Un informe reciente de la Alianza Regional por la Libre Expresión y la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) destaca el compromiso de Argentina con la transparencia judicial, posicionándola en el primer lugar de Sudamérica. Este logro se debe en gran medida a la implementación de la Ley N.º 27.275, que obliga a los organismos judiciales a facilitar el acceso a información clave, como licitaciones, concursos y resoluciones. De esta manera, los ciudadanos pueden conocer cómo se gestionan los recursos del sistema judicial, lo que refuerza la confianza pública.
México, con su Decreto sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también se destacó en este aspecto, con un puntaje que refleja un compromiso similar hacia la apertura de datos judiciales.
El índice de transparencia judicial
El índice se construyó a partir de una metodología rigurosa que incluye 88 indicadores para evaluar tanto las normativas vigentes como las prácticas reales en los sistemas judiciales. En este sentido, Argentina sobresale por su cumplimiento normativo y la implementación de herramientas que facilitan el acceso de la ciudadanía a la información judicial, lo que fortalece la confianza pública en el sistema.
Este reconocimiento se debe, en gran parte, a la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública, que obliga a los organismos judiciales a publicar datos sobre su funcionamiento, como licitaciones, concursos y resoluciones, permitiendo a la población conocer cómo se gestionan los recursos del sistema.
Desempeño en transparencia judicial, normas y acciones concretas
Desarrollando punto por punto, en Indicadores Normativos, el país sobresale con un puntaje de 41.5 puntos en Transparencia Activa, lo que subraya la efectividad de las políticas de acceso a la información judicial implementadas por la Ley N.º 27.275. En cuanto a Transparencia Pasiva y el Funcionamiento del Órgano Garante, aunque los puntajes (25 y 23.5 puntos respectivamente) son altos, se observa que hay espacio para mejorar la operatividad y el acceso a la información pasiva, lo cual podría fortalecer aún más la confianza pública.
El informe pone en evidencia las áreas con potencial para seguir mejorando, especialmente en lo que respecta a la transparencia en la práctica y el funcionamiento de los órganos encargados de garantizarla.
Argentina demostró un alto nivel de cumplimiento de las políticas de transparencia judicial, no solo a través de la legislación, sino también mediante su aplicación efectiva. Según Daniela Urribarri, directora ejecutiva de la Alianza Regional, la transparencia judicial es crucial para fortalecer la democracia. "La falta de transparencia afecta la capacidad del público para comprender las decisiones judiciales y participar activamente en los procesos democráticos", explicó Urribarri en una entrevista con Auditor.info.
Además, desde el Consejo de la Magistratura y la Presidencia, se impulsaron iniciativas como portales de datos abiertos y la publicación de informes sobre el uso de los recursos del sistema judicial. Estas medidas buscan simplificar el acceso a la información y reforzar el vínculo entre la justicia y la ciudadanía.
Las nuevas medidas sobre el acceso a la información
Por su parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) también dio un paso clave en la simplificación del acceso a la información con la creación de un nuevo Sistema para el Seguimiento de Solicitudes de Información. Esta medida, que entrará en vigor en septiembre de 2025, permitirá una gestión más eficiente y transparente de las solicitudes de acceso a la información pública. A través de un sistema único, se incrementará la trazabilidad de cada solicitud, mejorando la fiscalización y fortaleciendo la relación entre los ciudadanos y el Estado. Estas iniciativas complementan el esfuerzo por garantizar la transparencia judicial, buscando no solo el acceso a la información sino también la protección de los datos sensibles de los ciudadanos.
Comparativa regional y proyecciones futuras
En definitiva, el índice revela que Argentina ocupa el primer lugar en Sudamérica, con otros países como Colombia y Perú también destacándose en el ranking. México también resalta con un alto porcentaje. Sin embargo, naciones como Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en los últimos puestos, lo que refleja importantes brechas en cuanto a transparencia judicial.
En definitiva, el índice revela que Argentina ocupa el primer lugar en Sudamérica, con otros países como Colombia y Perú también destacándose en el ranking. México también resalta con un alto porcentaje. Sin embargo, naciones como Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en los últimos puestos, lo que refleja importantes brechas en cuanto a transparencia judicial.
El ranking detalla los puntajes de los países evaluados, destacando a México con 179 puntos sobre 219 y, en Sudamérica, a Argentina con 171 puntos sobre 219, seguida por Perú con 159.5 puntos. Colombia alcanzó los 155 puntos, mientras que Ecuador registró 143.5 puntos. En el rango intermedio se encuentran Paraguay con 126.5 puntos, Uruguay con 104.5, y Brasil con 113.5 puntos. Estos resultados evidencian las diferencias significativas en la implementación y cumplimiento de políticas de transparencia judicial en la región.
El informe está disponible en línea y, con el objetivo de ampliar el alcance, los responsables del índice planean incluir a España, Portugal, República Dominicana y Puerto Rico en una segunda fase del monitoreo, lo que ampliará la visibilidad y comparación de las prácticas de transparencia judicial a nivel global.
El índice fue desarrollado con el apoyo técnico del Grupo de Trabajo de Transparencia Judicial y se nutre de información recabada por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. La plataforma está diseñada para desarrollarse de manera constante, con cortes intertemporales, permitiendo a los usuarios observar cómo evoluciona la transparencia judicial en cada país.
