial, con medidas de congelamiento de bienes y análisis patrimoniales en curso, y es probable que solicite más información a partir del informe entregado por la UTI. En tanto, el Gobierno procura que la pesquisa se concentre en el ámbito judicial y evitar una profundización del debate en el Congreso, mientras persisten las críticas sobre la transparencia del proceso.
