Divide y reinarás es una vieja estratagema que usaron, incluso, antes de Nicolás Maquiavelo. El poder siempre busca dividir al enemigo. En el caso de los libertarios es un método que los ayudó a cooptar al PRO. Cuando Alejandro Álvarez notó que de los 65 rectores nacionales había 65 enfrentados al Gobierno, es decir todos, pidió permiso a Karina Milei y se puso a encarar una tarea más propia de su padre, el "Gallego" Álvarez, un peronista de derecha fanática, fundador de la mítica Guardia de Hierro.
Es notable cuanto aprendió el hijo de su padre. La vieja agrupación peronista siguió respaldando a Isabel Martínez de Perón cuando ella misma quería dejar la Rosada. El "Gallego" quería ser fiel al legado de Perón aunque fuera derrotado por el resto del peronismo, muchos de los cuales se pusieron a negociar con los dictadores antes que defender a la viuda. Lo dejaron solo.
"Vamos bien, cada día tenemos más rectores de nuestro lado", dijeron en Rosada. El Subsecretario de Políticas Universitarias, con permiso de la hermana del Presidente —como ya se dijo—, tomó el asunto entre sus manos, luego de que otros funcionarios del Gobierno empezaran a preocuparse de que la Corte Suprema difícilmente se involucraría a favor de LLA ante la demanda realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que ganó en primera y segunda instancia para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
"La Corte, cuando se pronuncie, lo hará sin pronunciarse en el fondo. Y si nosotros logramos aunque sea demostrarle nuestra vocación de diálogo se demorará, así que tenemos que dar con un camino más inteligente", dicen que dijo Álvarez. Sucede que el Máximo Tribunal siempre evitará pronunciarse sobre decisiones tomadas por otro poder, en este caso, el Congreso de la Nación. Pero si no hay vocación de diálogo, se supone, no tendrá más remedio que hacerlo.
Primero aseguraron la candidatura a juez de un hijo de Horacio Rosatti, pero para hacer creíble ese diálogo, el Gobierno necesita tener aliados dentro de los 65 rectores nacionales, prácticamente desconocidos en la Rosada, que es donde se toman las decisiones, ya que no hay Ministerio de Educación y la Secretaría que lo reemplaza tiene un funcionario que no se ocupa de temas "gremiales".
El presupuesto y la nueva ley de financiamiento
Lo que se busca es resolver algo del presupuesto de los hospitales universitarios, en paralelo a presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento, más acotado que el aprobado por el Congreso. Ya había presentado uno el Gobierno, escrito en el despacho de Santiago Caputo. Pero "Lule" Menem lo rechazó convenciendo a Karina de que la Justicia los apoyaría, lo que no se comprobó en los hechos. Ahora se trata de hacer otro proyecto y, aunque no se diga, no tendrá los votos necesarios. El Gobierno lo sabe, pero así desgasta a los rectores, los pone a pelearse entre ellos y, mientras tanto, va pasando el tiempo.
No es algo que necesite mucha ciencia. Casi que es una máxima del manual libertario. Que el presupuesto educativo haya tenido un 32,5% de reducción entre 2023 y 2025, y una proyección de reducción para el 2026 de 41,6% según un informe de CEPA, no es problema de ellos, sino de las universidades y sus rectores.
Mucho menos lo es que los docentes con dedicación exclusiva ganen $1.582.283, apenas $150.000 por encima de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes.
Por decir algo, cuando se les pregunta con insistencia, en la Subsecretaría refieren un acuerdo para recuperar los ingresos de 2025 con un 12% que se cobraría en tres pagos a lo largo del año. Es parte de lo que ya se había acordado con el proyecto que desestimó Lule y está en Diputados. A esta altura, la mayoría de los rectores anticipan que ya no lo aceptarán ni siquiera en forma "transitoria", entre otras cosas, porque está desactualizado.
Divide y reinarás
En Rosada, sin embargo, aseguran que ya hay rectores que lo aceptaron.
Según datos verificados por Chequeado, el gasto universitario es el más bajo en 21 años y el presupuesto universitario por estudiante es el más bajo desde que se tiene registro. Así lo explica a El Observador el dirigente radical Emilio Cornaglia: "El presupuesto real de las universidades nacionales se derrumbó a su mínimo histórico con un gasto por estudiante sin precedentes". Y agrega que "no hay fondos para obras de infraestructura en las universidades públicas, los edificios se deterioran, los laboratorios no se renuevan y las aulas no se amplían", a lo que hay que sumar que "los comedores universitarios, las residencias, el Programa Progresar y los programas de extensión territorial enfrentan severas restricciones presupuestarias que amenazan su continuidad".
