Detenida en México 2023 y extraditada a EE.UU., Ofelia Hernández Salas fue sentenciada por liderar un "prolífica" organización que operó en la zona fronteriza durante años.
Tráfico de personas, secuestro, extorsión, robo, vínculos con carteles.
Todo eso y más incluía, según las autoridades estadounidenses, el portafolio criminal de la organización mexicana Hernández Salas.
Su líder, Ofelia Hernández Salas, más conocida como "Doña Lupe" o "La Güera", fue condenada este miércoles a 11 años de prisión por un tribunal federal de distrito en Arizona por su rol en la "prolífica" red que operó durante años en la frontera entre México y Estados Unidos.
La mujer de 64 años fue arrestada en Mexicali, la ciudad del estado fronterizo de Baja California desde la que operaba, en marzo de 2023, y extraditada a EE.UU., donde se declaró culpable de los cargos que se le imputaban al año siguiente.
"El tráfico trasnacional de personas representa una amenaza directa a nuestra seguridad nacional", declaró el vicefiscal general A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU., en un comunicado al conocerse la sentencia.
"Los cruces ilegales de fronteras ya son increíblemente peligrosos; la acusada solo aumentó el potencial de peligro mortal que enfrentaban al añadir el robo a sus actos criminales", zanjó.
¿Pero qué se sabe de Hernández Salas? ¿Cómo operaba realmente la banda que llevaba sus apellidos? ¿Y cuán relevante era en el contexto más amplio del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos?
"Aunque la condena responde a delitos imputados más recientemente, de acuerdo a testimonios de quienes la conocieron, llevaba más de 25 años trabajando" en el tráfico de migrantes, le dice a BBC Mundo el analista mexicano experto en seguridad David Saucedo.
El inicio de su actividad criminal, sin embargo, se remonta más atrás aún.
Originaria del estado de Guerrero, Hernández Salas habría comenzado su carrera delictiva en los 90 con la falsificación de identidad, según las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
En marzo de 2008 fue detenida en el condado de Orange, en California, por haber reingresado al país sin permiso, y en 2011 un juez la condenó a 18 meses de prisión y tres años de libertad supervisada hasta que fue liberada y deportada a México en octubre de 2012.
Su historial también incluye arrestos en territorio mexicano anteriores al que llevó a su condena actual.
En 2019, agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California la detuvieron en un domicilio ubicado en la colonia Fronteriza de Mexicali, donde hallaron bajo su resguardo a cuatro personas originarias de India.
Según informaron en su momento las autoridades estatales, un individuo natural del estado de Guanajuato que también fue arrestado en el lugar declaró que llevaba ocho meses en la ciudad con la intención de cruzar a EE.UU., pero que "Doña Lupe" le ofreció pagarle por trasladar a los extranjeros a un punto desde donde tratarían de ingresar al país vecino.
Un gran jurado federal de Arizona presentó cargos contra la mujer en 2021, con base en los casos de 15 migrantes que declararon haber contratado sus servicios entre mayo de 2020 y junio de 2021.
A raíz de eso, fue definitivamente arrestada en marzo de 2023 en una casa de la colonia Zacatecas de Mexicali, tras un operativo desplegado por fuerzas de seguridad estatales de Baja California y la Fiscalía General de la República (FGR) y coordinado con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Junto con ella también quedó bajo custodia Raúl Saucedo Huipio, considerado su principal cómplice.
En junio de ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a "Doña Lupe", al considerarla líder de una organización criminal trasnacional, así como a varios "miembros y entidades de su red de soporte".
"Las autoridades estadounidenses y mexicanas estiman que las víctimas pagan entre US$10.000 y US$70.000 por los servicios de tráfico de personas. Hernández Salas y los miembros de su organización utilizan facilitadores en otras regiones para trasladar a los migrantes a la frontera de EE.UU", rezaba el comunicado publicado entonces por el Departamento del Tesoro.
La red “está involucrada en la falsificación de documentos y la corrupción en México para contrabandear inmigrantes indocumentados a EE.UU. a través de la frontera sur, y tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa", agregaba.
La OFAC también incluyó en su lista negra a Jesús Gerardo Chávez Tamayo, originario de Sinaloa, por "facilitar el cruce y recibir pagos por servicios de tráfico de personas", así como a Fátima del Rocío Maldonado López, de Chiapas, a quien señalaba de encargarse de alterar la documentación de los migrantes.
Sancionados quedaron asimismo Federico Hernández Sánchez, originario de Guanajuato, por “ingresar ilegalmente a indocumentados” a territorio estadounidense y Saucedo Huipio, de Guerrero, por “facilitarles transporte y alojamiento”.
Según el Departamento del Tesoro, la red global con contactos ambos lados de la frontera a la que pertenecían todos ellos ayudó a acceder a territorio estadounidense a personas provenientes de México y Centroamérica, pero también de países tan lejanos como Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia o Egipto.
"Traficar personas y facilitarles documentación fraudulenta socava el sistema de asilo de EE.UU., daña la confianza del público en el proceso de investigación y pone en peligro el acceso a la protección de las personas vulnerables que huyen del conflicto, la hambruna y la persecución", subrayaba el comunicado del Departamento del Tesoro.
Tras su arresto, en septiembre de 2023 "Doña Lupe" fue extraditada a EE.UU., donde al año siguiente se declaró culpable de los cargos de conspiración para traer extranjeros a EE.UU. y de tráfico de personas para ganancia financiera personal.
Según el comunicado sobre su declaración de culpabilidad, su red adoptó como modus operandi el recoger a migrantes en una estación de autobuses de Mexicali, para posteriormente trasladarlos a casas de seguridad, en las que los escondían hasta que consideraban que era buen momento para cruzar la frontera.
En relación con eso, el Departamento del Tesoro también sancionó a dos hoteles "por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios" a la red.
Llegado el día, los traficantes colocaban escaleras para que los migrantes atravesaran el cerco y les colocaban un tablón para que pasaran sobre un canal, según se detalla.
Sin embargo, de acuerdo a la acusación, la organización liderada por "Doña Lupe" no solo se lucraba del cruce de migrantes: también los asaltaba.
"Ofelia Hernández Salas y sus co-conspiradores pusieron en peligro a nuestras comunidades al traer ilegalmente y a gran escala a ciudadanos extranjeros de más de una decena de países", subrayó en esa línea el vicefiscal general Duva en su comunicado este miércoles.
"No solo les quitaron a las autoridades de inmigración la capacidad de verificar adecuadamente a estas personas, sino que ella y sus co-conspiradores robaron a estas personas sus pertenencias personales a punta de arma de fuego o cuchillo", agregó.
"Miembros de la organización Hernández Salas conducían a los migrantes a distintos puntos que colindan con EE.UU., sobre todo con Arizona, pero en el trayecto los retenían, se comunicaban con sus familiares y les pedían un rescate para dejarlos en libertad y que pudieran continuar su trayecto", confirma el investigador Saucedo.
Y en ese sentido -dice el experto-, operaba como tantas otras entidades a lo largo de la zona fronteriza. "La banda llegó a ser importante en su área, pero era un caso muy focalizado", subraya.
El especialista habla de tres tipos de estructuras criminales dedicadas hoy al tráfico de migrantes.
Por un lado están aquellos a los que denomina los "polleros clásicos" o tradicionales, células pequeñas de hasta cinco integrantes que operan en la frontera desde hace décadas, generalmente negocios que pasaron de generación en generación y que se mantienen en la familia.
En el otro extremo se encuentra el crimen organizado, los grandes carteles del narcotráfico que desde principios de los 2000, al ver que había lucro en ello, empezaron a incluir en su portafolio delictivo la migración.
"Poco a poco los carteles han ido absorbiendo y desplazando a los polleros y a las bandas dedicadas a la trata, realizando actividades de mayor impacto, secuestrando migrantes, especialmente a mujeres de cierto rango de edad y complexión para fines de explotación sexual y a jóvenes para reclutamiento forzado", explica.
Y entre ambas estructuras el experto sitúa a organizaciones como la de Hernández Salas, bandas intermedias, con contactos a ambos lados de la frontera, tarifas elevadas y vinculadas al narco.
En el caso de "Dona Lupe", "ella no formaba parte de ningún cartel pero sí tenía contactos con ellos", explica Saucedo, explicando que utilizaba también a los migrantes para pasar droga hacia el norte.
"Pero así como esta, hay unas 30 o 40 bandas de nivel medio que se dedican a esa actividad a lo largo de la zona fronteriza", subraya.
"Son integrantes de las estructuras criminales, pero de nivel medio. No están en primera línea", apunta, tratando de poner en contexto la sentencia contra Hernández Salas.
"¿Cuánto puede impactar el arresto y condena de (la líder) de una banda dedicada a los cruces fronterizos al tráfico de personas? Los migrantes, al no poder contar con ella, van a buscar a otros", concluye.
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FUENTE: BBC
